Las privadas se rebelan contra las tasas

Las televisiones privadas están obligadas por ley a destinar una parte de sus ingresos a la producción cinematográfica y a la financiación de RTVE. Y además tienen que hacer frente al pago de derechos de propiedad intelectual a las variadas entidades de gestión que representan los intereses de autores, intérpretes o ejecutantes. En total, la factura actual asciende a unos 350 millones de euros al año (un 13,3% de sus ingresos), según un estudio encargado por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) a la consultora Arthur D. Little.

La entidad que agrupa a los canales comerciales se queja de que las obligaciones son cada vez “más exigentes y discriminatorias”. Desde que el Gobierno de José María Aznar impuso en 1999 una tasa (el 5% de los ingresos anuales) para la producción de cine español y europeo, el estudio calcula que las televisiones han contribuido con alrededor de 1.800 millones de euros. De esta participación han nacido títulos taquilleros como Alatriste, No habrá paz para los malvados o El orfanato. En 2010, por ejemplo, las privadas aportaron al cine 117 millones, un tercio de los 345,7 que la industria del séptimo arte recibió ese año de las arcas públicas, incluidas las subvenciones y la aportación de TVE (6% de sus ingresos).

Para financiar RTVE, las privadas están obligadas desde 2009 a destinar el 0,9% de sus ingresos. Esta tasa se creó, con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, para compensar a la televisión pública por la retirada de la publicidad y desde entonces han desembolsado unos 180 millones. En 2012, las privadas que emiten en abierto ingresaron en la cuenta de RTVE 44,7 millones y las de pago abonaron 16,8, según los datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Además, los operadores comerciales pagaron a las entidades de gestión de derechos 190 millones. Uteca pone de relieve varias situaciones paradójicas. La primera, que las televisiones deben pagar a las entidades de gestión de derechos por emitir sus propias producciones. La segunda, que los autores y artistas norteamericanos recaudan derechos de sus fonogramas en España y no en su propio país.