Cultura se compromete a pagar las deudas contraídas con las películas
Lasalle acepta la petición de abonar la deuda con los productores de los filmes estrenados en 2011, pero no aclara cómo
La Secretaría de Estado de Cultura se ha comprometido a pagar las deudas contraídas con el cine español, no solo con las películas estrenadas en 2011, sino con todas aquellas en fase de rodaje o posproducción, según una nota hecha pública, tras la reunión mantenida con una representación de los productores y adelantada por este diario. En el encuentro se acordó también modificar el actual modelo de financiación del sector. Para ello se constituirá una comisión mixta de trabajo con el objetivo de elaborar este nuevo modelo “sensato y viable para el sector cinematográfico, con vocación de perdurar en el tiempo”.
Será el 31 de mayo de 2013 cuando esta comisión, presidida por el secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, y en la que participarán otros departamentos ministeriales con competencias en la industria audiovisual y responsables de los distintos sectores cinematográficos presente el proyecto definitivo que será enviado para su tramitación parlamentaria al Congreso de los Diputados. La vocación de la nueva ley, que Cultura se ha comprometido a consensuar con los principales partidos políticos, es que entre en vigor el 1 de enero de 2014. Hasta esa fecha, el Gobierno respetará todos los compromisos contraídos según la ley vigente de 2007.
Aunque en la nota, hecha conjuntamente por la FAPAE (Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España) y Cultura, no se aclaraba cómo se van a pagar las deudas con los títulos estrenados en 2011, una de las soluciones estudiadas fue la de incrementar el Fondo de Protección a la Cinematografía en los presupuestos de 2013, algo que tiene que contar con el beneplácito de Hacienda. Los productores afectados habían puesto el grito en el cielo ante la posibilidad de impago, ya que la dotación prevista para el fondo en 2013 es de 39,28 millones, claramente insuficiente para los 56 millones que, según el propio ministerio, se deben a las empresas productoras. Estas ayudas a la amortización se pagan dos años después del estreno de los filmes.
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