La prohibición de los toros en Cataluña pasa el filtro del Consejo de Garantías

La prohibición de los toros en Cataluña es plenamente constitucional. Así lo ha dictaminado el Consejo de Garantías Estatutarias, el ente catalán que se encarga de estudiar -su dictamen no es vinculante- si las normas que van al Parlament se adaptan a la Constitución y al Estatut. Los juristas que conforman el Consejo, por mayoría abrumadora, han avalado el texto que irá a votación en el pleno Parlament el próximo 28 de julio. Los diputados votarán una modificación de la Ley de Protección de los Animales en la que se incluyen las corridas como espectáculo prohibido en Cataluña.

El PP catalán interpuso un recurso en el que aducía que las competencias sobre espectáculos son estatales y que la prohibición de los toros atentaba contra el derecho a la cultura. Los juristas, por amplia mayoría, no le han dado la razón. Solo uno de los nueve integrantes del Consejo, Julio Añoveros -propuesto en el cargo por el PP-, ha emitido un voto particular. Añoveros considera que la fiesta se puede acometer desde diferentes prismas, ya que lo considera un "fenómeno histórico, cultural, social, económico y empresarial". Por tanto, concluye el jurista, la prohibición invade varias competencias del Estado y es inconstitucional.

Una vez emitido el dictamen, el Parlamento ya puede aprobar la ley. La votación está fijada para el 28 de julio, y su resultado, de momento, es una incógnita. El partido con más diputados en el Parlament, CiU, ha dado libertad de voto a sus 48 representantes, tal como hizo cuando se admitió a trámite la prohibición. La votación se decantará para el bando de los taurinos si 14 diputados de CiU votan en contra la supresión.

Si finalmente la prohibición acaba prosperando, el fin efectivo de las corridas será en un año y medio, según una moratoria prevista en la propia ley. Sin embargo, los protaurinos no se quedarán de brazos cruzados, y se plantean llevar la prohibición al Tribunal Constitucional. Los magistrados deberán dictaminar si la supresión de los toros pasa el filtro de la Constitución.