Vuelta al pasado en la gestión del lobo

El debate sobre el lobo en el Congreso el pasado 20 de marzo había alcanzado el culmen del dramatismo. Casi a gritos, la portavoz del PP, Milagros Marcos, describía el ambiente apocalíptico que sobrecoge al mundo rural tras la protección de la especie hace cuatro años: miedo en las “familias humildes que no se atreven a ir al centro de salud o a la iglesia”, terror a “mandar a los niños a colegio”. Marcos es diputada por Palencia, y sus quejas parecían reflejar la explosión demográfica de los lobos en la provincia desde que no se les caza. Sin embargo, los datos oficiales de la propia Junta de Castilla y León muestran lo contrario. En la última década, los lobos en Palencia no solo no han aumentado: han disminuido. ¿A qué viene entonces tanto alboroto?

La historia comienza en febrero de 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) propone a las comunidades autónomas la protección del lobo al norte del Duero. La propuesta fue aprobada por los pelos, pero las comunidades del noroeste, que albergan casi todos los lobos españoles, se oponen frontalmente argumentando que el Ministerio ha usurpado sus competencias. La protección del lobo desató la enésima guerra de nuestro crispado escenario político, esta vez liderada por la Junta de Castilla y León.

Para ayudar a indemnizar los daños y fomentar las medidas de protección del ganado, el Gobierno transfiere a las comunidades con lobos 20 millones de euros al año (la mitad va a parar a Castilla y León). Así alivia la vertiente económica del conflicto, pero este tiene un elemento identitario muy difícil de desactivar. La protección del lobo desata profundos sentimientos de frustración entre los vecinos de los pueblos. Muchos lo consideran como un peaje que la ideología woke de los arrogantes señoritos urbanos pretende imponer a las sociedades rurales.

Y ahí se ha cebado la propaganda de las comunidades autónomas enfrentadas al Miteco. Con una mezcla de medias verdades, exageraciones y mentiras descaradas, han alimentado durante estos años el resentimiento congénito del mundo rural persuadiéndoles de que la “proliferación exponencial” de lobos estaba convirtiendo sus vidas en un infierno. La versión más delirante de este discurso lo interpretó la diputada popular por Palencia, presentándose como la defensora de las humildes familias rurales acosadas por la alimaña.

No explicó la señora Marcos por qué cuando era consejera de Agricultura y Ganadería (2015-2019), la Junta rechazó sistemáticamente las demandas de los ganaderos que viven al norte del Duero en Castilla y León (fuera de las reservas de caza) de ser indemnizados por los daños del lobo, como ocurría en las otras comunidades españolas y en los demás países europeos.

Sin embargo, debemos admitir que los daños causados por los lobos, aunque resultan insignificantes para el sector pecuario en su conjunto, sí pueden poner en dificultados localmente a ciertos ganaderos, muchos de los cuales tienen edad avanzada y pequeños márgenes de beneficios. Las soluciones incluyen indemnizaciones ágiles y medidas de prevención de daños y de mediación social, sin descartar por completo el control del lobo en determinadas circunstancias. Se trata de un problema complejo que exige negociación, sensibilidad y sutileza.

Nada de ello hubo en el discurso de la diputada del PP, que estuvo presidido por la demagogia y el revanchismo. Al emplazarnos a empuñar las armas para permitir que las familias rurales puedan ir a la iglesia sin temor a ser devoradas por los lobos, nos devuelve a la España en blanco y negro del pasado. Eso sí que da miedo.