A la caza de 1.000 ciervas, gamas, corzas y crías en Aragón: de día, de noche y en veda

Desde el 1 de mayo, los cazadores de la reserva de caza de los Montes Universales, administrada por el Gobierno de Aragón (una coalición entre el PP y Vox), pueden abatir hembras de ciervo, gamo, corzo, jabalí y crías del año que se encuentren en las fincas de cultivo, hasta llegar a un total de 1.000 animales. Se les permite hacerlo a cualquier hora del día y la noche, desplazarse en sus vehículos y disparar a pie de ellos, llevar el arma sin enfundar en el coche, pero con la recámara vacía y usar visores térmicos, unas condiciones que no son habituales en el mundo de la caza. Aragón ha puesto en marcha esta medida extraordinaria, que estará vigente hasta el dos de junio, en temporada de veda, en un momento en el que las hembras están pariendo o a punto de hacerlo, lo que ha provocado reacciones en contra. El objetivo es “disminuir los daños agrícolas” que provocan estas especies, sobre todo los ciervos debido a su abundancia, indica el plan en vigor. Se han inscrito 124 cazadores, que han eliminado hasta ahora a unos 600 animales.

Andrés Hernández Barrera, alcalde del municipio de Calomarde, de 70 habitantes, y cazador, está de acuerdo con las medidas de control porque hay que “quitar animales por la sobrepoblación”, pero de otra manera. “¿Qué es eso de enviar dos personas [los cazadores deben ir en parejas] con el rifle, sin la supervisión de los agentes para la protección de la naturaleza?”, se pregunta el regidor del PP.

En la reserva de caza, la mayor de Aragón con alrededor de 50.000 hectáreas, siempre han existido controles poblacionales, pero “con batidas organizadas en invierno de vecinos, durante la temporada de caza, y con vigilancia de los agentes de la reserva, porque se trata de no arrasar”, añade el alcalde. A pesar de las reticencias, es una de las personas que se ha apuntado a las cuadrillas, porque prefiere hacerlo él que conoce el entorno y cómo actuar “a que venga gente de fuera”. Además de este método, se organizan salidas selectivas que llevan a cabo los agentes forestales para eliminar a más ejemplares.

En cada uno de los 13 pueblos de la reserva se han autorizado otros años cuatro batidas, con un máximo de 20 piezas a abatir, lo que da 1.040 animales. A esto hay que sumar el permiso excepcional de este mes de mayo. “Pero, además, con una diferencia fundamental, que las batidas se llevan a cabo en época de caza [de septiembre a febrero] y con la custodia de responsables de la reserva”, añade Jorge Hernández, concejal socialista de Bronchales, otro de los municipios del entorno. Él también está de acuerdo en que es necesario poner coto al aumento de los venados y pagar los daños a los agricultores, pero no con esta “aberración”, porque “están en plena época de cría”.

Diego Puerto, alcalde de Noguera de Albarracín, de 130 habitantes, y agricultor, lo ve desde otra perspectiva. Está completamente a favor: “Es una medida que se debería haber tomado hace tiempo por los daños que causan los ciervos, de mis campos se comen 60 euros diarios”. Este año, el Gobierno regional ha aumentado la ayuda a 175 euros por hectárea dañada, “pero eso no da ni para el gasoil y hay personas que están abandonando”, sostiene el edil del PP. Espera que la orden de caza actual aleje a los ciervos de su cereal, al menos durante un tiempo.

El director general de Caza y Pesca del Gobierno de Aragón, Jorge Valero, de Vox, explica que se tomó esta decisión con el objetivo de involucrar a los cazadores locales, “para que sientan que forman parte de la reserva”. Rechaza las declaraciones del PSOE, que considera que esta caza, sin ningún tipo de control y con medios que no se permiten en temporada de caza (con visores térmicos para la noche, coches, sin pagar y con la posibilidad de vender piezas), fomenta el furtivismo debido a la falta de vigilancia.

“Damos precintos [una pieza que se pone al animal para identificarlo] que se deben colocar a las reses en el lugar donde se abaten, además de que tienen obligación de enviar fotos georreferenciadas con fecha y hora”, enumera. Apunta, además, que el Seprona de la Guardia Civil y los agentes de protección de la naturaleza pueden intervenir para comprobar si se cumple la normativa, aunque no acompañen a los cazadores.

El valor de la carne de venado

Unos requisitos insuficientes para Ricardo Sáez, vecino de Bronchales “de siempre”. No es aficionado a la caza, pero conoce muy bien el ambiente. Es propietario de una empresa que compra la carne de las reses que se abaten. “[De estas] no hemos querido saber nada, porque estamos totalmente en contra de esta política”, precisa. Opina que quien ha decidido dar este paso no conoce de lo que está hablando. “No puedes dejar a unos cazadores por ahí, sin límite de capturas; no todos tienen la misma conciencia”, comenta. Él no está en contra de cazadores ni de agricultores, “a los que hay que pagar los daños, que todos sabemos que existen”.

Pero, añade, “si a los cazadores le das permiso para acabar con ciervos sin límite y encima les dices que la carne es para ellos, alguno se puede sentir impune y abatir lo que no debe”. La orden permite a las cuadrillas vender dos de las piezas que capturan cada día y el resto destinarlo al autoconsumo, sin pagar nada. “Una hembra puede pesar entre 50 y 60 kilos y la carne se vende a una media de 1,80 euros”, indica Sáez. Con este sistema, los ayuntamientos no ingresan dinero, como sí ocurre con los métodos tradicionales de control de población (trofeo, batidas y caza selectiva). Con el sistema de batidas, los ayuntamientos ingresan una cantidad por la carne de los venados capturados que gestiona el Gobierno de Aragón. En este momento están pendientes de recibir 150.000 euros, a repartir entre los pueblos de la reserva, de los últimos cinco años. No es la única fuente de ingresos, el año pasado, se llegó a abonar 6.000 euros por un trofeo de ciervo y 1.500 por uno de corzo (se conoce como trofeo a partes especiales de los animales que pueden llevarse a casa para preservar, como por ejemplo la cornamenta), indica Andrés Hernández, alcalde de Calomarde.

La mirada de Ricardo Almazán es completamente distinta. Regenta La Maleza, un parque en el que acoge a animales que no sobrevivirían en la naturaleza por estar acostumbrados al hombre u otras razones. “Siempre estamos con que hay muchos ciervos, pero yo no he podido encontrar ningún estudio con la carga que puede soportar la sierra de Albarracín”, expone. No está en desacuerdo con quitar algún animal, pero no anteponiendo la economía al medio ambiente. “¿Qué queremos vender, solo la caza?”, se plantea. “Hagamos un aprovechamiento real de la fauna salvaje, de avistamiento, de fotografía y que ese dinero revierta a los agricultores”, propone.

No siempre hubo tanto venado en la zona. En 1962 se reintrodujo la especie con 21 ciervos. Sin enemigos naturales y protegido por el hombre, se multiplicó con rapidez, indica un informe de la reserva del Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín. Además, algunos ejemplares alcanzaron un desarrollo corporal y de trofeo inusual en su lugar de procedencia, llegando a los 200 kilos de peso. El informe destaca que entre 1979 y 1980 “se llevan a cabo severas medidas de control poblacional”, para reducir su número a la mitad y dejar unos 600 ejemplares en aquellos años. Sin embargo, en la actualidad se estima que la cifra de población puede encontrarse en unos 2.500 ejemplares.

Christian Gortázar, investigador del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC-CSIC), plantea que la caza es necesaria, “porque es imposible que los ungulados lleguen a autorregularse cuando les estamos dando de comer [con los cultivos o en cotos privados de caza]. Puedes tener equilibrio en Yellowstone, pero no en estos lugares tan antropizados”. Y en una reserva de caza como la de los Montes Universales, “si la población se ha disparado, se lleva a cabo un control, pero de forma seria, estudiada y bien aprovechada”, sostiene.

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