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España intenta averiguar cuántas botellas de plástico se reciclan para hacer un cambio radical en el sistema

Si los datos muestran que en 2023 no se alcanzó el 70% de la tasa de reciclaje de estos envases, se deberá implantar el modelo de depósito y retorno

Una mujer camina entre la basura, a 9 de julio de 2023, en Pamplona, Navarra (España).
Una mujer camina entre la basura, a 9 de julio de 2023, en Pamplona, Navarra (España).Eduardo Sanz (Europa Press)
Manuel Planelles

¿Cuántas botellas de plástico se reciclan en España? La pregunta es sencilla. La respuesta sigue siendo en mayo de 2024 una incógnita. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica y las comunidades autónomas están en estos momentos recabando los datos de las botellas de un solo uso que se han puesto en el mercado y de las que se han recogido para ser recicladas en los últimos dos años para tratar de obtener un porcentaje. Antes de octubre de este año el ministerio tiene que darle el dato a la Unión Europea. Y dependiendo del resultado el país tendrá que dar o no un giro radical a la forma en la que se recolectan estos envases con la implantación del llamado sistema de depósito, devolución y retorno.

Este sistema, conocido por las siglas SDDR y que ya funciona en muchos países europeos desde hace años, se basa en que el consumidor deja en depósito unos céntimos cuando compra, por ejemplo, una botella de refresco y ese dinero lo recupera cuando devuelve al comercio el envase vacío. En España, sin embargo, el modelo se basa en el contenedor amarillo, donde se tiran sin distinción diferentes tipos de envases, lo que dificulta, por ejemplo, saber el número de botellas que efectivamente se reciclan al año.

España no solo debe saber el número de botellas recicladas porque se lo exija Europa —una obligación que no existía hasta ahora—, también porque la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, de abril de 2022, establece objetivos concretos de recogida separada para estos residuos. En 2023, el 70% de las botellas deberían haberse recogido de forma separada para su reciclaje (tomando como referencia el peso de los envases puestos en el mercado). Si no se llega a esa tasa, la ley establece que “se implantará en todo el territorio en el plazo de dos años un sistema de depósito, devolución y retorno para estos envases que garantice el cumplimiento de los objetivos en 2025 y 2029″, que son del 77% y del 90% respectivamente.

Fuentes del ministerio han señalado este martes en un encuentro con varios medios de comunicación que se encuentran en este momento en pleno proceso de recolección de los datos de 2023 y de verificación. Ya se han recabado también los de 2022, señalan las mismas fuentes, pero se están chequeando para evitar errores. “Queremos tenerlos atados y bien atados”, explican. Porque unas cuantas toneladas arriba o abajo podrían suponer un cambio importante en el sistema de recogida, algo contra lo que Ecoembes —la entidad con la que los productores de diferentes alimentos, envases y distribuidores gestionan el tratamiento de esos desechos a través de los contenedores amarillos— lleva luchando desde hace años en España. Desde hace décadas, las leyes nacionales y europeas establecen que son las empresas las que se deben encargar del reciclaje de los envases; y cuando el consumidor los adquiere se supone que ya está pagando para que hagan frente a su correcta gestión. Son los llamados sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Lo que se debate desde hace años es si ante la cada vez mayor crisis por contaminación por plástico y para determinados casos, como las botellas de un solo uso, se deben implantar los sistemas de deposito y retorno.

La clave para hacerlo o no está en el porcentaje de botellas recicladas en 2023. Fuentes del ministerio han reconocido este martes que quieren ser muy finos en este cálculo. Porque el cambio de sistema, que reclaman un buen número de organizaciones ecologistas en España, supondría “inversiones económicas”. “Hay que estar muy seguros de que es necesario implantar ese sistema”, recalca Transición Ecológica.

Estas fuentes admiten que los sistemas de depósito y retorno también han sido uno de los puntos más conflictivos del nuevo reglamento europeo de envases, que se espera que entre en vigor de forma definitiva a finales de este año. Ese reglamento establece la obligación de que a finales de esta década el 90% de las botellas y latas de bebidas de un solo uso se reciclen. Para ello se apuesta por la implantación en toda la UE de los SDDR. Aunque se deja abierta otra vez una puerta de atrás a no hacerlo: si en 2026 se logra llegar a una tasa de reciclaje de estos dos tipos de envases del 80% y hay información fiable que lleve a que pronosticar que en 2029 se llegará al 90%.

Este ha sido uno de los elementos de flexibilidad incluidos en el reglamento de envases, en cuya negociación España tuvo un papel destacado mientras ostentó la presidencia del Consejo Europeo en el segundo semestre del pasado año. El texto ya ha recibido el visto bueno de las instituciones europeas, aunque todavía se está revisando técnicamente y se deben cumplir una serie de pasos que harán que no esté publicado hasta finales de año. Al tratarse de un reglamento y no de una directiva no requiere de transposición; es decir, será de obligado cumplimiento en cuanto se publique en el boletín oficial de la UE.

Solo envases reciclables

El futuro reglamento europeo establece que en 2030 no se podrá introducir en el mercado europeo ningún envase que no sea reciclable. Además, se incluyen objetivos de reducción de envases en general: un 5% para 2030, un 10% en 2035 y un 15% en 2040.

Algunos tipos de envases de plástico de un solo uso quedarán prohibidos también a partir del 1 de enero de 2030. Entre ellos están los de frutas y verduras frescas sin procesar, los de alimentos y bebidas que se sirven y consumen en cafeterías y restaurantes, los de porciones individuales (usadas, por ejemplo, para condimentos, salsas, crema, azúcar), los envases pequeños de productos de higiene personal y las bolsas de plástico muy ligeras (de menos de 15 micras). Y se establece a partir de 2025 de un límite para el uso de bolsas de plástico ligero en cada país: el equivalente a 40 bolsas anuales por habitante. Además, el texto incluye la prohibición del uso de las llamadas sustancias químicas eternas (compuestos perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas por las siglas PFAS) por encima de ciertos umbrales en los envases en contacto con alimentos.

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Sobre la firma

Manuel Planelles
Periodista especializado en información sobre cambio climático, medio ambiente y energía. Ha cubierto las negociaciones climáticas más importantes de los últimos años. Antes trabajó en la redacción de Andalucía de EL PAÍS y ejerció como corresponsal en Córdoba. Ha colaborado en otros medios como la Cadena Ser y 20 minutos.
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