Un país adicto al vertedero: seis gráficos para comprender el suspenso de España en reciclaje

España genera anualmente unos 22 millones de toneladas de residuos municipales. O, dicho de otra forma, cada ciudadano produce al año 455 kilogramos de estos desechos (más de 1,2 kilos de basura al día). Aunque el país está algo por debajo de la media europea (521 kilos por habitante) en cuanto a generación de residuos urbanos, cuando se habla de reciclaje existe un grave problema. Porque está en el furgón de cola de la UE. En 2020, la tasa de reutilización y reciclaje de las basuras urbanas fue en España del 36,4%, frente al 49% de la media europea.

Además, España incumplió por mucho el objetivo de reciclaje que tenían fijado los Veintisiete para 2020: llegar a una tasa del 50%. Los datos que maneja la Comisión Europea apuntan a que ocurrirá lo mismo con la meta establecida para 2025, que consiste en subir la tasa de reciclaje hasta el 55%. Así lo expone el informe de “alerta temprana” que acaba de publicar la Comisión Europea y en el que se señala a los países que están en riesgo de incumplir. Bruselas, con este documento, busca “detectar las deficiencias y permitir la adopción de medidas antes de que venzan los plazos”. En el caso español, apunta como uno de los principales problemas la “dependencia significativa del vertido de residuos”, que está “muy por encima de la media de la UE”.

Este análisis europeo identifica también los países que no están encaminados a cumplir con otro objetivo, el de reciclado de envases, que está fijado en el 65% para 2025. Esa tasa estaba ya en 2020 en España en el 68,3%. Por ello, Bruselas estima que en términos generales España sí cumplirá en este caso. Solo nueve países europeos están encaminados en estos momentos a cumplir el objetivo general de reciclaje de basuras municipales y el de reciclaje de envases. Son Austria, Bélgica, Chequia, Dinamarca, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovenia.

Vertederos

Tras los problemas que tiene España para cumplir con la meta europea de gestión de residuos urbanos está en gran medida la dependencia de los vertederos: cuantos más desechos acaben en los basureros, menos se reciclan. Más de la mitad de las basuras urbanas que se generan en España (el 52% en 2020) simplemente son enterradas. Y, desde 2016, apenas ha variado ese porcentaje, ya que solo se ha reducido dos puntos porcentuales. El país está muy lejos de la media europea, que está en el 23%. También se encuentra a una muy considerable distancia del objetivo que se ha fijado para los miembros de la UE en 2035: que menos del 10% de los residuos acaben en los vertederos.

Por ello, el informe de la Comisión Europea sitúa a España entre los 13 países de la UE en riesgo de no cumplir con ese objetivo del 10%. En ese grupo también están Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal y Rumania.

La Comisión Europea recomienda a España la “plena aplicación de las restricciones al depósito en vertederos de todos los residuos que sean aptos para el reciclado”. Hace un año, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) elaboró otro análisis de la gestión de los residuos municipales que se hacía en España. Se apuntaba en la misma dirección al indicar que “las prohibiciones e impuestos sobre el vertido de residuos municipales pueden ayudar” a desincentivar la “fuerte dependencia” de este tipo de tratamiento de las basuras y, por tanto, “apoyar el reciclaje”. La AEMA recordaba que “la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados introduce un impuesto nacional sobre vertederos, en sustitución de los impuestos establecidos por algunas de las autoridades regionales”. Esa nueva figura impositiva, que no entró en vigor hasta el pasado 1 de enero, establece una base mínima común para todo el país y luego cada comunidad autónoma puede elevarla si lo estima oportuno.

Residuos urbanos

“Aumentar la preparación para la reutilización y el reciclado y reducir el vertido de residuos son medidas fundamentales para lograr la neutralidad climática, aumentar la seguridad del suministro de materias primas, el ahorro de energía y la reducción de la dependencia de la UE de las importaciones procedentes de terceros países”, explica la Comisión en su informe. Sin embargo, 18 de los 27 miembros de la UE —entre los que está España— están en riesgo de incumplir el objetivo global de reciclaje fijado para 2025, llegar a esa tasa del 55%. Y 19 de los 27 no han cumplido con el objetivo de 2020, alcanzar el 50% de tasa de reciclaje.

La Comisión Europea sostiene que la “mayoría de los Estados miembros han llevado a cabo o están en proceso de poner en marcha reformas en materia de residuos que darán lugar a un enfoque más circular y a un aumento de las tasas de preparación para la reutilización y reciclado hasta 2025 y en años posteriores”. Pero admite que “en algunos casos los retrasos en su aplicación están afectando negativamente a los resultados”. “Es posible que las dificultades derivadas de la pandemia de covid-19 y la crisis energética exijan la adopción de medidas específicas para evitar retrasos en la ejecución de las reformas nacionales en materia de residuos”, añade Bruselas.

En el caso de España los problemas vienen de mucho más atrás de la covid. Porque, al tomar los datos de los últimos años, no se aprecia una clara evolución en la tasa de reciclaje de los residuos urbanos. “La tasa de reciclaje solo ha mejorado ligeramente en los últimos cinco años, por lo que el ritmo de mejora debe acelerarse considerablemente”, apuntaba el pasado año la AEMA.

Veintiséis organizaciones ecologistas y sociales denunciaron en marzo al Gobierno de España ante la Comisión Europea por el incumplimiento del objetivo de reciclaje de 2020. La ley de residuos que se aprobó en la primavera de 2022 buscaba cambiar el rumbo de la gestión de los recursos. Incluía algunas figuras impositivas —como esa tasa para las basuras que acaban en los vertederos que había solicitado años antes la Comisión— y otras medidas como la recogida separada de la basura orgánica. A partir de julio de este año, todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deberán contar con sistemas de recogida separada de estos desechos orgánicos, además de las de papel, metales, plástico y vidrio (las localidades más pequeñas tendrán de margen hasta 2024). Además, todos los municipios deberán tener recogida separada también de residuos textiles y de aceites de cocina antes del 31 de diciembre de 2024.

Pero tanto la Comisión como la AEMA aprecian un déficit en el tratamiento de los residuos orgánicos, aunque exista recogida separada. Por eso, Bruselas pide en su informe de alerta temprana que España siga “desarrollando la infraestructura de tratamiento de residuos” para que cuente con “una capacidad de tratamiento suficiente de los biorresiduos que se recogen por separado”.

Envases

Si se toma solo el dato de reciclaje de los desechos urbanos de envases, España está en mejor situación. Según los datos recabados por la Comisión, la tasa de reciclaje en este caso era del 68,3% en 2020, con lo que España era el octavo miembro de la UE en mejor situación. Además, el país se encontraba ya por encima del objetivo fijado para 2025, que consiste en lograr al menos una tasa del 65%.

Sin embargo, en su informe monográfico sobre España de junio de 2022, la AEMA ponía algunas pegas. Por ejemplo, advertía de que se apreciaba una tendencia negativa “con respecto a la tasa de reciclaje de envases de papel y cartón”, que habían disminuido en “cuatro puntos porcentuales en los últimos cinco años”. Se destacaba también que “es posible que exista cierto grado de subnotificación de los residuos de envases generados” que declaran los propios productores, lo que puede conducir a engordar los datos de reciclado.

Además de un objetivo general, las directivas europeas establecen metas en función del material de los embalajes. En 2025, se deberá llegar al 75% en el papel y cartón, el 70% en el vidrio, el 50% para el aluminio, el 50% para el plástico y el 25% para la madera. Solo seis países están bien encaminados para cumplir en todos los casos: Alemania, Bélgica, Eslovenia, Estonia, Países Bajos y Suecia. En el caso de España, la Comisión considera que el país puede incumplir las metas de 2025 en los envases de papel y cartón, aluminio y plástico.

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