El PP de Murcia se abre a modificar la ley de protección del mar Menor

Desde que Vox anunció su intención de modificar la ley 3/2020 de Protección y Recuperación del mar Menor, la respuesta del PP de la Región de Murcia, que gobierna en coalición con los de Santiago Abascal, ha sido invariable durante meses: “No daremos un paso atrás en la protección” de la laguna litoral. Ese ecosistema ha sido a lo largo de toda la legislatura el punto de máxima confrontación entre los dos partidos, que han escenificado este miércoles en el Parlamento Regional una vez más sus diferencias cuando los populares se han abstenido impidiendo que se aprobara la propuesta de reforma de la ley que había elaborado el partido ultra. Tampoco estos han votado a favor de otra iniciativa del PP relacionada con la moratoria urbanística en la zona. Sin embargo, los populares han dado un nuevo giro en este asunto para defender ahora que la ley en vigor es “mejorable” y debe elaborarse una nueva normativa “fruto del mayor consenso posible”.

Lo ha defendido durante el pleno, y también en una rueda de prensa después de la sesión, el portavoz parlamentario del partido, Joaquín Segado, que ha propuesto abrir una comisión en la que comparezcan todos los sectores implicados, desde las organizaciones agrarias, hasta los ayuntamientos, pasando por promotores inmobiliarios, cofradías de pescadores, expertos científicos, grupos ecologistas, y representantes del sector turístico. Después de escucharlos a todos, “se constituirá una ponencia que, en el plazo de tres meses, confeccionará el texto de la proposición de ley fruto del mayor consenso posible”. La propuesta se debatirá en otro pleno, ya que no formaba parte del orden del día de hoy, pero por primera vez los populares afirman abiertamente su intención de cambiar esta norma.

Una línea roja para Vox

”Ahora, el PP, en su inmovilismo parlamentario, parece que ha dado un pasito más, y reconoce que hay que modificar la ley del mar Menor”, ha señalado Rubén Martínez Alpañez, portavoz parlamentario de Vox. El diputado ha mostrado su sorpresa por el comportamiento de sus socios de gobierno (PP), porque si hubieran apoyado directamente la iniciativa sin presentar otra, se habría abierto el proceso de reforma con la introducción de enmiendas y cambios por parte del resto de partidos. Ese bloqueo ha suscitado también el enfado del presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, que ocupa la vicepresidencia del Gobierno autonómico, y que ha advertido de que, “visto lo que ha sucedido hoy”, convocará al presidente de la comunidad, Fernando López Miras, para revisar el pacto de investidura porque para el partido ultra “es una línea roja absoluta modificar la ley del mar Menor”, y no cejará en su empeño hasta conseguirlo.

El pacto de investidura se refería a la laguna salada en el cuarto de sus 30 puntos, pero sin hacer referencia expresa a ley de protección vigente, sino que señalaba de manera genérica que su recuperación “es una prioridad de la acción del Gobierno Regional” y fijaba el compromiso de seguir “desarrollando todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación”. En cualquier caso, preguntado por si Vox apoyará en el próximo pleno esta nueva propuesta de reforma del PP, Martínez Apañez se ha limitado a insistir en que “la ley [de protección] tiene que cambiarse ya”, y ha lamentado la falta de “valentía” de sus socios. La propuesta de Vox, ha dicho, iba a obligar a los representantes políticos a cumplir con lo estipulado en la ley o “ser sancionados” por no hacerlo. Lo que el partido ultra ha presentado este miércoles pretendía rebajar a rango de reglamento todas las actuales restricciones a las explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona y dejar en medidas voluntarias las que ahora son de obligado cumplimiento para los agricultores de la franja más cercana a la laguna. También excluía del ámbito de aplicación de la norma la localidad de Fuente Álamo, en la que hay una intensa actividad ganadera, con unas 250 granjas porcinas registradas, suavizaba la prohibición de construir nuevos puertos deportivos y endurecía de manera sustancial las obligaciones de los ayuntamientos en materia de depuración y saneamiento.

Tanto PSOE como Podemos han opinado que la petición que hace ahora el PP para reformar la ley no es más que “una patada adelante” y la iniciativa “de un vulgar trilero para dar largas” en el incumplimiento de la ley actual, en cuya elaboración, han recordado, ya participaron los mismos agentes que ahora se proponen.

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