La guerra contra el verde en Barcelona

Ha sido tal la reacción ciudadana contra la sentencia de una juez de Barcelona que obliga a revertir las obras de remodelación de la calle de Consell de Cent y devolverla al tráfico y al humo anterior, que los propios promotores de la demanda han tenido que salir a decir que no exigirán la ejecución de la sentencia y que su propósito no era anular el proyecto sino llamar la atención. Bonita manera de rectificar. La calle Consell de Cent es el primero de los 21 ejes verdes del proyecto Superilla Eixample promovido por la anterior alcaldesa, Ada Colau, en coalición con los socialistas. Aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobierno, el proyecto fue también validado por la Generalitat. El modelo ha sido elogiado en numerosos foros internacionales y solo hay que adentrarse y pasear por en el largo bulevar verde para concluir que hay sentencias que parecen dictadas desde Marte.

¿En qué mundo vive la Justicia? Barcelona lleva más de diez años incumpliendo la directiva comunitaria de contaminación ambiental, motivo por el que España se arriesga a una multa multimillonaria. La contaminación provoca más de mil muertes prematuras anuales y en el 80% de los humos tóxicos provienen del tráfico. El aire contaminado y la falta de verde se pagan con mala salud. Física y mental. Además de aconsejar que se reduzca el tráfico, la OMS advierte de que para que una ciudad sea saludable ha de tener por lo menos un 25% de espacio verde, y este ha de ser accesible, de manera que todos los ciudadanos tengan uno a menos de 500 metros. En estos momentos, apenas 11% de la superficie de Barcelona está dedicado a zona verde y ese porcentaje incluye la montaña de Collserola, que no está ni cerca ni es precisamente de fácil acceso.

Pero todo esto, para la juez que ha dictado la sentencia, no tiene relevancia. Considera, con argumentos más que discutibles, que por una cuestión formal debe deshacerse lo hecho. La cuestión formal es que esa calle está catalogada en el Plan General Metropolitano como vial y, en consecuencia, como no se ha instado una modificación, hay que volver a dejar la calle como estaba. Por esta regla de tres, la mayor parte de las calles peatonales de la ciudad serían ilegales.

Pero la sentencia ha puesto en valor la actuación y se ha girado como un bumerán contra los demandantes, la asociación Barcelona Oberta, que representa los intereses de los ejes comerciales y los promotores turísticos. La demanda forma parte de la guerra judicial emprendida por ciertos poderes económicos contra la alcaldesa Ada Colau. A esta forma de proceder se le llama lawfare, y consiste en atacar a los responsables de las políticas que pretenden frenar con un alud de demandas, que normalmente no prosperan pero ejercen una función intimidatoria. Más de una decena de demandas y querellas se han presentado contra Colau y otros concejales. Ahora, ante la reacción que ha suscitado la sentencia, el portavoz de Barcelona Oberta ha dicho: “Queremos tranquilizar a la ciudadanía: no vamos a pedir que se reviertan las obras, solo queremos garantizar el acceso del coche a la ciudad”. Pero ese es precisamente el problema que tienen las ciudades y por eso una ciudad como Londres ha decidido implantar un peaje disuasorio de 14,5 euros a los coches más contaminantes.

El cambio climático se está acelerando, hasta el punto de que los últimos diez años están entre los más calurosos desde que hay registros. En una ciudad como Barcelona, que con frecuencia supera los límites de contaminación, que necesita refugios climáticos y en la cada verano hay noches tórridas en las que es imposible dormir, ir contra el nuevo urbanismo es ir contra la salud y contra el futuro. La única forma de reducir la contaminación y contrarrestar el efecto isla de calor es quitar coches y poner verde. Mucho verde.

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