Vecinos que se unen para autoprotegerse de los incendios forestales

El miedo a los fuegos, cada vez más virulentos y cercanos, y la sensación de vulnerabilidad, han impulsado a ocho familias propietarias de fincas en Villanueva de la Vera y Valverde de la Vera (Cáceres) a crear la asociación Albura para autoprotegerse frente a los incendios forestales. Han preparado sus fincas ―unas 40 hectáreas en total― se han formado en el manejo de medios antiincendios y han logrado que la Junta de Extremadura apruebe un documento técnico de prevención de fuegos forestales elaborado por ellos. Consideran que esta forma de actuar “marca la diferencia entre hacer y no hacer nada”. “Aprendes a saber como comportarte ante un fuego sin la pretensión de convertirte en bombero; si se detecta humo, lo primero es llamar a Emergencias 112″, aseguran. Una preocupación que se extiende por otras áreas forestales de España y que impulsa a los vecinos a tomar medidas de protección similares.

La percepción sobre el peligro de incendio que corrían viviendo en este lugar en medio del campo y rebosante de naturaleza ha ido cambiando. Hace 20 años, cuando Álvaro Gil-Nagel, miembro de Albura, compró una parcela en los Jardines Riolobos, su miedo al fuego “era testimonial”. Ahora “la amenaza es real y patente”, manifiesta este madrileño que pasa allí largas temporadas. El verano pasado “fue terrorífico, había incendios a un kilómetro de distancia, varios tuvimos que abandonar las casas, y ahí nos dimos cuenta de que teníamos que minimizar el riesgo”, explicó este martes Juan Carlos Montoro en la presentación del informe anual sobre incendios de WWF. Así nació Albura, hace apenas un año, para proteger un entorno calificado de riesgo potencial IV, el máximo establecido por el Gobierno extremeño. WWF considera que estas actuaciones son imprescindibles para convertir paisajes que ahora son “polvorines” en “no inflamables”.

A las fincas de robles, pinos y matorrales, se accede por un camino de tierra, lleno de baches: su única ruta de evacuación en caso de incendio. A pesar de los botes, se muestran orgullosos “porque antes era mucho peor, los coches iban dando con las ramas de los árboles al ser mucho más estrecho”, comenta Gil-Nagel. El arreglo de la pista es una de las mejoras que han logrado asociándose. “Se nos hace más caso cuando vamos todos, que cuando lo hacíamos de forma individual”, aseguran. Ahora hay zonas por donde caben dos coches y existen apartaderos para evitar quedarse atascados, sobre todo en momentos de pánico, y que puedan entrar los bomberos.

En el terreno de René Müller, un alemán que adquirió la finca hace 20 años, se observan las actuaciones que la asociación ha puesto en marcha. Müller se dedica a la energía eólica y el teletrabajo les permite a él y a su mujer residir en Villanueva de la Vera y quieren proteger su pequeño paraíso. El entorno se ha desbrozado, siguiendo las indicaciones de un ingeniero forestal, y cuentan con dos depósitos para extraer agua. Los vecinos han aprendido también a usar los batefuegos, “porque lo que hacíamos antes era levantar las llamas, somos gente urbana que hemos venido al campo”, confiesan.

Poner en marcha la asociación con la redacción del plan técnico ha supuesto 1.000 euros entre las ocho familias. Luego, cada finca se tiene que hacer cargo de los gastos del mantenimiento para la prevención y autoprotección: desbrozadora, motosierra, batefuegos, mochilas extintoras, materiales ignífugos, entre otros, que suponen un desembolso de unos 1.500 euros. Una opción es contar con animales de ayuda. Jaime Vázquez, un madrileño de 33 años, que se trasladó hace un año a la zona con su familia dejando atrás el mundo de las startups, ha comprado un par de burros, que colaboran con el desbroce. Se considera “autosostenible y autosuficiente” en una finca en la que hay huerta, higueras, castaños y frutales.

Un año nefasto en incendios

WWF escogió este lugar para ofrecer los últimos datos sobre incendios. No hay buenas noticias: 2022 fue uno de los más nefastos que se recuerdan con 310.000 hectáreas quemadas, una cifra que es tres veces más que la media anual de las últimas dos décadas. Hasta el 18 de junio de 2023 se habían producido en España 14 grandes incendios forestales (en los que arden 500 hectáreas o más), el 80% con consecuencias dramáticas: con cuatro fallecidos, 90 heridos y más de 30.000 personas evacuadas de forma preventiva.

Para solucionarlo no es suficiente con poner todos los esfuerzos en la extinción, asegura la ONG. España dispone de uno de los mejores sistemas de lucha contra incendios del mundo, que ha logrado apagar en fase de conato siete de cada 10 siniestros en la última década. Pero los que se escapan se transforman en monstruos incontrolables, un mal que se extiende por el mundo. La única alternativa viable es lograr paisajes vivos, resistentes y resilientes.

Esa es la intención de Albura, que está recibiendo numerosas solicitudes de adhesión. Pero ellos plantean que el mejor modelo sería crear más asociaciones de este tipo y colaborar, para que no se conviertan en ingobernables. En su caso, cuentan con el asesoramiento de José Antonio Cuadrado, que ha trabajado en diferentes cuerpos de emergencias, reprocha a la Administración que sus decisiones están muy lejos del territorio. Por ejemplo, los propietarios de fincas se encuentran con muchos obstáculos a la hora de quitar un árbol u otras actuaciones de ese tipo. “Te hacen sentir como un terrorista ambiental”, plantea.

Con 26 millones de hectáreas forestales en España, la Administración pública debe incrementar su esfuerzo, advierten en WWF. La organización pide a la Administración una estrategia estatal de prevención integral de incendios forestales, con la prevención social y la gestión del territorio en primer plano. También reclama que se reactive la ley de desarrollo sostenible del medio rural, que permitiría generar empleo digno y asegurar la calidad de vida en la zona rural. Medidas que deben ir acompañadas por una reorientación de la Política Agraria Común (PAC) y la aprobación de una estrategia estatal de ganadería extensiva. Los ayuntamientos y la población deben elaborar planes de autoprotección a aplicar en el área de conexión entre el núcleo urbano y la zona forestal.

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