El Constitucional acuerda suspender cautelarmente la demolición del ‘resort’ de lujo de Valdecañas en Cáceres

El Constitucional ha acordado en su pleno de este martes, por seis votos a cinco, paralizar el inicio de la demolición del complejo de lujo Isla Marina de Valdecañas, en Cáceres, tomando así la medida cautelar solicitada por la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, y la comunidad de propietarios del resort. Dicha demolición fue ordenada por el Supremo tras considerar ilegal la urbanización. Agotada la vía judicial, las partes interesadas en el mantenimiento del resort plantearon un recurso de amparo ante el Constitucional, que lo admitió a trámite en noviembre. En esa impugnación se solicitaba la suspensión del derribo de las construcciones realizadas mientras el tribunal no haya resuelto sobre el fondo del asunto.

La suspensión de las obras de demolición ha sido adoptada por el Constitucional como una medida consecuente con la de la admisión a trámite de los recursos presentados por las instancias mencionadas. Se trata, en suma, de evitar que se produzca un daño irreparable a los intereses de los recurrentes, como podría suceder si ahora se inician los derribos y más tarde el propio tribunal considera que, como se alega en las impugnaciones, en el procedimiento judicial seguido sobre este asunto se produjo alguna vulneración de derechos fundamentales. El ponente de esta solicitud de amparo es el magistrado Enrique Arnaldo, del sector conservador, quien ha propuesto al tribunal la adopción de la medida cautelar.

Isla de Valdecañas es un resort de lujo enclavado en los términos cacereños de Berrocalejo y El Gordo. Se trata de una isla de poco menos de 135 hectáreas situada en el embalse de Valdecañas. El Supremo ordenó la demolición de las construcciones del complejo —compuesto por un hotel, chalets y un campo de golf— porque se halla en un área calificada como Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA). El acto recurrido es la decisión del Supremo de devolver la isla de Valdecañas a su estado original, por estimar ilegal su urbanización. Esta resolución de la Sala de lo Contencioso modificó a su vez otra anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) que estimó improcedentes las demoliciones, que afectarían a 185 viviendas, además del establecimiento hotelero y el campo de golf, unas obras cuyo coste se calculó en 144,9 millones de euros.

El magistrado encargado de este proceso, Enrique Arnaldo, ya defendió en noviembre la admisión a trámite de los recursos después de un intenso debate en el seno del tribunal, que adoptó la propuesta del ponente también por seis votos a cinco. En aquella primera deliberación, el pasado 16 de noviembre, el órgano de garantías tuvo que optar entre admitir las impugnaciones para analizar en profundidad el caso o avalar la previa sentencia del Supremo, que ordenó devolver la zona a su estado primitivo como espacio protegido por razones ecológicas. Ya entonces fuentes del Constitucional estimaban que el hecho de que se hubiera asumido la conveniencia de examinar la orden del Supremo suponía que probablemente no se llevarían a cabo las demoliciones hasta que no se llegara a un fallo definitivo, aunque entonces no se tomó medida cautelar alguna.

Contra la decisión de admitir a trámite los recursos presentados formularon voto particular en noviembre pasado los magistrados Juan Antonio Xiol —cuyo mandato concluyó en enero pasado—, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán, todos ellos del sector progresista, y el magistrado del bloque conservador Ricardo Enríquez. Tras el nuevo debate, esta vez sobre la medida cautelar de suspensión de los derribos, también habrá varios votos discrepantes. Un sector del tribunal estima que es innecesario suspender las demoliciones, porque en todo caso no se van a iniciar en breve, dado que para comenzar los derribos el Supremo concedió a la Junta de Extremadura un plazo amplio que aún estaría lejos de expirar.

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