El Gobierno considera “incomprensible” que la Junta autorice ahora un macroproyecto turístico con campo de golf frente a Doñana

La polémica en el entorno de Doñana no cesa, pero esta vez en su flanco sureste y no por los cultivos ilegales, sino por el desarrollo de un macroproyecto turístico frente al espacio protegido que incluiría un campo de golf y hasta 300 viviendas. La Junta de Andalucía ha aprobado la declaración ambiental estratégica de una modificación de la planificación urbanística del Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz) en la que se contempla este proyecto. Y el Gobierno central ha criticado con dureza ese aval.

“Parece muy extraño pensar que se puedan construir viviendas en zonas inundables ahora que el cambio climático nos lleva a fenómenos más extremos como lluvias torrenciales”, ha manifestado el Ministerio para la Transición Ecológica. “Resultaría incomprensible que la Junta autorice campos de golf y macroproyectos turísticos a las puertas de Doñana en el momento de sequía que está atravesando España y en especial la cuenca del Guadalquivir”, ha añadido el departamento que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Pero esa autorización ambiental está supeditada a que “se obtenga el pronunciamiento favorable del órgano de cuenca”, es decir, la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir (CHG), según se lee en el texto aprobado por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de Andalucía el pasado 12 de abril. Preguntado por este asunto este martes por los periodistas, el portavoz del Ejecutivo andaluz y consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, ha reconocido que este tema se ha dejado ahora en manos de la CHG, dependiente del Gobierno central. “Si emitiera un informe en sentido negativo haría decaer la declaración medioambiental”, ha señalado el consejero, quien ha criticado que se ha pedido desde 2020 a la confederación hasta en tres ocasiones que se pronuncie sobre esta modificación sin que haya habido respuesta.

Pero, pese a la ausencia de esa respuesta, la Junta decidió seguir con la tramitación y conceder el aval ambiental supeditado a mediados de abril, justo cuando la polémica por la legalización de los regadíos impulsada por PP y Vox en el Parlamento andaluz adquiría mayor dimensión. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han sostenido este martes que la confederación está ultimando el informe sobre esta modificación urbanística. “No podemos anunciar el resultado definitivo del informe de la CHG que todavía no está terminado”, señalan en el departamento de Ribera. Pero el ministerio apunta hacia el “difícil encaje” que tiene “un proyecto semejante con los planes de riesgo de inundaciones” de la zona. Porque el área de 2,33 millones de metros cuadrados en el que se desarrollaría esta actuación es una antigua marisma desecada. Fuentes de la CHG aseguran a este diario que están ultimando el documento, que se dará a conocer en las próximas semanas.

Otro de los aspectos que deberá estudiar la confederación es el relativo a la disponibilidad de recursos hídricos. Aunque el informe de la Junta del pasado 12 de abril ya señala que “hay disponibilidad de recursos hídricos”.

EL PAÍS ha preguntado a la Consejería de Sostenibilidad la razón por la que se ha concedido la autorización ambiental sin el informe que condiciona todos los demás, que es el de la CHG. Pero la Junta no ha respondido a esa cuestión. Esta misma duda la comparten las asociaciones ecologistas. “Esto es como en el caso de la ley de regadíos, la Junta concede el riego, pero luego tiene que ser la CHG la que lo autorice”, explica Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción. “Aquí es lo mismo, la Junta dice que la urbanización es viable, pero quien tiene la última palabra es el Gobierno central, abriendo otro frente”, añade.

Ecologistas en Acción ha cuestionado este martes la validez del aval concedido por la Junta. “La declaración ambiental aprobada por la Junta es totalmente ilegal, ya que no cuenta con el preceptivo informe sobre riesgo de inundabilidad de la zona”, ha advertido esta organización, que está personada en el expediente desde hace años. “No se han evaluado sus efectos sobre la Red Natura 2000 de la UE, en la que están incluidos el estuario del Guadalquivir y Doñana, y no se ha contestado a ninguna de las 900 alegaciones presentadas contra el proyecto”, ha añadido esta ONG a través de un comunicado. La organización ecologista ha resaltado además que “los técnicos y responsables de las administraciones que están aprobando o informando favorablemente este proyecto podrían estar incurriendo en conductas negligentes, cuando no en presunta falsedad documental y prevaricación, que podría tener responsabilidades penales”.

Ese proyecto se remonta a 2003, cuando un promotor belga muy conocido en la zona, Bernard Devos, firmó con el Ayuntamiento de Trebujena un convenio por el que se comprometía a abonarle alrededor de 5,5 millones de euros cuando se aprobara la modificación del PGOU, variando la calificación de suelo rústico a urbanizable, para hacer posible la construcción del proyecto. La crisis económica sepultó el proyecto hasta que el anterior alcalde, Jorge Rodríguez, lo hizo revivir en abril de 2019 —al someter a información pública el Estudio Ambiental de Impacto Estratégico presentado por el nuevo promotor del proyecto (Costa Guadalquivir), después de haber abordado en 2012, 2014, 2015 y 2017 otras reformas del PGOU para hacerlo compatible con el macroproyecto—, poniendo en pie de guerra a las organizaciones ecologistas, los sindicatos y buena parte de las organizaciones sociales, que no entendían cómo el regidor de una localidad que siempre se ha considerado el bastión de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz se plegaba a los intereses económicos de los promotores urbanísticos.

Sobre la mesa estaba una macrourbanización de alta gama, en primera línea de Doñana y con una extensión de más de 2.000 hectáreas, casi el triple que la de este municipio gaditano de 7.000 habitantes. Además, iba a consumir 800.000 metros cúbicos de agua, ”la misma cantidad que se consume en Trebujena”, puntualiza Clavero. El entonces regidor defendía que el proyecto revitalizaría la economía de un municipio que, tal y como se recoge en la justificación de la modificación del PGOU que incluye el informe de la Junta, “presenta en la actualidad tasas de crecimiento regresivo y que puede encontrar en el desarrollo turístico una oportunidad de reinvertir su tendencia actual”.

Unos argumentos que no entendieron las organizaciones ecologistas y las asociaciones que presentaron más de 800 alegaciones que jamás fueron debatidas porque Rodríguez decidió posponer el pleno en que debían estudiarse para “iniciar un proceso de diálogo entre las partes”. Sin embargo, gracias a los oficios que remitió la Fiscalía de Medio Ambiente al Ayuntamiento para informarse del trámite de información pública y alegaciones de la modificación del PGOU, se supo que esa modificación se había remitido en octubre de 2019 a la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta para que realizara el estudio sobre la evaluación ambiental estratégica ordinaria del macroproyecto.

El actual alcalde, contrario al proyecto

“Ese informe debería haber sido devuelto por la Junta porque ni siquiera se aprobó en pleno”, sostiene Clavero. El nuevo alcalde, Ramón Galán, también de IU, se ha desvinculado de la macrourbanización que la Junta ha vuelto a poner en primera plana. “Este es un proyecto que se lleva tramitando hace 20 años en el Ayuntamiento y la realidad climática de entonces no es la de ahora. Está fuera de lugar, es extemporáneo. Estamos a favor de otro tipo de proyectos, como el de la regeneración de marismas que ya estamos realizando y que ahí sí estamos de la mano de la Junta”, ha señalado a EL PAÍS, informa Jesús Cañas.

Visiblemente contrariado por la polémica generada por el Gobierno andaluz, Galán insiste en que ”están haciendo un esfuerzo por explicar todo esto en el pueblo”. “El Ayuntamiento no puede negarse a tramitar algo que los promotores piden, porque estaríamos incurriendo en una prevaricación. Creemos que la Administración competente, la Junta, es la que tiene que posicionarse sobre si es compatible con algo que se haría hoy en día“, añade.

“Aquí no hay casualidad, sino causalidad por la guerra abierta de los regadíos de Doñana y la campaña electoral. Esta declaración de la Junta obedece a un interés electoral“, incide el alcalde. Respecto a la ausencia del informe de la CHG, advierte: “No es que no salga, sino que debería haber salido completa y no lo ha hecho. Además, va sin contestar a las alegaciones de los ecologistas. Hay un claro interés en el momento”.

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