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Teresa Ribera denuncia ante Europa el plan de regadíos del PP para Doñana

La vicepresidenta tercera se reúne en Estocolmo con el comisario europeo de Medio Ambiente. Los populares replican pidiendo una “reunión urgente” en Bruselas para defender su iniciativa y denunciar “intereses partidistas” tras la polémica

Eurodiputados protestan en la Estrasburgo contra la ley de regadíos en DoñanaFoto: GRUPO SOCIALDEMOCRÁTA DEL PE (GRUPO SOCIALDEMOCRÁTA DEL PE) | Vídeo: EFE
Silvia Ayuso

La batalla por Doñana se extiende por Europa. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido este martes en Estocolmo con el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, para hablar de “la preocupante situación en el parque nacional” andaluz y el controvertido plan de regadíos que pretende sacar adelante el gobierno regional del PP con Vox. Una iniciativa que también ha sido denunciada en Estrasburgo por casi medio centenar de eurodiputados de diverso signo que han recordado que “salvar Doñana” es una cuestión que incumbe a toda Europa.

Ante la creciente presión política en las instancias europeas, que también han dejado clara su “preocupación” por los planes para el parque nacional andaluz en los últimos días, el Partido Popular Europeo (PPE) ha pasado al contraataque solicitando, a su vez, una “reunión urgente” con los máximos responsables medioambientales de Bruselas, ante los que pretende explicar la propuesta andaluza y desmantelar los “intereses partidistas” que dice hay tras las denuncias.

La respuesta del PPE dirigido por el alemán Manfred Weber, firme respaldo en Europa de Alberto Núñez Feijóo ante la maratón electoral española de este año, se ha conocido en momentos en que Ribera estaba reunida con Sinkevicius en Estocolmo, aprovechando un encuentro informal de ministros del ramo de la UE en la capital sueca para citarse con el responsable europeo de Medio Ambiente al que ahora también quieren ver los populares.

Tras el encuentro en la capital sueca, que se ha prolongado durante unos 50 minutos, Ribera ha asegurado que la Comisión está “preocupada por la situación de Doñana y el potencial riesgo adicional” que puede suponer la proposición de ley en trámite.

“El principal mensaje es que la situación y la preocupación no han cambiado y que lo mejor que podríamos hacer es trabajar para reducir los riesgos existentes y no añadir ninguno nuevo” para el parque nacional, ha resumido Ribera.

Un portavoz de la Comisión se ha limitado a indicar que Sinkevicius “recordó que se toma muy en serio la implementación de las sentencias” del TJUE y que “no dudará en utilizar los medios a su alcance” para asegurarse de que España cumple el dictamen de los jueces de Luxemburgo “lo antes posible”.

Bruselas mide mucho las palabras ante una disputa que tiene un marcado tinte político a poco más de un mes de las elecciones municipales y autonómicas españolas, y con comicios nacionales antes de que acabe el año (en plena presidencia española de la UE). Pese a ello, el Ejecutivo europeo ha dejado claro en repetidas ocasiones —la última, la semana pasada, justo cuando el parlamento andaluz daba luz verde a la tramitación exprés de una proposición de ley que busca regular la situación de centenares de hectáreas de regadío hasta ahora ilegales del entorno del parque nacional— que sigue muy de cerca, y con mucha preocupación, todo lo que concierne a Doñana, especialmente tras los nuevos planes presentados, ante los que ya había alertado en el pasado.

De hecho, el seguimiento queviene de lejos: tras reiteradas advertencias, la Comisión ya demandó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en 2019 “por la desprotección del humedal de Doñana”. La sentencia condenatoria por incumplimiento de “las obligaciones que le incumben” llegó dos años más tarde. Ante la continuada falta de acción, y frente a la nueva proposición de ley andaluza, hace solo un mes, la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, envió una carta al Gobierno español amenazando con volver a Luxemburgo a reclamar “sanciones pecuniarias” si la iniciativa legislativa sale adelante, lo que para la alta responsable europea sería “una violación flagrante de lo dispuesto” en la sentencia del TJUE.

“La Comisión no dudará en tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que España cumple con la sentencia del TJUE”, reiteró al respecto un portavoz de la Comisión la semana pasada.

Tras el encuentro en Estocolmo, en el que también ha participado Fink-Hooijer, Ribera ha asegurado que va a preparar la respuesta formal del Gobierno central a la carta de la responsable de Bruselas “teniendo en cuenta las explicaciones” del Gobierno andaluz. En cualquier caso, señalan fuentes conocedoras de la reunión en Suecia, los representantes de la Comisión han trasladado a España que “se debe cumplir la sentencia del TJUE” y que, en ese sentido, la postura de Bruselas desde la misiva de marzo “no se ha movido nada”. La preocupación del Ejecutivo de Bruselas por lo que está haciendo el Gobierno de Moreno Bonilla es “muy elevada”, subrayan las fuentes.

Protección del parque

Una postura que el PPE considera distorsionada por los “intereses partidistas” que afirma están detrás de las denuncias contra una proposición de ley que, sostienen los conservadores españoles y europeos, “no perjudica al parque andaluz, sino que lo protege”, según enfatizan en la carta a Sinkevicius y al vicepresidente de la Comisión y responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans. Los firmantes, el alemán Weber y los españoles Dolors Montserrat y Juan Ignacio Zoido, aseguran además que el plan del Gobierno andaluz “no afecta al cumplimiento de la sentencia del TJUE sobre Doñana, sino que garantiza su cumplimiento, porque el borrador de ley no permite la extracción de aguas subterráneas del acuífero, en contra de lo que interesadamente el Grupo Socialista viene transmitiendo a la Comisión”. Con el fin de “explicar la actual situación” de Doñana y la proposición de ley “que busca resolver el problema existente, desatendido por los gobiernos anteriores”, los populares europeos solicitan una reunión urgente en Bruselas con Sinkevicius y Timmermans.

No es la única cita pendiente de los altos responsables de la Comisión. El viernes, la presidenta del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo, la española Iratxe García, también pidió una entrevista con ambos por el parque nacional.

Doñana “ya sufre una sobreexplotación que, junto con prolongadas sequías récord, están poniendo al parque en un punto de no retorno. Aumentar los planes de irrigación pese a los ya limitados recursos hídricos de la reserva natural provocará que se cruce esa línea y, probablemente, causará un daño irreversible a los ecosistemas ya en riesgo”, recordó en su misiva la socialista española. De salir adelante los planes del Gobierno andaluz, “constituirían una pérdida nociva para la región, para España, para Europa y más allá”, sostiene García, para quien, por su situación geográfica, la proposición de ley andaluza “tiene el potencial de afectar negativamente la biodiversidad a nivel internacional”, de ahí la importancia de que Bruselas esté bien informada.

A la espera de ese encuentro, que todavía no tiene fecha prevista, García y casi medio centenar de eurodiputados españoles —de diversos partidos, salvo PP y Vox— y de otras nacionalidades, se concentraron este martes en la sede parlamentaria de Estrasburgo para expresar la “preocupación” de la Eurocámara frente a unos planes de regadíos que “ponen en peligro el futuro y la viabilidad del parque de Doñana”, según dijo la socialista mientras esgrimía, como los demás parlamentarios —de IU, ERC o Cs, entre otros— una pancarta pidiendo: “Salvemos Doñana”.

“Doñana no es propiedad de nadie, es responsabilidad de todos, y también de la Unión Europea, que ya se ha manifestado con preocupación sobre esta acción. Actuar en contra de la ciencia, actuar en contra de la Comisión Europea, actuar en contra de la propia Unesco, no debe permitirse”, ha criticado García, que ha prometido que “una gran mayoría” de los eurodiputados seguirá trabajando “para salvar Doñana y no permitir que se actúe sin tener en cuenta un principio fundamental: garantizar el futuro del planeta”.

Mientras que formaciones como IU ya han pedido a la Comisión medidas cautelares si la proposición de ley para Doñana sigue adelante, García ha indicado que prefiere esperar a su cita en Bruselas con los comisarios y “conocer cuál es la idea de la Comisión” antes de decidir qué nuevos pasos dar.

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Sobre la firma

Silvia Ayuso
Corresponsal en Bruselas, después de contar Francia durante un lustro desde París. Se incorporó al equipo de EL PAÍS en Washington en 2014. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y continuó en la alemana Dpa, para la que fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.

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