El PSOE aparca la legislación estatal específica sobre perros de caza

La ley de bienestar animal se aprobó el pasado 16 de marzo entre reproches de los socios de Gobierno a cuenta de los perros de caza. Antes, el PSOE había logrado aprobar una enmienda para sacar de la norma a estos canes con la promesa de crear una “normativa específica” para estos animales, así como los utilizados en actividades de trabajo y deporte. Sin embargo, los socialistas han aparcado esa legislación para esta legislatura, según adelanta a EL PAÍS el Ministerio de Agricultura, responsable de las cuestiones de caza. Los socialistas argumentan que no hay margen para poder aprobarla antes de la disolución de las Cortes y la convocatoria de las elecciones generales y que en todo caso no la consideran prioritaria ya que las comunidades autónomas cuentan con la legislación necesaria que evitan que haya un vacío legal.

El PSOE registró en septiembre una enmienda para que la ley de bienestar animal se aplicase “exclusivamente” a los animales de compañía. La decisión no fue casual: le aseguraba al principal partido del Gobierno la paz con el sector de la caza, el segundo con más licencias federadas en España (337.326 en 2021 según el Consejo Superior de Deportes), solo por detrás del fútbol (907.223) y por delante del golf (284.776), montañismo (273.549) y baloncesto (272.451). La influencia del colectivo de cazadores, muy movilizado y con una enorme influencia en buena parte de España, puede ser decisiva en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo en las comunidades con mayor tradición cinegética. Y también pueden repercutir en los últimos escaños en juego, conocidos como restos, en las elecciones generales en una quincena de provincias del interior.

La enmienda recogía que los perros de caza, rehalas y animales auxiliares de caza “contarán con una legislación propia según lo establecido en la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética”. El PSOE argumentaba que debía “deslindarse la normativa de bienestar aplicable a los animales de compañía de aquellos otros tradicionalmente denominados de producción, o vinculados a actividades profesionales”. “De esta forma la nueva ley se aplicará exclusivamente a los animales de compañía que son mantenidos en el hogar familiar y conviven en él con sus titulares”, especificaba la enmienda.

Los socialistas incidían además en la enmienda que los animales que no son considerados de compañía “ya encuentran su acomodo jurídico y su debida protección en la vigente normativa reglamentaria”, y citaban en concreto la Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. “Igualmente, esta enmienda y planteamiento se encuentra en la línea de la regulación de la Unión Europea, sin por ello descuidar los requisitos de bienestar exigidos para estos animales contenidos en la Ley 32/2007 y en la normativa propia de las comunidades autónomas”, recogía la enmienda.

Otra razón que el PSOE dio para la revisión del texto acordado inicialmente con Unidas Podemos en el Consejo de Ministros era evitar los conflictos de competencias entre el Gobierno y los territorios. “El Proyecto de Ley en su redacción actual introduciría un factor de distorsión a la hora de su aplicación por las comunidades autónomas (competentes en exclusiva en materia de protección animal, de conformidad con el Bloque de Constitucionalidad, por todas la reciente Ley Foral 18/2022, de 13 de junio, de modificación parcial de la Ley Foral 19/2019, de 4 de abril, de protección de los animales de compañía en Navarra, así como las competencias exclusivas en materia de deporte, artículo 148.1.19ª de la Constitución Española)”, señalaba la enmienda.

Durante seis meses —de septiembre a marzo— Podemos se negó en redondo a aceptar la exclusión de los perros de caza, alegando que supondría devaluar una de las leyes estrellas de sus ministerios. Pero al final tuvo que transigir para sacar adelante la norma. El cambio supone que queden fuera de la protección de la ley de bienestar animal todos los perros que realicen algún tipo de actividad: perros policías, del Ejército, de trabajo, de asistencia, perros guía de la ONCE, de caza y pastores, además de la cetrería y el tiro al pichón. La promesa, entonces, era que el Ministerio de Agricultura elaboraría una norma específica para ellos. “La Ley de Bienestar Animal sería en todo caso para los animales domésticos que viven en el domicilio familiar. El resto tendrían una normativa en la línea de lo que es la regularización europea”, apuntó en septiembre Patxi López, portavoz socialista en el Congreso.

Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Agricultura confirma el cambio de opinión del PSOE. “En la Estrategia Nacional Cinegética se han establecido compromisos a asumir desde cada organismo competente, pero no son compromisos que tenga que desarrollar el ministerio en su totalidad. En el caso planteado, de perros de caza y las rehalas, serían las comunidades autónomas las competentes”. El calendario tampoco ayuda: en el Gobierno recuerdan que apenas quedan 15 días hábiles en las Cortes antes de las elecciones del 28-M y luego el mes de junio antes del parón por el verano. A la vuelta del receso por el estío quedaría un mes y medio de tramitación parlamentaria antes de la disolución de las Cámaras. “No es solo que estemos en tiempo de descuento, ya que una nueva ley estatal específica para los perros de caza tendría que pasar primera lectura en el Consejo de Ministros, una segunda antes de remitirla al Congreso... sino que no es estrictamente necesario al haber legislación autonómica”, concluyen las fuentes gubernamentales consultadas, que no descartan su desarrollo la próxima legislatura si no hay cambio de Gobierno.

Estrategia Nacional Cinegética

La Estrategia Nacional Cinegética se aprobó en marzo de 2022 —año y medio antes de la presentación de la enmienda del PSOE— en una Conferencia Sectorial por unanimidad de las comunidades. En ella aparecen recomendaciones generales sobre los perros de caza y a las rehalas. “Estudio a través de un Grupo de Trabajo, formado por personal cualificado para ello, los requerimientos específicos que por la actividad que desarrollan tienen los perros de caza y las rehalas, analizando la posibilidad de definir unos criterios mínimos consensuados por todas las autoridades competentes, teniendo en cuenta las directrices marcadas y la normativa vigente en cuanto a bienestar y sanidad animal”.

El documento continúa y propone: “Dadas las especiales características de las actividades que desempeñan los perros de caza y de las rehalas, promover la redacción de normativa propia, complementando a la ya existente, donde se recojan las especificidades relativas al desarrollo de la actividad cinegética para la que son empleados”. En cualquier caso, desde Agricultura recuerdan que son las comunidades las que pueden redactar esa normativa, y que no está contemplado hacer una norma estatal específica.

Las protectoras de animales recogen unos 21.800 perros de caza al año, según la Fundación Affinity. Esta cifra, de 2021 (última disponible), representa el 13% de todos los perros que se abandonan (unos 168.000), sean mascotas o de caza. Precisamente la ley de bienestar animal busca limitar el abandono: cuando entre en vigor, en septiembre, los dueños de perros deberán inscribirse en el Registro de Animales de Compañía y, para tener cachorros, deberán incluir su nombre en el Registro de criadores. Los cazadores, acostumbrados a regalarse y cambiarse los perros sin papel de por medio, seguirán por tanto fuera de estas obligaciones.

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