Un enfoque distinto en el debate del decrecimiento

En 2022 se cumplen 50 años de Los límites del crecimiento, una obra clave de la literatura ecológica por ser pionera en concretar y modelizar la afirmación casi evidente de que el crecimiento infinito es imposible en un planeta con recursos finitos. Su corolario es que cualquier proyecto social progresista debe plantearse asegurar una vida mejor compatible con los límites de la biosfera que habitamos y de la que dependemos.

Con los impactos cada vez más visibles del cambio climático, la más urgente y avanzada de las múltiples caras de la policrisis ecológica que sufrimos, sumados a la creciente constatación científica de otros límites planetarios peligrosamente sobrepasados, el crecimiento económico vuelve a estar de nuevo en cuestión. Al menos en tanto que expansión de la dimensión material de nuestras sociedades, algo evidentemente incompatible con un planeta cada vez más deteriorado. La incapacidad del crecimiento de asegurar el bienestar ciudadano refuerza estas dudas.

Este creciente escepticismo respecto al proyecto del crecimiento puede observarse tanto en un tímido cuestionamiento desde el mainstream político a la dominancia del PIB como indicador económico como por la creciente aparición de todo una nueva literatura sobre el decrecimiento, que vive una segunda oleada tras su surgimiento en los 90, con obras como las de Giorgios Kallis, Jason Hickel, Thimotee Parrique, Matthias Schmelzer o Kohei Sato.

Con todo, la madurez intelectual de la idea del decrecimiento no corre pareja a su madurez política. Entre las críticas que se pueden hacer al decrecimiento desde una perspectiva de ecologismo político destacamos dos. En primer lugar, si bien es una idea inspiradora con la que seguramente todos podemos estar de acuerdo, es un término todavía demasiado opuesto al sentido cultural dominante. Por tanto, si bien puede ser un afilado bisturí en la disputa cultural, es un instrumento romo a nivel político. Dicho de otra forma, si bien el decrecimiento nos fija una meta orientativa, es poco aplicable en nuestros contextos institucionales y no tiene traducción social y electoral amplia, condición indispensable para que su verdad científica (la existencia de límites materiales al crecimiento) pueda transformar el mundo. En segundo lugar, en su gran mayoría de formulaciones el decrecimiento se mantiene todavía en una posición puramente enunciativa. Una abstracción moral incapaz de aterrizar en lo concreto y sus contradicciones. Un gesto más simbólico que práctico. Otra propuesta más centrada en el qué en vez de en el cómo.

Frente a la primera cuestión, nuestra hipótesis es que, a día de hoy, el objetivo del ecologismo político debe ser intentar articular una amplia coalición poscrecimiento. El término puede resultar confuso o aparatoso, y quizá pronto se le ocurra a alguien una palabra mejor. Pero el contenido de la idea es claro: los objetivos de esta amplia coalición deben ser construir una sociedad ecológicamente sostenible y justa, que asegure un suelo social de derechos universales sin sobrepasar los límites planetarios actualmente excedidos. Pero en sus medios no debe buscar un choque político directo contra la idea de crecimiento, sino más bien un abordaje colateral. En una coalición de esta índole cabrían vectores ideológicos más amplios, como podrían ser el “keynesianismo verde”. E incluso podría colaborar puntualmente con sectores que abiertamente se reconocen bajo el paradójico paraguas del “crecimiento verde”.

Este bloque poscrecimiento podría encontrar sus primeros puntos de encuentro apoyándose en lo concreto y lo práctico frente a la visión maximalista y abstracta que caracteriza al decrecimiento. Y esto significa formular un enfoque de políticas públicas poscrecentistas que puedan entrar a formar parte de la agenda de los próximos gobiernos progresistas. Por políticas públicas poscrecimiento entendemos aquellas políticas sectoriales, parciales y específicas (que no suponen, por tanto, una enmienda a la totalidad), que combinen un incremento del bienestar de la población con una disminución constatada de ciertos impactos materiales, como la huella ecológica o la huella de carbono. Consideramos que estas políticas deben tener al menos cuatro características:

En primer lugar, su objetivo: desligar el bienestar personal y los imaginarios de vida buena de los impactos ambientales crecientes. Somos conscientes que ambos aspectos (bienestar e impactos materiales) son conceptos que recogen realidades contradictorias y complejas. En el segundo caso, por ejemplo, tan innegable es que la instalación de renovables tiene impactos locales en el territorio como que su contribución para frenar la mayor amenaza ecológica actual hace que presenten, salvo excepciones, un balance ecológico neto positivo.

En segundo lugar, deben ser políticas políticamente viables. Es decir, susceptibles de ser defendidas en público sin parecer un marciano o una minoría, capaces de ser apoyadas por sectores amplios de la sociedad y, pese a que puedan encontrarse con resistencias culturales o sectoriales, no deben necesitar de cambios estructurales profundos de escala cuasi-histórica.

En tercer lugar, deben ser políticas transformadoras pero al mismo tiempo institucionalmente factibles, esto es, compatibles con el espacio de reforma que ofrece nuestro marco jurídico y la flexibilidad y la velocidad de maniobra que deja nuestras inercias económicas.

Por último, y fundamental, deben apuntar a forzar novedades evolutivas, esto es, novedades experimentales, abiertas a resultados inciertos y encajes imprevistos, que obliguen a los agentes económicos y políticos a mutar para adaptarse a ellas, y que pueden tener efectos de cambio histórico estructural que si bien sí es orientado (tienen un objetivo: más bienestar, menos huella ecológica) sin embargo no está subordinado a una ingeniería social integral conocida de antemano.

Novedades experimentales positivas

Ponemos tres ejemplos: En primer lugar, destacamos la reducción de jornada laboral, un buen ejemplo de política pública poscrecimiento. Es una de las medidas más habituales, por no decir casi imprescindible, en cualquier programa decrecentista o de economía de estado estacionario. Sin embargo, su entrada en el debate público ha tenido lugar no mediante un choque directo con las lógicas del crecimiento económico sino a través de una defensa de un mayor tiempo libre y sus ventajas para la conciliación, la mejora de la salud física y mental de los trabajadores y, paradójicamente, su asociación a aumentos de la productividad empresarial y laboral o incluso el consumo.

Como segundo ejemplo, queremos destacar las políticas concretas que nos puedan ayudar a dar un salto de escala en el necesario reciclaje de minerales críticos de los que dependen las tecnologías verdes. Lo que se traduciría en un suministro más seguro de recursos limitados y un menor impacto socioambiental en forma de nueva minería. Hoy apenas se reciclan estos materiales, pero esto no es destino, sino que depende de políticas públicas. Y la situación cambiaría sustancialmente si estas se orientan a facilitar inversiones estatales en plantas de reciclaje, a promover diseños estandarizados para facilitar que nuestros objetos se desensambles y legislación draconiana contra fenómenos como la obsolescencia programada.

Finalmente, el tercer ejemplo de política pública poscrecimiento sería una reforma ecológica de la contabilidad nacional que podamos vincular a una redefinición poscrecentista de los criterios de la compra pública. Necesitamos introducir en las cuentas nacionales indicadores biofísicos homologados que vayan más allá del PIB, y que nos permitan tener información clara sobre los impactos ecológicos de nuestros procesos productivos. Con esa información se podrían establecer criterios en la compra pública que redujesen sustancialmente los impactos materiales de la producción e implicarían transformaciones de alcance estructural, ya que la compra pública supone del 18% del PIB.

Diagnóstico histórico

Este planteamiento se apoya en un diagnóstico histórico de cómo ocurren las transiciones sistémicas. Nadie jamás se propuso dar el paso del feudalismo al capitalismo como un proceso diseñado y global. Lo que ocurrió fueron cambios culturales así como reformas legislativas y “políticas públicas” parciales (aunque no se llamaran así) que dieron espacio a mutaciones a favor del mercado y la creciente salarización del trabajo en el seno de la sociedad feudal. Un proceso que fue evolucionando hacia un encaje no diseñado que, siglos mediante, dio lugar a la estructura social capitalista.

Con la transición hacia una sociedad poscapitalista (poscrecimiento, ecosocialista, como lo queramos llamar), ocurrirá igual. Solo que tendrá que suceder de forma mucho más acelerada, en favor de lo cual concurre que, efectivamente, los procesos sociales y los cambios culturales han incrementado considerablemente su velocidad desde la edad media.

Otros más sabios que nosotros dijeron antes que el camino lo es todo y la meta no es nada. La frase es falsa por exagerada, pero tiene algo cierto. En nuestro contexto, pensamos que toca torcer el palo más hacia el cómo, el camino, que hacia el qué, la meta. El decrecimiento es una brújula, cada vez mejor calibrada, con propuestas más sofisticadas y valiosas, que nos orienta hacia un norte ineludible: incrementar el bienestar y la justicia social reduciendo nuestros impactos ambientales en un planeta finito. Pero en lo político recorrer esa ruta nos exige un paraguas de ideas más generoso, más agnóstico, donde quepa el mayor número de sensibilidades ideológicas transformadoras. Y sobre todo, como en todo camino difícil, exige prestar mucha más atención a los pasos concretos sobre un suelo firme lleno de obstáculos que a la imagen ideal y completa de un lejano punto de llegada. Cruzar el río tocando las piedras.

Emilio Santiago es doctor en Antropología y científico titular del CSIC. Héctor Tejero es diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y coordinador político de Más País en el Congreso de los Diputados.

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