Francia instala radares sonoros para limitar el ruido de motores

¿Tienen las motos trucadas y los fanáticos de hacer rugir al máximo los motores de sus vehículos los días contados? En Francia, puede que sí. Desde esta semana, siete comunidades galas participan en la experimentación de unos radares sonoros que buscan medir el nivel de ruido de ciertos vehículos en zonas sensibles y multar a los causantes de una contaminación sonora que tiene graves consecuencias sanitarias y económicas —el estruendo causa 16.600 muertes prematuras en Europa y 72.000 hospitalizaciones al año, según la Agencia Europea del Medio Ambiente— para los ciudadanos que la sufren. Sus impulsores celebran una iniciativa que consideran única en el mundo. En España no hay por ahora ningún proyecto similar, tal y como confirma un portavoz de la Dirección General de Tráfico.

El experimento, que durará dos años, comenzó el martes con la publicación de un decreto en el boletín oficial (el BOE francés) y la inauguración de los primeros radares en una carretera departamental a la altura de Saint-Lambert. Esta pequeña localidad del parque natural del valle de Chevreuse, al suroeste de París, es una de las rutas favoritas de moteros, conductores de quads y de otros vehículos similares, para disgusto —y molestia— de los residentes y visitantes de esta zona de naturaleza privilegiada a un tiro de piedra de la capital.

“Es un ruido de fondo permanente, todos los fines de semana”, dijo el alcalde de Saint-Lambert, Olivier Bedouelle, a la emisora Franceinfo. “Incluso por la mañana y la noche hay vehículos, y muchas motos sin silenciador que hacen un ruido que puede llegar a los 80 y hasta 100 decibelios”, explicó.

Bruitparif, una agencia estatal que efectúa evaluaciones técnicas del ambiente sonoro, hizo varias mediciones el pasado verano en la zona para preparar la instalación de los radares sonoros. Se llegaron a registrar entre 210 y 520 picos de ruido debido, sobre todo, a motos. “Escuchar a kilómetros a la redonda el paso de una moto en la que su conductor ha modificado voluntariamente el vehículo para hacer más ruido es exasperante”, dijo al diario Le Parisien Franck Olivier Torro, portavoz de la asociación Ras le Scoot, que busca reducir la contaminación acústica en Francia.

Según el nuevo decreto, los radares —cada vez se instalarán tres diferentes, aún no homologados, de diversos fabricantes— deben estar colocados dentro de zonas urbanas, en lugares donde la velocidad máxima esté fijada en 50 kilómetros por hora. Los aparatos, que disponen de micrófonos y de cámaras para captar la matrícula del vehículo infractor, deben estar situados en el arcén y realizarán un “control automático del nivel de emisiones sonoras de los vehículos”, de acuerdo con el texto legal.

Todavía no se ha decidido de forma definitiva cuál será el límite de decibelios permitido, algo que se fijará una vez haya concluido la fase de experimentación. Por el momento, se ha establecido en 90 decibelios. Lo que sí se sabe ya es cuál será la penalización: 135 euros de multa, que empezará a aplicarse conforme vaya avanzando la experimentación.

Hasta ahora, el nivel máximo de ruido depende de cada vehículo y está especificado en la documentación que todo conductor debe llevar cuando se pone al volante, por si los agentes hacen un control. Los nuevos radares deberían permitir “ampliar los controles y mejorar su eficacia”, según el Ministerio de Transición Ecológica, que impulsa el proyecto argumentando razones sanitarias y económicas.

Tal como recordó la ministra del ramo, Barbara Pompili, en un comunicado, el “coste del ruido para la sociedad francesa, especialmente por los efectos sanitarios ligados a la falta de sueño y la pérdida de valor de las viviendas expuestas, está estimado en 147.000 millones de euros anuales”.

Esta cifra corresponde a los cálculos efectuados el verano pasado por la Agencia de la Transición Ecológica francesa (Ademe). En su informe, publicado en julio, reveló que la mayor parte de ese coste (66,5% de ese costo social o 97.800 millones de euros) corresponde al ruido del transporte, especialmente el tráfico de carretera (54,8% del total), seguido muy de lejos del ferroviario (7,6%) y del aéreo (4,1%).

También la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el ruido como el segundo factor ambiental que provoca más daños sanitarios en Europa, tras la contaminación del aire, que es responsable de 40.000 muertes prematuras al año en Francia.

Un desafío de salud pública

El diputado local Jean-Noël Barrot, del partido centrista MoDem e impulsor de un proyecto que lleva preparando más de dos años, celebró en las redes sociales el comienzo de un experimento que “pone a Francia a la vanguardia de la lucha contra el ruido del tráfico, verdadero desafío de salud pública”. Según ha explicado estos días en varios medios, el objetivo, más que castigar a los infractores, es disuadirlos y acabar con prácticas como quitar los silenciadores a las motocicletas que se repiten en países de todo el mundo.

“Lo que esperamos es disuadir este comportamiento ultra-minoritario de aquellos que modifican su vehículo para provocar más ruido. No es más que una pieza dentro del conjunto de respuestas que queremos aportar”, declaró Barrot.

Una de ellas, sin embargo, recibió un fuerte revés el verano pasado, cuando el presidente, Emmanuel Macron suspendió “hasta nueva orden” otro decreto que implementaba a partir de 2023 el control técnico exigido por la Unión Europea para los vehículos de dos o tres ruedas y que preveía revisiones de los frenos, las ruedas, las luces y, también, del ruido que emiten. “No es momento de fastidiar a los franceses”, citó Le Monde a un asesor gubernamental.

La medida había provocado fuertes protestas de asociaciones de motoristas y su retraso ha sido achacado en parte al año electoral que culminará esta primavera con los comicios presidenciales y legislativos. En noviembre, el ministro delegado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, anunció la implantación de medidas alternativas a estos controles técnicos, entre ellas una prima de conversión a vehículos eléctricos o menos contaminantes de hasta 6.000 euros y los propios radares sonoros. Mientras, la Alcaldía de París, en manos de la candidata socialista al Elíseo Anne Hidalgo, decidió retrasar hasta julio la entrada en vigor prevista para este mes de enero del fin del estacionamiento gratuito en la capital francesa para las motos.

Pese a estas protestas sectoriales, la reducción de contaminación sonora es algo que cuenta con amplio apoyo popular. Otro estudio de Bruitparif señala que el 87% de los habitantes de la región capitalina son favorables a un refuerzo de los controles y las sanciones de las motos demasiado ruidosas. Al fin y al cabo, recordaba estos días Le Parisien, los capitalinos pierden casi 11 meses de esperanza de vida debido al ruido.

Tras Saint-Lambert, en los próximos días y semanas se instalarán radares similares en un total de siete localidades francesas, incluido París, Niza y Toulouse. La idea, según el Ministerio de Transición Ecológica, es que en un futuro no muy lejano estén “en todo el territorio nacional”.

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