‘El rey del carbón’, condenado a cuatro años de cárcel por los daños ambientales de una mina a cielo abierto en un espacio protegido

La justicia ha vuelto a señalar al empresario minero Victorino Alonso, conocido como El rey del carbón. La Audiencia Provincial de León ha condenado este jueves al leonés a cuatro años de prisión por los daños medioambientales generados en un espacio protegido. Los perjuicios procedieron de la apertura de una explotación a cielo abierto conocida como Nueva Julia entre las localidades de Laciana y Babia (León). Los magistrados han ordenado también un pago de 24,3 millones de euros por la responsabilidad civil relacionada con estas repercusiones en los entornos naturales. La resolución judicial no es firme, así que Alonso todavía puede presentar un recurso de casación en el Tribunal Supremo, de modo que de momento podría evitar entrar en la cárcel.

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Alonso se ha enfrentado a los tribunales en varias ocasiones. En 2018 eludió una pena de dos años de cárcel y una multa de 25,5 millones de euros a la que fue condenado por destruir un yacimiento prehistórico relevante, la Cueva de Chaves (Huesca), para construir unos abrevaderos de cabras en su finca de caza. Finalmente quedó libre porque se declaró insolvente y porque los antecedentes penales que pesaban sobre él eran posteriores a cuando cometió los hechos, en 2007.

El fallo actual, que se pronuncia sobre unas vistas celebradas en abril, considera que la compañía no tenía ningún escrúpulo más allá de la obtención de los minerales para lucrarse con ellos: “El cumplimiento de obligaciones legales ni valía la pena ni importaba nada”. El rey del carbón admitió en las sesiones que no había prestado atención a si la mina tenía un permiso ambiental en regla, si la plantilla había sufrido expedientes de regulación de empleo (ERE) o si se sacó provecho de 20 hectáreas más de las estipuladas.

El recorrido del empresario con la mina Nueva Julia comenzó en 2008, cuando Alonso se constituyó como administrador único de la entidad Minero Siderúrgica de Ponferrada SA (MSP), operativa desde 1918, hasta que en noviembre de 2008 quedó constituida como Coto Minero Cantábrico SA (CMC). La actividad minera ejecutada “produjo severas modificaciones en el medio afectado”, establecen los jueces, que destacan daños en “modificaciones topográficas, en los suelos, en las aguas superficiales y subterráneas, en la calidad del aire, residuos químicos, ruidos, vibraciones y afecciones a ecosistemas, hábitats y especies silvestres”.

Un grave riesgo para el medio ambiente

La forma de actuar en esta explotación, al menos entre 2007 y 2010, sin atender la legislación definida y las órdenes de la declaración de impacto ambiental, se tradujo en “un grave riesgo para el medio ambiente y los recursos naturales”, afectando también a una “zona protegida” y “hábitats de interés comunitario”. Los jueces han insistido en su pronunciamiento en que los trastornos para los espacios naturales no hubieran ocurrido si la minería a cielo abierto, una actividad muy habitual en esa zona de León, hubiese cumplido las reglas de protección medioambiental. La Audiencia ha apreciado la atenuante de dilación indebida en la causa. La Fiscalía, por su parte, demandaba una pena mayor: siete años y medio de privación de libertad para el acusado.

Los análisis han demostrado también que los trabajos en Nueva Julia afectaron a unos territorios donde vive el oso pardo, puesto que su hábitat queda “reducido y fragmentado” además de causarle molestias y presión. Lo mismo ocurre con otra especie protegida como el urogallo cantábrico, en peligro de extinción, que ve cómo se destruyen entornos naturales en los que habita o desarrolla su actividad biológica. La mina también repercutió negativamente en las demarcaciones hídricas Miño-Sil y Duero en forma de escombros y alteraciones del caudal.

Victorino Alonso, de 68 años, es uno de los nombres más conocidos en la minería leonesa y asturiana. El ahora condenado almacenaba en marzo del año pasado, justo al comienzo de la pandemia y con gran escasez de protección para los sanitarios, unas 600.000 mascarillas en una de sus naves de Ponferrada (León). La Policía Nacional se hizo con este material y se los repartió a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Sanidad. La Fiscalía, por otro lado, tiene recurrida una sentencia de septiembre de 2019 de la Audiencia Provincial leonesa que lo condenaba a dos años y medio de prisión por una explotación ilegal, durante 13 años, en la mina El Feixolín (Villablino, León). El Ministerio público le reclamaba una sanción mayor.

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