Todos los ayuntamientos deberán censar los edificios con amianto para su retirada

En el metro, en las escuelas, en naves industriales, en los edificios y oficinas... Como una “epidemia silenciosa” definen varias organizaciones medioambientales, sanitarias y sociales los efectos del amianto, un material de construcción ahora prohibido pero muy utilizado en la segunda mitad del siglo pasado. La nueva ley de residuos y suelos contaminados que prepara el Gobierno obligará a todos los ayuntamientos de España a elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario para la retirada de este material cancerígeno.

Solo el mesotelioma, un tumor muy agresivo que afecta a la pleura y causado principalmente por la exposición al amianto, se cobrará la vida de 300.000 ciudadanos europeos de aquí a 2030, según varios informes del Comité Económico y Social Europeo, un órgano consultivo de la UE. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que cada año en Europa se diagnostican entre 20.000 y 30.000 nuevos casos de enfermedades relacionadas con el amianto.

Se prevé que el proyecto de ley de residuos que ultima el Ministerio para la Transición Ecológica en el que se incluirán medidas contra el amianto sea aprobado entre marzo y abril en el Consejo de Ministros. Luego será enviado a las Cortes para su tramitación definitiva, señala el departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera. La norma, que debe servir para trasponer un par de directivas europeas ante el riesgo de que España vuelva a ser expedientada por otro incumplimiento medioambiental, creará dos nuevos impuestos: uno sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración y otro especial sobre los envases de plástico no reutilizables, como anunció el pasado año el Gobierno.

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Pero la última versión del proyecto, a la que ha accedido EL PAÍS, incluye como novedad una disposición adicional en la que se establece que “antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada”. “Dicho censo, que tendrá carácter público, será remitido a las autoridades sanitarias y medioambientales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado”, añade el proyecto.

La puesta en marcha de medidas contra este material es una reivindicación de un amplio grupo de colectivos, como la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la Asociación Española contra el Cáncer, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y Ecologistas en Acción, que se han unido para solicitar una ley integral contra el amianto. A la espera de esa norma específica, en la ley de residuos ya se fijará la obligación de la realización de los censos. Esta había sido una solicitud concreta de este colectivo. Carlos Arribas, miembro de Ecologistas en Acción, aplaude que se haya incluido el censo obligatorio, aunque considera que la propuesta de su organización era “más ambiciosa”. Pedían, por ejemplo, el establecimiento de mandatos de retirada del amianto con fechas concretas. Una portavoz de Transición Ecológica apunta a que el “ministerio no puede ir más allá de sus competencias”; según señala, la mayoría de responsabilidades en este caso residen en las comunidades y los consistorios.

“El amianto está por todas partes”, alerta Arribas. Como un problema de “salud pública, medioambiental y laboral” define este asunto la plataforma que busca esa ley específica contra este material contaminante. Sus integrantes, que en noviembre hicieron público un manifiesto, lamentan que en España todavía no se haya “abordado un instrumento legislativo para erradicar el amianto”. “Se estima que el 65% del amianto instalado en todo el territorio español ha finalizado su vida útil (30-35 años), lo que incrementa su peligrosidad al desprender una mayor cantidad de fibras letales al ambiente”, señala la plataforma.

Arribas considera que la erradicación del amianto no solo puede tener beneficios para la salud y el medio ambiente, sino también para la actividad económica del país. La sustitución de este material por otros puede impulsar al sector de la rehabilitación de edificios, por lo que su organización propone que esta actividad sea incluida en los planes de recuperación que se impulsarán con fondos públicos nacionales y europeos.

Bajas tasas de reciclaje

Más allá del amianto, España tiene un problema con sus bajas tasas de reciclaje y se arriesga a un nuevo expediente sancionador europeo por este asunto. Según la memoria de impacto del proyecto de ley de residuos, en 2016 en la Unión Europea se reciclaron de media el 46% de los residuos municipales. En España, ese porcentaje fue del 34%; el destino mayoritario fue el vertedero —el 54%—, mientras que el 12% fue incinerado.

El anteproyecto de ley de residuos creará un nuevo impuesto estatal que penalizará el depósito en vertederos y la incineración. Como apunta el preámbulo de la norma, el objetivo es desincentivar estas prácticas para impulsar el reciclaje. Bruselas ya había aconsejado a España que pusiera en marcha esta figura. Y en el proyecto se explica que algunas comunidades ya tienen ese tributo. Pero “la falta de armonización” y “el hecho de que algunas comunidades autónomas hayan hecho uso de estas figuras impositivas y otras no, debilita la efectividad de este instrumento”. Lo recaudado por la nueva tasa será transferido a las autonomías.

Según una directiva europea de 2008, España debería haber reciclado en 2020 un 50% de sus residuos urbanos. El dato cerrado del pasado año no se conoce, pero la trayectoria seguida en los últimos años hace pensar que no se llegará a cumplir con esa meta.

16 organizaciones ecologistas y sociales decidieron hace un mes presentar una demanda contra el Gobierno de España por este asunto. La Comisión Europea, ante el riesgo de que España no llegara a ese 50% de reciclaje obligatorio, envió un informe de advertencia al Gobierno en 2018 en el que le realizaba algunas recomendaciones. Entre ellas, que impulsara “instrumentos económicos” nacionales, como los impuestos sobre el vertido y la incineración. En la memoria de impacto que acompaña al proyecto de ley, se apunta a que España ya ha recibido una carta de emplazamiento de la Comisión Europea —lo que supone el inicio de un expediente— por el incumplimiento de los plazos de transposición de la directiva 2018/851 sobre residuos.

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