Nicolás Cataldo y la deuda histórica de los profesores en Chile: “Tenemos la oportunidad de cerrar una herida”

El presidente Gabriel Boric intenta saldar una promesa de campaña antes de concluir su mandato, en marzo de 2026: el pago de la deuda histórica del Estado chileno, originada en 1981, con miles de profesores que durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) sufrieron un perjuicio salarial después que la administración de los establecimientos educativos fue traspasada desde el Ejecutivo a las municipalidades, lo que impidió un reajuste de sueldos —contemplado en un decreto ley— al ser desconocido por sus nuevos empleadores.

Así, el Gobierno ingresará este martes un proyecto de ley en el Congreso, de mayoría opositora, para proceder con la reparación de 57.560 afectados vivos, con un aporte de 4,5 millones de pesos chilenos (casi 4.600 dólares) en un plazo de seis años: octubre de 2025 a enero de 2031. Nicolás Cataldo (Valparaíso, 40 años), ministro de Educación y militante del Partido Comunista (PC), dice que esperan poner la calificación de urgencia para la tramitación de la iniciativa legislativa. “Todos los días mueren profesores y profesoras [sin ser indemnizados]”, indica en una entrevista en su despacho en el centro de Santiago.

La deuda histórica con los profesores es una cuestión conocida por Cataldo, quien durante años ha estado vinculado al mundo de la docencia. Antes de ser designado subsecretario de Educación del Gobierno de Boric, en marzo de 2022, y luego ministro, en agosto de 2023, en lugar del entonces renunciado Marco Antonio Ávila, Cataldo fue académico en la Universidad de Valparaíso y también trabajó en el legislativo de la cartera de Educación durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018) involucrándose, entre otros proyectos, con leyes de incentivo al retiro docente.

Recuerda que, en esa época, la entonces ministra de Educación, Adriana Delpiano, le encargó trabajar directamente en una reparación de la deuda histórica: “Como sector político [izquierda], tenemos la convicción de que esta situación se debe resolver. Sin embargo, a lo largo del tiempo, hemos encontrado resistencia, sobre todo de los distintos ministros de Hacienda, por lo que el pago significa en términos fiscales”.

Hasta hace siete años no se sabía con precisión cuántos profesores habían sido afectados por la medida tomada por Pinochet. En 2017, Cataldo junto con un equipo de la cartera de Educación cotejaron datos en archivos, algunos ilegibles, y cruzaron esta información con el Registro Civil, los tribunales y el sistema de pensiones de Chile. Entonces, el resultado fue un aproximado de 76.000 docentes, de los cuales 67.000 se encontraban vivos. Pero, en 2022, fueron incorporados otros 5.000.

Cerca de 20.000 han fallecido en las últimas dos décadas, según datos del Colegio de Profesores de Chile. “Son personas muy mayores. De ese grupo estimamos que más de 15.000 profesores tiene más de 80 años”, explica el ministro. En una etapa inicial, tendrán prioridades en los pagos los afectados con edades más avanzadas; para seguir con otros segmentos etarios.

Boric, quien presentó la iniciativa de reparación en el Palacio de La Moneda este lunes, junto a Cataldo y otras autoridades, recordó que conoció a dos docentes que fallecieron sin que la deuda fuera saldada, entre ellas, Zaida Szigethi, a los 82 años, el 14 de octubre de 2024, y oriunda de la región de Magallanes, en el extremo sur de Chile. “La deuda real es mayor, y es importante no esconderlo. Hemos logrado llegar a una propuesta dentro de lo que nos permite hoy en día las estrecheces fiscales, pero también sabiendo que muchos que ya no están”, dijo el presidente.

Muchos de los profesores solían manifestar todos los jueves en la plaza de La Constitución, frente La Moneda, con megáfonos y carteles en manos, en búsqueda de soluciones. En diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, condenó a las municipalidades chilenas al pago de asignaciones especiales a 846 docentes afectados que contaban con sentencias judiciales favorables, pero que el Estado no había ejecutado. Estos indemnizados representan un 11,4% de los profesores que siguen sin pagársele aún. “Es un segmento muy peculiar o único, cuyo proceso judicial demoró décadas”, dice Cataldo, quien considera que ya no es un camino para adultos con 80 años o más.

Anticipa que, en el Congreso, donde se tramitará la iniciativa, podría conseguir consensos. “Nunca ningún proyecto es fácil [en su trámite legislativo], pero este tiene condiciones distintas porque es una deuda histórica que todos los sectores políticos han sostenido en algún momento. Es decir, parlamentarios de derecha e izquierda se han comprometido a apoyar esto en diferentes momentos”.

Cataldo opina que, entre los educadores y el Gobierno, han llegado a una propuesta “extremadamente razonable” para el pago de la deuda. “Los profesores están viendo cómo se les va la vida sin que se salde la deuda histórica. Con el reconocimiento del Estado tenemos la oportunidad de cerrar una herida, lo que puede tener más un valor simbólico que monetario. Es un reconocimiento moral a un daño provocado, ya que se sabe que la posibilidad de pagarla no existe completamente. Estamos hablando de cifras de cientos de millones en algunos casos”.

Esto se saldaría con recursos provenientes del fisco, que no implicarían un gasto permanente debido a que se trataría de un pago único, recalca el titular de la cartera de Educación. De ser aprobado en el Legislativo, el mayor desembolso se haría durante el actual Gobierno.