La oposición chilena carga contra el ministro de Educación por sus políticas de género

El Congreso chileno votará este miércoles 12 una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. En cuatro de los siete capítulos del libelo, que persigue la destitución del secretario de Estado, hay referencias a las políticas de género o educación sexual. Uno de los invitados a declarar ante la comisión acusatoria fue Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano. “Su activismo LGTBIQ+ [el del ministro] y su condición ha superado el límite de lo privado”, sostuvo la exportavoz del llamado Bus de la libertad, traído a Chile en 2017 por la organización española ultracatólica Hazte Oír. El Gobierno de Gabriel Boric salió en bloque a condenar las declaraciones.

“Las acusaciones constitucionales son legítimas herramientas de fiscalización de los diputados. Desgraciadamente, la acusación al ministro Ávila está marcada por la homofobia, que aquí [en el vídeo de la audiencia de Aranda] queda claramente en evidencia. Esto no debería ser aceptable en nuestra sociedad”, sostuvo el presidente Boric en sus redes sociales. El diputado de Renovación Nacional, de la derecha tradicional, Miguel Becker, responsable de la participación de Aranda en la comisión, se excusó argumentando que el Observatorio Legislativo Cristiano le había pedido intervenir y este aceptó sin saber quién sería el expositor. En una entrevista a CNN sostuvo: “No tengo problemas de homofobia con nadie en la medida que no se metan con mis hijos o hijas”.

Los 11 parlamentarios firmantes del libelo achacan al ministro Ávila que las políticas de su cartera están infringiendo el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y el incumplimiento de sus responsabilidades para hacer frente a la “profunda crisis educativa”. Los capítulos acusatorios incluyen el retraso en la entrega de los resultados de la prueba del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) de 2022, -los peores de la última década-, el ausentismo y la deserción escolar (más de 50.000 estudiantes abandonaron el sistema educativo entre 2021 y 2022), problemas en la infraestructura y deterioro de la calidad educacional. También el incumplimiento del papel de supervisión de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por supuestas irregularidades en los fondos para los programas de alimentación escolar.

Esta es la cuarta acusación constitucional que presenta la oposición a algún miembro actual o antiguo de la Administración de Boric. Es un libelo que llega en un momento complejo para el oficialismo, que está en medio de una crisis por el llamado Caso Convenios, que investiga la fiscalía chilena, y que surgió hace tres semanas por el traspaso de millonarios fondos del Estado a fundaciones sin fines de lucro ligadas a Revolución Democrática (RD). Es también el partido en el que milita Ávila, de los más importantes del Frente Amplio, la coalición del mandatario chileno, y cuyo fundador y líder es el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, de quien varios parlamentarios de las derechas han exigido su dimisión.

Ávila y Jackson son, además, los únicos miembros del gabinete de Boric que militan en RD.

Desde La Moneda defienden que la acusación no tiene sustento porque apunta a temas de gestión del ministerio y no a infracciones a la Constitución. “No hay argumento político-jurídico que la sostenga. Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación”, sostuvo también la portavoz del Gobierno de Boric, Camila Vallejo. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, calificó de “enorme gravedad” el tono de la discusión y afirmó que “cualquier forma de homofobia debería estar simplemente erradicada en Chile”.

La comisión de diputados encargada de analizar la admisibilidad del libelo, liderada por el oficialismo, rechazó este martes la iniciativa por tres votos contra dos. La decisión no es vinculante, pero recomienda a la Cámara Baja votar en contra. La oposición necesita que la mayoría de los diputados presentes apruebe el libelo (78 si están todos presentes) para que pase al Senado. Si todas las bancadas de las derechas e independientes conservadores votan a favor, suman 70. Evópoli, de la centroderecha, solo ha dicho que va a evaluarlo (tienen cuatro diputados). Otra interrogante apunta a lo que hará la Democracia Cristiana, partido de centroizquierda que no es parte del oficialismo.

La polémica por las declaraciones homófobas -de la que se han desmarcado varias autoridades de las derechas- puede frenar el impulso que había adquirido la acusación en las últimas semanas en medio de la crisis educacional. Si se aprueba este miércoles el libelo, pasa al Senado, donde, de ver luz verde, el ministro será destituido e inhabilitado de ejercer cargos públicos por un plazo de cinco años. Esto quiere decir que Ávila, profesor, no podría ejercer la docencia en establecimientos públicos.