El Congreso chileno salva a Giorgio Jackson, el mayor aliado político de Boric

El Congreso chileno ha salvado al ministro de mayor cercanía histórica con el presidente Gabriel Boric, el ingeniero Giorgio Jackson, a cargo de la cartera de Desarrollo Social. Este jueves, la Cámara de Diputados ha votado una acusación constitucional en su contra presentada por el Partido Republicano, de extrema derecha, que buscaba su dimisión y que no pudiera ejercer cargos públicos por cinco años. Los parlamentarios, sin embargo, le dieron un respiro al Gobierno. Con 76 votos en contra, 68 a favor y seis abstenciones, la iniciativa fue desestimada. “En la sala se esgrimieron argumentos de corte político que, más allá de ciertos epítetos, recojo con humildad y para considerar algunas de las críticas que puedan servir para mejorar nuestra gestión”, aseguró Jackson, de 35 años, que fue dirigente del movimiento universitario de 2011 junto a Boric, luego diputados por ocho años, fundadores del Frente Amplio y dupla en la campaña presidencial de 2021.

Jackson formalmente ya no pertenece al primer círculo de toma de decisiones de La Moneda, el comité político. Luego de la derrota de la propuesta de nueva Constitución en el plebiscito del 4 de septiembre, Boric lo sacó del ministerio de la Secretaría General de Gobierno, que lleva las relaciones con el Parlamento, justamente por los inconvenientes que tuvo en la relación con congresistas de diferentes sectores. Fue el primer gran rediseño de su Gabinete, donde el mandatario tuvo que sacar de los ministerios clave a figuras de inmensa cercanía política, como Jackson, que pasó al ministerio de Desarrollo Social. Pero sigue teniendo influencia ante el presidente, un dato que la oposición extrema no pasa por alto. Apenas se reanudaron las sesiones en 2023, el Partido Republicano de José Antonio Kast, que tiene 10 diputados y otros tantos aliados, levantó este juicio político contra Jackson por diferentes capítulos.

Lo acusaban por “abuso de autoridad y de poder, reflejado en un ministro de Estado que, por su cercanía con el presidente de la República y su aparente inamovilidad, traspasó los límites de su propia autoridad, vulnerando la Constitución Política”, aseguraba el escrito de 150 páginas donde se fundamentaban las razones para buscar su destitución, a partir de diversos episodios controvertidos en la cartera de Jackson, como una subordinada que lo acusó de presionarla para tomar determinado tipo de definiciones. Pero, finalmente, la acusación del Partido Republicano buscaba aprovechar un momento político de debilidad del Gobierno para atacar a una persona cercana al presidente que, por diversos asuntos, no goza de la mayor simpatía ni siquiera de sus aliados políticos del socialismo.

“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del Gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centroizquierda y la izquierda. Estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”, aseguró Jackson en agosto sobre los sectores moderados que fueron parte de la Concertación y que hoy están en el Gobierno, en ministerios clave como Interior o Hacienda. La frase desafortunada aumentó las tensiones.

A Jackson tampoco se le perdona que como diputado opositor haya apoyado 11 de 14 acusaciones constitucionales, algunas contra el presidente anterior, Sebastián Piñera. Le juega especialmente en contra lo que ocurrió en noviembre de 2021, cuando un parlamentario de su sector habló por horas en el hemiciclo para lograr que Jackson llegara al Congreso y pudiera apoyar la acusación constitucional contra el presidente, en un viaje que Jackson incluso transmitió por las redes sociales.

En el resultado de hoy fueron cruciales las abstenciones de cuatro diputados de la oposición que decidieron no cuadrarse con el Partido Republicano, a diferencia del resto de su sector. Para el Gobierno, sin embargo, no han terminado las complejidades. La próxima semana la Cámara de Diputados revisará la acusación constitucional contra la que era la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por la polémica de los 13 indultados por el presidente Boric el pasado 30 de diciembre. Esa arremetida, sin embargo, está impulsada por el conjunto de la coalición opositora Chile Vamos, de la derecha tradicional.

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