Ana Lya Uriarte: “El sello transformador era, es y seguirá siendo el sentido de existencia del Gobierno de Boric”

El Gobierno de Gabriel Boric pasa por un momento muy difícil. Lleva 10 meses en La Moneda, en marzo cumple su primer año en el poder, pero la desaprobación al mandatario de izquierdas llega al 70%. El 4 de septiembre pasado, el proyecto político que defendía esta Administración sufrió una fuerte derrota en las urnas: un 62% de los chilenos rechazó la propuesta de nueva Constitución redactada por una convención constitucional. Era un texto que cambiaba profundamente el diseño institucional del país y el Gobierno apostaba por su aprobación como parte fundamental de las transformaciones que busca llevar adelante hasta 2026. El resultado representó un cambio de la atmósfera política y de la correlación de fuerzas, donde la derecha quedó fortalecida y el Gobierno, según algunos analistas, en medio de un vacío existencial.

La ministra de la Secretaría General de la Presidencia, la socialista Ana Lya Uriarte, forma parte del equipo de ministros que debutó luego del plebiscito para hacer frente a la nueva etapa. Política con experiencia que forma parte del núcleo cercano de Michelle Bachelet (que gobernó Chile en dos ocasiones), la abogada experta en temas medioambientales tiene en sus manos la relación con el Parlamento, donde el Gobierno no tiene mayorías. Pero, aunque la nueva fórmula evidenció un cambio –hace dupla con la ministra del Interior, Carolina Tohá, otra política de peso–, no ha sido suficiente para controlar la agenda política y evitar los errores.

El pasado 30 de diciembre, el presidente decidió indultar a 13 condenados, 12 de ellos por delitos cometidos en el estallido social de 2019, en medio de la mayor crisis de seguridad pública que haya enfrentado el país. Boric dijo que eran inocentes, pero luego se conoció el largo prontuario de algunos de los liberados. La crisis derivó hace una semana en la salida de la ministra de Justicia y del jefe de Gabinete del mandatario, que reconoció que hubo un proceso desprolijo. Como corolario, la portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, aseguró el lunes que el presidente no tuvo todos los elementos a la vista antes de tomar la decisión. La oposición no parece estar dispuesta a soltar la presa.

Han sido días complicados para el comité político de La Moneda, que integra como pieza fundamental Uriarte, que fue madre a los 13 años recién cumplidos, lo que ha marcado su carácter personal y político: “Haber sido mamá tan joven fortaleció mi carácter y la fuerza”, relata a EL PAÍS en La Moneda, sentada en la cabecera de una mesa larga, donde tiene montones de documentos, apuntes y un tarro con nueces.

Pregunta. ¿Le preocupa al Gobierno el 70% de desaprobación del presidente?

Respuesta. La coyuntura tiene impactos en los niveles de aprobación y desaprobación que tiene el Gobierno, el presidente, las fuerzas políticas, las instituciones. Nos preocupa muchísimo el momento político complejo que estamos atravesando. Hay un ambiente de tensión política que se ha manifestado en dos acusaciones constitucionales [que busca el castigo por las 13 liberaciones de condenados contra Marcela Ríos, que era ministra de Justicia, y la destitución por otro caso del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, cercano al presidente], una comisión investigadora en el Congreso por los indultos y requerimientos de información por parte de la Contraloría por este mismo caso. Este momento nos obliga a hacernos cargo y responder.

P. ¿Por qué se tomó la decisión de indultar a 13 personas?

R. A propósito de las facultades presidenciales que están reservadas al presidente de la República, siempre es muy, muy complicado para sus ministros o para cualquier persona hacer una interpretación de todo lo que estuvo en la mente del presidente, porque es una facultad exclusiva y excluyente. Quisiera limitarme a señalar que el presidente hizo uso de una facultad que contempla la Constitución. Con el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, con todos los antecedentes en la mano podremos generar las respuestas jurídicas que correspondan. Y no agregaría más a ello.

P. ¿Qué revela del Gobierno este episodio, que incluye listas donde entran y salen nombres de indultados y que el mismo presidente calificó de poco prolijo?

R. Como ministra de la Secretaría General de la Presidencia esperaré la opinión experta del ministro de Justicia respecto del proceso de los indultos. Lo que no puedo desconocer es que ha sido un proceso complicado, con dificultades importantes.

P. ¿Usted, como ministra del comité político, le advirtió al presidente lo riesgoso de los indultos?

R. Con lo que realmente puedo contribuir para superar este momento es abstenerme de entregar todo tipo de antecedentes, hayan ocurrido o no, respecto de este proceso. Concentrar todo en manos del ministro de Justicia.

P. ¿Qué ha pasado en la política chilena desde el plebiscito de hace ya cuatro meses?

R. El 4 de septiembre fue un día impactante para todos aquellos que estábamos por aprobar el texto, porque se impuso la opción de rechazar por un porcentaje realmente muy significativo. Un resultado de esa contundencia indudablemente marca no solo un cambio a la forma de enfocar el Gobierno, sino que inicia una reflexión política compleja y profunda. Pensábamos que podíamos ganar o perder, pero por diferencias de pocos puntos. El resultado remece la mirada en torno al proceso plebiscitario mismo como del contenido del proyecto de Constitución rechazado.

P. Esta semana, las fuerzas políticas en el Parlamento acordaron una nueva ruta constitucional…

R. Tras el 4 de septiembre, el presidente Boric tuvo una claridad encomiable en que, si bien se rechazó el proyecto de Constitución que había elaborado esta convención, el resultado no podía leerse como una manifestación de que la ciudadanía no quería una nueva Carta Magna. Entendemos vigente ese 78% del pueblo chileno que en el plebiscito de octubre de 2020 estuvo por una nueva Constitución que deje atrás la de Pinochet de 1980. En ese marco, el presidente le pide al Congreso que asuma la articulación de un gran acuerdo político que nos encamine nuevamente a un proceso constituyente, de carácter diferente al fallido.

P. ¿Fue un error que el Gobierno se jugara tanto por una de las opciones en el proceso anterior?

R. El presidente Boric ganó la presidencia de la República siendo un hombre de izquierda, con un programa transformador y era completamente insoslayable que el nuevo Gobierno tuviera una adhesión al proceso constituyente que se estaba desarrollando en Chile el año pasado. No lo considero un error, sino una realidad ineludible atendiendo a quiénes somos.

P. ¿Cuál es el nuevo enfoque del Gobierno desde septiembre, al que hace mención?

R. Tras el porcentaje tan importante que rechazó el proyecto de nueva Constitución en septiembre, se cerró un ciclo. Porque ya no se trata de implementar una nueva Carta Fundamental, sino de poner la máquina a toda capacidad y potencia para responder a las urgencias de los chilenos y chilenas. Es un nuevo tiempo que emprendimos con fuerza y decisión. Teníamos presentada la reforma tributaria, luego la reforma previsional y hemos estado legislando con un cúmulo de iniciativas. Entre marzo y fines de 2022 tenemos 18 proyectos que ingresaron en este Gobierno y que están convertidos en ley.

P. Este nuevo tiempo, como usted lo llama, ¿es más realista y moderado?

R. Lo describiría de una forma distinta: tras el plebiscito, nos abocamos con toda la fuerza al cumplimiento del programa, que tiene el sello transformador que todos los partidos que sustentan esta Administración aspiran a que se materialice para que cambie para bien la vida de los chilenos. El sello transformador era, es y seguirá siendo el sentido de existencia de este Gobierno. Pero en la reforma tributaria, por ejemplo, ya se han ingresado tres paquetes de indicaciones con unos 80 cambios que aportan a que el proyecto siga avanzando y no por eso deje de tener el sentido de mayor justicia tributaria que es el que perseguimos.

P. ¿Cómo avanzan los diálogos en un Congreso donde no tienen mayoría y hay alta fragmentación?

R. Con mucha fuerza, pero también con capacidad de diálogo y apertura a una deliberación democrática, hemos ido avanzado. Buscamos convencer democráticamente, no imponer. Porque para aprobar cualquier ley necesitamos ir más allá del oficialismo. Buscamos fórmulas que nos permitan cumplir con los objetivos que nos hemos planteado, pero acogiendo miradas, planteamientos y puntos de vista distintos.

P. Usted ha sido parte de los dos gobiernos de Michelle Bachelet y, en el segundo, como jefa de Gabinete. ¿Cómo se sale de este momento complicado para el Gobierno de Boric?

R. Una ya sabe, porque efectivamente tiene la experiencia de gobiernos anteriores, y porque la historia lo dice: en algunas de sus épocas, a los gobiernos les toca transitar por momentos muy difíciles y lo importante es tener el temple y la tranquilidad para superarlos. Que estemos viviendo un momento político complejo no significa que se haya producido una parálisis del Gobierno.

P. Un analista del Frente Amplio de Boric, Carlos Ruiz, decía hace algunos días que “el futuro del Gobierno está en juego y hay que definir pronto un norte y un relato”.

R. No comparto una mirada de esa naturaleza y sobre todo a tan poco tiempo de que hayamos llegado a La Moneda. Llevamos poco más de 300 días y tenemos todavía tres años por delante.

P. La presidente de un partido de Gobierno, Flavia Torrealba, escribió hace unos días que “la derecha está sitiando al presidente de una manera tan cuestionable y peligrosa, que están llevando al país a una crisis institucional”. ¿Es eso lo que está ocurriendo en Chile?

R. No comparto esta visión dramática y algo catastrófica. Estamos atravesando un momento político complejo, pero todo se desarrolla dentro del marco institucional.

P. El Gobierno de Boric cumplirá en marzo el primer año. ¿Cuál es su balance?

R. Siendo un año tan intenso y con tantos elementos que otros gobiernos no han vivido –como el plebiscito de salida de una Constitución, y que ese proceso haya fallado– este Gobierno en un año ha sido capaz de mantener la gobernabilidad, normalidad y las certezas en la vida de las personas.