Síndrome de la rana hervida

Los recientes datos de actividad económica chilena han atizado un debate donde el regateo en torno a un par décimas porcentuales y de días hábiles más o menos en las estadísticas han llevado a los comentaristas de la actualidad a construir realidades diametralmente distintas. Un menudeo, en todo caso, propio de la lectura de datos con anteojeras políticas.

Así, por ejemplo, el 0,2% de expansión del PIB de 2023 o el reciente Índice Mensual de Actividad (Imacec) de 4,5% de febrero han sido vistos como cifras que marcan el inicio de una nueva fase económica o, de otro lado, como un par de datos escuálidos que sólo un conformista podría celebrar, dadas su magnitud y las perspectivas de mediano y largo plazo que persisten para la economía chilena.

Pero el juego de las declaraciones de prensa y la niebla que emana de las columnas de expertos elegidos por los medios de comunicación con lógica de cuoteo poco ayudan a que a partir de estos mínimos acuerdos las políticas públicas comiencen a hacerse cargo de los profundos problemas, que son muchos, que amagan la posibilidad de retomar una senda de progreso tras casi una década de evidente estancamiento y pérdida de liderazgo económico.

El Informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre pasado podría anotarse no sólo como un hito que golpeó duramente los egos locales (al mencionar a Chile, Haití y Argentina como las únicas naciones sudamericanas que no crecerían en 2023), sino que también como un parteaguas que hizo que la disputa de décimas y días hábiles se transformara en cosa de vida o muerte para los expertos con agenda política.

Para salir de ese juego de suma cero puede ser útil consultar los últimos pronunciamientos de tres entidades que por diseño institucional tendrían que estar más allá del bien y el mal: el Banco Central de Chile, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). En efecto, las tres entidades tienen en común tener una institucionalidad emana de leyes o decretos leyes y cuerpos directivos nombrados a través de mecanismos que dan garantías de autonomía e independencia en la medida que todos sus consejeros o comisionados llegan a ejercer sus cargos con el acuerdo de la Presidencia de la República y/o el Senado.

¿Cuál es el diagnóstico más reciente que han entregado estas instituciones?

Partiendo por el Banco Central, el pasado 3 de abril se conoció el primer Informe de Política Monetaria (IPoM) de 2024. En él, si bien varias cifras de corto plazo mostraron un sesgo de leve mejora y alentaron un “moderado optimismo”, al levantar la mirada y poner en contexto el estado de situación, se ve un panorama nada de alagüeño en materia crecimiento potencial e inversión.

Efectivamente, el IPoM estima que en los próximos dos años el país registrará tasas de expansión en torno al magro crecimiento potencial que tiene la economía, cercano a 2%. Y, añade, ello estará explicado en gran medida por nulos o negativos crecimientos en la formación bruta de capital fijo. Esta proyección cobra mayor valor para el análisis si se considera que el período 2014-2023 se inscribe como uno de las más desastrosos de nuestra historia económica contemporánea, con una tasa de crecimiento promedio anual para el período de sólo 1,9%, la que al ser corregida por el crecimiento de la población, arroja un casi nulo 0,6% de expansión anual per cápita para esa década (cifras estimadas por Gonzalo Sanhueza y Arturo Claro en artículo para la FEN Una década perdida).

En el caso de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), el diagnóstico tampoco es alentador. En efecto, el pasado 10 de enero la entidad liberó un estudio que en resumen estableció que en 2023 la Productividad Total de Factores (PTF) cayó entre 1,8% y 2,4%, consolidando un período de ¡15 años! (2008-2023) de pérdida en la productividad, un fenómeno complejo a la hora de acotar sus causas, pero que ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar y resolver debates como el de la permisología. Sin ir más lejos, la propia CNEP alertó a mediados de 2023 en su informe Análisis de permisos sectoriales prioritarios para la inversión en Chile, que existen 71 entidades responsables de entregar 309 permisos para que un proyecto se transforme en una inversión, de los cuales 63 son de carácter crítico, ya que pueden paralizar un proyecto en su etapa de tramitación.

Finalmente, pero no menos relevante, para hacer un diagnóstico acabado es necesario poner sobre sobre la mesa las últimas advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) sobre el estado de cosas de las finanzas públicas. Este organismo autónomo, insistimos, advirtió en uno de sus más recientes pronunciamientos (el pasado 31 de enero) que si las cifras de déficit fiscal se mantienen en los años siguientes “no (se) garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y podría generar que la deuda pública sobrepase su nivel prudente”, que se ha estimado en 45% del PIB.

Tres diagnósticos, todos de entes respetables y respetados, y todos coincidentes en tanto que encienden luces de alerta al mirar la película de los últimos años sin quedarse pegados rizando el rizo de la última foto estadística en materia económica.

Pocos discuten hoy que más o menos hace una década las cosas en materia económica, en promedio, no han ido para mejor. Son muchos los indicadores que así lo acreditan, varios de los cuales han sido mencionados más arriba, y otros en temas menos macro como la seguridad pública, la educación, o el saldo neto del talento, donde ya se advierte sobre una cierta fuga de cerebros en el país.

Diez años y más con noticias poco alentadoras, un período en que, tal vez, como en el síndrome de la rana hervida, ésa que no se da cuenta de los lentos cambios de temperatura hasta que es demasiado tarde, nos hemos acostumbrado a mirar las ramas y no el bosque.

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