María Jaraquemada y la investigación contra el jefe de la policía: “Es un golpe directo a la confianza ciudadana en nuestras instituciones”

Justamente cuando Chile enfrenta una batalla por la inseguridad pública, la Fiscalía ordenó este viernes el allanamiento de la casa y la oficina del jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz. El caso fue escalando durante el día y el funcionario presentó su renuncia durante la noche.

Los fiscales investigaban el teléfono móvil del influyente abogado Luis Hermosilla —por el caso de la filtración de un audio que remeció a la opinión pública desde noviembre—, cuando encontraron antecedentes que mostrarían que Muñoz cometió al menos dos delitos al informar al abogado sobre una determinada causa: la que involucra al anterior jefe de la PDI, Héctor Espinosa, del que Muñoz sería cercano.

Es un asunto complejo que se suma a los problemas que enfrenta el líder de la policía uniformada de Carabineros, el general director Ricardo Yáñez, que en mayo será formalizado por hechos ocurridos en el marco del estallido social de octubre de 2019.

María Jaraquemada lideró la Comisión Probidad, el equipo que en 2023 tuvo 45 días para recomendar medidas que mejoraran la relación entre las fundaciones de la sociedad civil y el Estado, en medio del caso Convenios. En entrevista con EL PAÍS, analiza los últimos hechos que complican a las policías. Miembro del Consejo para la Transparencia, lo hace a título personal.

Pregunta. ¿Qué opinión le merece que el jefe de la policía chilena sea investigado por la Fiscalía, lo que desencadenó su renuncia?

Respuesta. Sorprende y preocupa, sin duda. Podemos verlo desde el lado del vaso medio vacío, en el sentido que una institución clave para nuestro país y que, en la última encuesta CEP –y en general– posee una muy buena evaluación y confianza ciudadana, se vea golpeado por un caso como este. El vaso medio lleno: esto se detecta, se investiga y se persigue, independiente de su posición, y no hay privilegios. Obviamente hay que esperar el término de la investigación y lo que la justicia determine en cuanto a su posible responsabilidad en los cargos que se le imputarán.

P. ¿Qué tan grave resulta que el director de la PDI esté siendo investigado por determinados delitos en medio de una crisis de inseguridad que enfrenta Chile?

R. Es grave, porque se va perdiendo la confianza ciudadana en instituciones clave en la investigación y persecución de delitos, lo que puede conllevar a menos apoyo, menos voluntad de denunciar ante estas entidades, pero además, pone de relieve la fragilidad de las instituciones y su posible captura por parte del crimen organizado.

P. La PDI es el brazo derecho de la Fiscalía. ¿En qué pie queda el sistema?¿Es acaso una especie de disparo a la línea de la flotación de la persecución de los delitos?

R. No necesariamente. El hecho que la misma Fiscalía esté formulando cargos demuestra su independencia y es una señal clave de algo básico en un Estado de Derecho, “nadie está por encima de la ley”. Pero sí pone de patente que es clave el fortalecimiento continuo de estas instituciones para evitar su captura por parte de otras instituciones, privados, crimen organizado y redes de corrupción.

P. ¿Tiene recuerdos que algo así se haya producido en Chile o es un hecho más bien inédito?

R. No es el primer director general de la PDI investigado. De hecho, por la información que se ha divulgado, Muñoz habría filtrado información precisamente sobre las investigaciones al ex director general, Héctor Espinosa, por posible corrupción. Pero sin duda son casos excepcionales y que nos llaman mucho la atención y al que esperamos nunca acostumbrarnos ni normalizarlo.

P. Efectivamente, todo indica que Muñoz habría entregado información al abogado Hermosilla, en su papel de abogado defensor en una causa que involucra a su antecesor en la PDI. ¿Esto del traspaso de información sucede más de lo que se cree en Chile o, a su juicio, sería algo más bien excepcional?

R. Esto es muy difícil de saber. Muchas veces esto puede quedar en reserva, secreto entre las partes. Si bien el caso, de ser cierto, es totalmente repudiable, la buena noticia es que se estaría conociendo e investigando.

P. ¿Cómo este hecho impacta al Gobierno y a la lucha contra la delincuencia que emprende?

R. Si bien la PDI no es parte propiamente tal del Gobierno, la corrupción en el sector público golpea al Estado completo. Eso es lo grave y lamentable, es un golpe directo a la confianza ciudadana en nuestras instituciones. Pero como solemos decir en el mundo anticorrupción: no hay país sin corrupción, la clave está en cómo reaccionará nuestra institucionalidad frente a este posible nuevo caso.

P. A su juicio, ¿estamos ante hechos de corrupción o, al menos, de poca transparencia?¿cómo los calificaría?

R. Los tribunales tienen la palabra final, según los antecedentes que se vayan acreditando, pero se da a entender por la información trascendida que, efectivamente, se trataría de un abuso de poder para su propio beneficio (o de personas cercanas a él), al dar información confidencial y reservada de investigaciones en curso.

P. ¿En qué medida este hecho daña la confianza ciudadana en torno a las policías, que se había recuperado en buena medida tras el estallido social de 2019?

R. La daña. El cuánto, lo podremos ver con las próximas encuestas, como la CEP, donde la última vez que se la evaluó, la PDI era la institución con más confianza de todas las medidas, con un 56%. Ese daño puede mitigarse en la medida que las personas perciban que aquí no hay impunidad y se investigan estos hechos con imparcialidad, premura y seriedad y se sancionan acorde a su gravedad, de comprobarse.

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