‘Caso Luis Hermosilla’: allanada la casa y la oficina de Sergio Muñoz, director de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI

Funcionarios del grupo OS7 de Carabineros han allanado esta mañana de viernes la casa y la oficina de Sergio Muñoz Yáñez, director de la Policía de Investigaciones de Chile, PDI. Lo han hecho en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente por el caso Luis Hermosilla, que explotó en noviembre de 2023 luego de que se filtrara una conversación privada entre el influyente abogado chileno, la jurista Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, dueño del factoring Factop y la corredora de bolsa STF. En esta grabación, que causó un gran impacto público, se reconocen pago de coimas a funcionarios.

El allanamiento fue encargado por la Fiscalía luego de las pericias realizadas al teléfono móvil de Hermosilla. Los investigadores encontraron hechos constitutivos de delito que involucran directamente al director general de la PDI, el máximo cargo de la institución de policía civil. Pero, según reportan medios locales, se trataría de entrega de información sobre una causa distinta a la grabación filtrada: la que involucra a Héctor Espinosa, el anterior jefe policial (2015-2021). Muñoz habría entregado información a Hermosilla, que fue abogado defensor de Espinosa en una trama por la que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que defiende los intereses de Chile, se querelló por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activo.

Según informó la Fiscalía, el actual jefe de la policía chilena será formalizado por el delito de infracción a dos leyes: el artículo 31 de la Ley 19.913 y el artículo 246 del Código Penal. El primero se trata de un artículo que hace referencia al secreto de los procedimientos para terceros ajenos y afectados en la investigación preliminar de un fiscal.

“El que entregue o difunda información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de la investigación incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Esta prohibición y sanción se extenderá a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una investigación e, incluso, al hecho de estarse realizando ésta”, dice la ley.

El artículo 246 sostiene que “el empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en sus grados mínimo a medio o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales, o bien en ambas conjuntamente”. Y agrega: “Si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuno a treinta unidades tributarias mensuales”.

La audiencia de formalización contra Muñoz será el martes 19 a las nueve de la mañana en el Centro de Justicia de Santiago de Chile.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha dicho que el Gobierno espera que “esta situación no perjudique el trabajo policial, la estrategia de seguridad y, en definitiva, no termine perjudicando a las personas”, porque justamente Chile enfrenta una crisis inédita de inseguridad. Reconoció preocupación del Ejecutivo chileno: “Creemos que es muy importante que esta investigación se lleve adelante para esclarecer plenamente cualquier acusación que exista y se actúe de consecuencia en el marco de la ley”.

La PDI ha dado a conocer un comunicado en el que dicen que “la institución y el director general, respeta y acata el Estado de Derecho, por lo que cooperará con la indagación con la finalidad que se esclarezcan judicialmente los hechos”. Y agrega que como institución permanente del Estado de Chile, reafirma su “compromiso con la seguridad pública y el país”.

Las esquirlas de un escándalo

El escándalo desatado por el audio de Hermosilla remeció a la opinión pública chilena. Hermosilla –de una familia de reconocidos abogados– era uno de los penalistas más influyentes de Chile, con lazos políticos transversales. Litiga desde los fines de los años 70, cuando era militante comunista, aunque sus opciones políticas variaron con los años y, hasta que estalló el escándalo, compartía oficina con Andrés Chadwick, ministro del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera. Antes de la filtración del audio hace cuatro meses, era el asesor legal de Miguel Crispi, el jefe de asesores de Gabriel Boric, en la investigación del caso Convenios. Pero Crispi decidió prescindir de sus servicios.

Su hermano, Juan Pablo Hermosilla, asumió su defensa luego que la Fiscalía abriera una investigación.

Durante la conversación con Sauer y Villalobos, Hermosilla habla de pagos desde “una caja negra” a funcionarios públicos “en sobres” para obtener información. Además, menciona que los dineros irían a personas que trabajan en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el organismo que en Chile regula el mercado financiero y de valores, y el Servicio de Impuestos Internos (SII), el ente público que tiene a su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos de Chile. En ese minuto, los dos abogados actuaban como asesores legales de Sauer, cuya corredora había cancelada por la CMF.

La conversación, que se hizo pública a través de un artículo periodístico del medio Ciper, fue grabada en forma secreta por Leonarda Villalobos, según estableció la investigación, quien la envió luego a la esposa de Rodrigo Topelberg, socio de Sauer en Factop y STF. Es un caso que sigue siendo investigado en calidad de secreto.

Muñoz asumió como máxima autoridad de la PDI el 19 de junio de 2021, en reemplazo de Espinosa.

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