Miguel Crispi, el asesor más cercano a Boric, enfrenta su semana más compleja desde el inicio del ‘caso Convenios’

Después de tomar vacaciones en Chiloé, en el sur de Chile, Miguel Crispi (Francia, 38 años), jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, volvió el lunes a trabajar La Moneda. El regreso ha sido en una semana compleja para el sociólogo, pues entre jueves y viernes debe declarar por primera vez ante el fiscal Cristian Aguilar, a cargo de investigar una de las aristas del Caso Convenios. Lo hará en calidad de imputado en el marco de la ampliación de querella presentada por los diputados Cristián Araya y Juan Irarrázabal, del Partido Republicano, de la ultra derecha.

La acción legal apunta a la presunta responsabilidad del sociólogo cuando era subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) de Boric, en el cuestionado convenio del Gobierno Regional de Antofagasta con la Fundación ProCultura, por 630 millones de pesos (unos 655 mil dólares) y que estaban destinados a pintar fachadas en el casco histórico de la ciudad de Antofagasta, en norte chileno.

En paralelo, el fiscal indaga el eventual delito de omisión de denuncia cuando Crispi ya era jefe de asesores del presidente. Esto, porque de acuerdo con la legislación chilena, es deber de los funcionarios públicos denunciar hechos ilícitos de los que tengan conocimiento. El 6 de noviembre de 2023, ante la comisión investigadora del caso Convenios de la Cámara de Diputados, el sociólogo dijo que el 7 de junio, es decir, nueve días antes de que estallara públicamente el lío de platas de Democracia Viva, se enteró “por un rumor”. Entonces, agregó, llamó por teléfono a la subscretaria de Vivienda Tatiana Rojas –a quien Boric pidió la renuncia a mediados de 2023– para preguntarle “si había escuchado hablar de esto”. “Le digo que tome el caso y lo investigue, y le digo que si esto se comprueba que se tomen la decisiones correspondientes”.

Una posición de confianza

La declaración de Crispi es una diligencia que ha sido solicitada por su propia defensa en tres oportunidades, según detalla su abogado Guillermo Chahuán a EL PAÍS. Sin embargo, recién esta semana se concretará. Desde su defensa señalan que está tranquilo, que no tiene nada que ocultar y que quiere aclarar cuanto antes lo ocurrido en los casos en los que es investigado.

Este lunes, la fiscalía anunció que separó las causas que involucran al jefe del segundo piso, como se le denomina al equipo de asesores cercanos al presidente, además del exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y a la jefa de la Dirección de Presupuestos, Javiera Martínez, de las demás aristas del caso Democracia Viva, en las que, en cambio, se indaga, entre otros delitos, fraude al Fisco.

Jackson, quien hasta su renuncia en agosto al Gobierno era el ministro más cercano a Boric, y Javiera Martínez, también declararán ante el fiscal como imputados por posible omisión de denuncia. Tal como Crispi son militantes de Revolución Democrática, el mismo partido del que fueron expulsados los principales involucrados en el caso Democracia Viva: el ex secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antogafasta Carlos Contreras y el representante legal de la fundación, Daniel Andrade. Ambos están en prisión preventiva.

Fue precisamente Contreras quien, el domingo, en una entrevista al periódico La Tercera, reactivó las dudas en torno al papel del sociólogo, pues afirmó que Crispi le habría omitido información al presidente Boric referente a lo que ocurría con Democracia Viva. Y, de paso, acusó a Verónica Serrano, arquitecta y tía del jefe de asesores, quien fue jefa del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda desde junio a diciembre de 2022. “Ella valida el modus operandi que tuvo la jefatura de Asentamientos Precarios en todo Chile y que posteriormente Contraloría define como irregular”, señaló.

Las declaraciones de Contreras reabrieron las críticas desde la oposición. La secretaria general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), María José Hoffmann, llamó al Gobierno a analizar la continuidad del jefe de asesores. Desde La Moneda, en tanto, decidieron blindar a Crispi y restarle importancia. “No hay nada nuevo”, dijo este lunes la portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, respecto de los dichos del exseremi.

Esto, mientras en la víspera de su testimonio ante el fiscal, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha dicho este martes que la de Miguel Crispi “es una posición de confianza del Presidente” y que “mientras tenga la confianza, él va a estar ahí”.

De socialismo al Frente Amplio

Crispi es parte del grupo más cercano a Boric. Se conocieron cuando ambos formaban parte del movimiento estudiantil de 2011, desde donde surgió la generación política que llegó a La Moneda. Fueron haciendo camino juntos. Claro que, a diferencia de Boric, que entonces era parte el movimiento Izquierda Autónoma en la escuela de Derecho de la Universidad de Chile (hoy milita en Convergencia social), Crispi formó su trayectoria política desde la escuela de Sociología de la Universidad Católica, ligado al Nueva Acción Universitaria (NAU), un movimiento de centroizquierda. Durante esos años, Crispi era parte del Partido Socialista y participó activamente en la fundación Un techo para Chile, dedicada a enfrentar los problemas de vivienda del país.

En 2009, fue electo presidente de la Federación de Estudiantes (FEUC), cargo en el que dos años después lo sucedió Giorgio Jackson. En 2012 Crispi dejó el el Partido Socialista y junto a Giorgio Jackson fundó Revolución Democrática, unos de los principales partido del Frente Amplio y que ha estado en el foco desde que estalló el caso Convenios.

Hijo del empresario agrícola José Miguel Crispi y de Claudia Serrano, socialista y exministra del Trabajo del primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), por sus amplias redes y linaje político, al principio fue mirado con recelo por algunos de sus compañeros frenteamplistas, que lo apodaron el Príncipe.

En 2010 trabajó como director del área de jóvenes de la Fundación Dialoga, el centro de operaciones del círculo de hierro de Bachelet y en 2011 fue coordinador de la Red de Escuelas Líderes, iniciativa de la Fundación Chile, una organización público-privada dedicada a la innovación. Luego, entre 2012 y 2013 fue asistente de investigación del proyecto Historia de las políticas económicas en Chile, dirigido por el economista de la Universidad de Chile Óscar Landerretche, quien fue presidente de la minera estatal Codelco entre 2014 y 2018.

Pero fue durante el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018) que dio el salto: entró al gobierno como asesor para el equipo de reforma educacional en el Ministerio de Educación, liderado por Nicolás Eyzaguirre. Pero no duraría mucho tiempo. A poco andar el Frente Amplio decidió romper relaciones con la coalición de la Nueva Mayoría y apostar por un modelo alternativo.

En 2017 el sociólogo fue electo diputado, pero en los comicios de 2021 no logró la reelección. Cuando Boric fue elegido presidente, las apuestas eran que Crispi ocuparía algún ministerio u otro cargo de peso. Sin embargo, fue nombrado subsecretario de Desarrollo Regional, un cargo clave para el desarrollo de los territorios. Seis meses después, en septiembre de 2022, tras la salida de Lucía Dammert del Segundo Piso, entró en el corazón de La Moneda como jefe de asesores.

Hoy ambos cargos tienen a Crispi a punto de declarar ante el fiscal Aguilar.

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