Ley Lafkenche: la normativa chilena que enfrenta a las comunidades indígenas de Aysén con la industria salmonera

Este jueves la Comisión Regional de Uso del Bosque Costero (CRUBC) decidirá si aprueba o rechaza la creación de los Espacios Marítimos Costeros para Pueblos Originarios (ECMPO) para dos comunidades indígenas de las Islas Huichas y de la Reserva Nacional Las Guaitecas, en la región de Aysén, en el extremo sur de Chile. Es una solicitud que se tramita desde hace ocho años y entregaría más de 621 mil hectáreas de mar a un grupo de 59 personas de los pueblos originarios para su administración.

La petición fue realizada bajo el amparo de la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, promulgada hace 14 años y que nació producto del interés de las comunidades mapuche-lafkenche por obtener el reconocimiento y protección de sus derechos sobre el borde costero. La normativa establece un mecanismo para destinar un Espacio Costero Marítimo de los Pueblos Originarios (ECMPO) para preservar usos y costumbres indígenas.

La decisión de la comisión, un organismo que depende del gobierno regional y que se encarga de la planificación de las zonas costeras del país, tiene en vilo a las principales industrias de la zona, en particular a la salmonera que acusa que de aprobarse se dañaría su actividad, una de las principales fuentes económicas de la zona. Este martes gremios y sindicatos de Aysén se manifestaron en contra de la solicitud y alertaron sobre los impactos que podría tener para la región.

Tomás Monge, director territorial de SalmonChile, el principal gremio acuícola del país, señaló que un 45% de las concesiones de Aysén se verían perjudicadas. “Comprenderían el área donde hoy se ubican más de 300 concesiones, que representan el 45% de las existentes en Aysén y, aproximadamente, el 25% de la capacidad nacional de engorda de salmones”, dijo.

A su vez, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que agrupa a los principales gremios del país, envió una carta dirigida al Gobierno en la que expresa su preocupación frente a la decisión que pueda tomar la CRUBC este jueves. “Podría suceder que grupos de pocas personas puedan acceder a derechos sobre porciones sustanciales del territorio marítimo”, advirtió y agregó que “una mala decisión podría tener un impacto muy negativo e irreversible en todas aquellas familias cuyas vidas dependen de las actividades relacionadas con los mares de la región”.

También los gremios de la macrozona sur (de las regiones de Ñuble a Magallanes) de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), enviaron una declaración pública e hicieron un llamado a “tomar conciencia” frente a las consecuencias de la decisión de este jueves. A su juicio, la cantidad de hectáreas solicitada es desproporcionada y podría generar conflictos entre los habitantes y las comunidades de la zona. Además, dicen que hubo falta de diálogo al interior de la región para decidir sobre una proceso que puede afectar la vida de quienes ahí viven.

Desde las comunidades se defienden y acusan una campaña de desinformación de parte de los salmoneros. Daniel Canuillán, el lonko de la comunidad Pu Wapi de Melinka, que pide un área costera de 227.272 hectáreas en la reserva Las Guaitecas, señaló que no habría desmedro de las actividades acuícolas de la zona. “Le están mintiendo al Gobierno, y a mucha gente, diciendo que si se aprueba el espacio ellos no van a poder desarrollarse, que las comunidades les van a cobrar. Les he dicho a ellos como gerentes que ‘ustedes hagan su trabajo, ya tienen el mar a su favor’, pero como comunidad costera necesitamos desarrollarnos con actividades económicas colectivas”, explicó en una entrevista a la radio Universidad de Chile.

Asimismo, organizaciones ambientales respaldan el procedimiento. “Es absolutamente falso que las solicitudes de ECMPO afecten a la industria salmonera que hoy está operando. Las solicitudes no afectan a las más de 700 concesiones otorgadas en Aysén, que la han transformado en la región con mayor cantidad de concesiones salmoneras aprobadas en el país. Si esas solicitudes se aprueban esas concesiones continúan intactas. Vemos con mucha preocupación que comunidades que han utilizado las herramientas legales e institucionales para el ejercicio de sus derechos, hoy se estén enfrentando a amenazas y campañas de desinformación y desprestigio”, comentó Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace.

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