La crisis política del sentido común

Por segunda vez consecutiva, en dos años sucesivos, el pueblo de Chile rechazó la propuesta de nueva Constitución en un segundo plebiscito de salida por un margen apabullante: con el 99,86% de las mesas escrutadas en apenas dos horas y media de escrutinios por el Servicio Electoral (una velocidad excepcional), la opción en contra alcanzó el 55,74% de los votos ante la opción a favor que solo obtuvo el 44,46% de los sufragios. Este segundo rechazo hace de Chile un verdadero caso de estudio: todo un récord, pero de los malos.

Como se recordará, una primera Convención Constitucional fue elegida en mayo de 2021, una elección de la que surgió una inesperada mayoría de izquierdas que terminó siendo liderada por grupos ultra, con la complicidad y falta de coraje para enfrentar el maximalismo constitucional tanto de la nueva izquierda frenteamplista y comunista como de la centroizquierda. Qué duda cabe: se actuó olvidando la naturaleza ocasional del resultado de una elección en la que se abstuvo, ni más ni menos, que el 57% del electorado en un sistema de voto voluntario. No era de extrañarse que el primer plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022 se saldara con un 62% de chilenos que lo rechazaron, a partir de un importante cambio de reglas: a partir de ese plebiscito, el voto es obligatorio, lo que produjo una enorme expansión de electores (cifrada en cinco millones de personas) que ingresaron a votar, a diferencia de lo que ocurría hasta entonces. Tras varios meses de negociaciones entre los distintos partidos con representación parlamentaria, se concordó en un nuevo proceso constituyente. El 7 de mayo de 2023 tuvo lugar la elección para elegir a 50 consejeros constitucionales, la que arrojó una mayoría (también ocasional, a la luz del resultado del plebiscito del día de ayer) de derechas, en donde el liderazgo recayó en la extrema derecha del Partido Republicano.

Hay muchas lecciones que se pueden sacar de este conjunto de procesos constitucionales y eventos electorales fallidos.

En primer lugar, es importante no perder de vista que en el origen del proceso de cambio constitucional se encontró un acontecimiento inesperado: el estallido social de octubre de 2019, cuyo carácter literalmente volcánico llevó a lo esencial de los partidos políticos de izquierdas y derechas (salvo el Partido Comunista) a canalizar el malestar a través de reglas para iniciar y conducir lo que se movía entre un momento constituyente y un momento constitucional. Qué duda cabe: a este estallido se le han imputado todo tipo de reivindicaciones, intereses y voluntades de ruptura con el orden establecido, lo que incluyó el deseo de cambio de Constitución. Dicho de otro modo, hubo una sobre interpretación de este acontecimiento volcánico, la que contaminó el sentido del cambio constitucional, un proceso que sin duda fue necesario para aplacar el descontento, pero a partir de actuaciones maximalistas que se tradujeron en un enorme fracaso.

La segunda lección que es importante considerar es que hubo un error de diseño de las reglas que fueron concordadas desde un inicio: fue impertinente iniciar el proceso a partir de un sistema de voto voluntario que organizó el plebiscito de entrada de octubre de 2020 (en el que se impuso la opción apruebo el cambio de Constitución) y la elección de la Convención Constitucional, para en seguida transitar y permanecer en el voto obligatorio. Definitivamente no es lo mismo participar en eventos eleccionarios en los que votan 8 millones de personas que en otros en los que sufragan 13 millones.

La tercera lección, tal vez la más importante, es la crisis política ante el sentido común, el que no se deja atrapar ni representar desde el eje derecha/izquierda, que es precisamente el eje que predominó tanto en la interpretación de lo que se encontraba en juego como en la actuación de convencionales y consejeros constitucionales en ambas asambleas. Tal vez como nunca se confirma el adagio el sentido común es el menos común de los sentidos. Se pudo argumentar que la elección de mayo de 2021 arrojó una inédita diversidad en el origen social de los convencionales, haciendo posible la eclosión en dicha asamblea de varias identidades: ¿era esta diversidad la ruta conducente para conectar con el sentido común? Evidentemente no, lo que significa que el esquivo sentido común no se captura desde la diversidad de orígenes sociales, sino desde la representación de intereses y preferencias que necesitan ser moldeadas por el propio trabajo de redacción de la Constitución (lo que no significa que los intereses y preferencias sean determinados por los redactores de la Carta Fundamental). Es en este sentido que es posible argumentar sobre una crisis política del sentido común, la que se observó en el último proceso liderado por la extrema derecha en el que sus consejeros no tuvieron ninguna intención de llegar a acuerdos con las izquierdas en el proceso de redacción (“el objetivo nunca fue presentar una Constitución de amplio consenso”), actuando como si esta derecha dura fuese el espejo del sentido común.

No puede entonces sorprender que buena parte del voto en contra en el plebiscito de ayer contuviera mucho de sentido común, pero en la forma de un voto hartazgo.

Desde el punto de vista de lo que significa, estrictamente hablando, redactar una nueva Constitución, este largo proceso chileno de fábrica constitucional enseña que, cuando se trata de escribir en conjunto las reglas del juego, es condición sine qua non hacerlo a partir de una predisposición honesta a concordar, en la que no se introduzcan elementos identitarios o programáticos que desvirtúan la posibilidad de llegar a un acuerdo. En ninguno de los dos procesos estuvo presente esa predisposición desinteresada y ecuánime.

A partir de hoy veremos cuánta autocrítica, de esas que uno percibe que son genuinas, estarán presentes en la retórica aburrida de los líderes parlamentarios y de los partidos políticos. La farra política chilena fue enorme: ahora viene la resaca. Tal vez este sea un punto de inflexión para derrotar la polarización que invade a las elites e impide introducir reformas sobre el sistema de pensiones, salud y, sobre todo, sobre el sistema político: lloran las reformas electorales que supongan la drástica reducción del número de partidos e incentiven la cooperación.

Chile se fue a la B.