Plebiscito constitucional 2023: al final todo siguió igual

A mediados de diciembre de 2019, a dos meses de iniciado el estallido social y a un mes de la firma del acuerdo del 15 de noviembre, conversábamos con una colega sobre lo ocurrido en el país. En la conversación compartíamos nuestros respectivos puntos de vistas e intentábamos proyectar algunos escenarios de corto y mediano plazo. En medio de ese ejercicio, el colega me dijo, casi sentenciando: “mi gran temor es que después de lo ocurrido no se logre nada y que todo siga igual”. En ese momento, lo que más sentíamos era el costo humano -en vidas, en personas con mutilaciones oculares y personas que habían quedado sin sus fuentes laborales-, tanto por la represión desatada como por los hechos de violencia que acompañaron el estallido. Cuatro años después de esa conversación, y considerando lo ocurrido el 4 de septiembre de 2022 (plebiscito de salida), el 7 mayo de 2023 (elección del Consejo Constitucional) y el 17 de diciembre de 2023 (segundo plebiscito de salida), las palabras del colega resuenan y hacen mucho sentido.

La opción en contra se impuso por un 55,76% frente al voto a favor del nuevo texto que obtuvo el 44,24%. La victoria del en contra fue contundente, replicando incluso el esquema del plebiscito de 1988, que puso final a la dictadura militar. El “voto en contra” se impuso en todo el territorio, salvo en tres regiones: el Maule, Ñuble y la Araucanía. Esta vez se impuso en las regiones del norte, que se habían transformado en un bastión del Partido de la Gente.

El comportamiento de los votantes, en este plebiscito, se explica en gran medida por el hastío con el tema constitucional. Hecho que quedó evidenciado durante la campaña. El voto en contra pasó a ser, antes y durante el período de la campaña, la expresión del voto de castigo hacia la clase política, al gobierno y hacia un texto que al común de las personas resultaba difícil de interpretar, o que se interpretaba solo por la crítica. Por ende, se impone en regiones en las cuales se había arraigado un voto favorable al Partido Republicano, o bien al Partido de la Gente.

Que haya existido confusión entre los votantes no resulta casual si consideramos que, tras los resultados del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, y en especial luego de la elección del 7 de mayo del presente año, entre la izquierda (incluyendo a lo que va quedando de centro-izquierda) y la derecha se invirtieron los papeles. La derecha, que por años había defendido de manera intransigente la actual Constitución, se puso como desafío el reemplazarla, mientras que la izquierda que se había empeñado por años en su reemplazo, se dispuso a defenderla. A tal punto llegó la izquierda que se olvidó del problema de la legitimidad de origen: “Entre votar por una Constitución más conservadora preferimos la actual”, repetían hasta al cansancio quienes durante los últimos 4 años insistieron en cambiar “la Constitución de los cuatro generales” --impuesta en dictadura-- a la que de a poco denominaron “la Constitución de Ricardo Lagos”, dejando de lado con ello la consigna de “los treinta años”.

La derrota de la opción a favor tiene varios artífices que no necesariamente se encuentran en el Gobierno. Hubo méritos en el oficialismo de centro-izquierda, que puso cierta cuota de moderación, que en la otra coalición en donde sus principales figuras optaron por sustraerse del proceso y evitar toda exposición mediática. También hubo un sector de la derecha que se opuso desde el inicio a darle continuidad al proceso de cambio constitucional. Sin duda, la derrota --aunque momentánea-- la sufre la derecha representada por Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), que fueron los vagones de cola de las pretensiones de José Antonio Kast y del Partido Republicano. Mal que mal, RN y la UDI firmaron el acuerdo del 15 de noviembre y no titubearon en darle continuidad a un nuevo proceso luego de su victoria del plebiscito de salida del 4 de septiembre de 2022. Pese a todo, la derecha conserva un importante capital político. El 44% obtenido es mérito propio, sin tener que compartirlo esta vez con otros sectores de centro y centro-izquierda.

Si bien el resultado le da una suerte de respiro por ahora al Gobierno, era el oficialismo de izquierda y la centro izquierda que desde antes de noviembre de 2019 venían apostando por encausar la crisis con un cambio de Constitución. A cuatro años del estallido social, la idea de cambio constitucional fracasa de manera rotunda. El hastío ciudadano hace inviable un nuevo proceso y, por ahora, tampoco será fácil insistir a través del Congreso. Al gobierno, que desde un comienzo decidió supeditar su programa al cambio de la Constitución, lo deja sin escusas para encausar una agenda que, con mucha dificultad, podría concretar en los próximos dos años de mandato.

Para el resto del país, seguirá rigiendo aquella Constitución redactada por una comisión de juristas, a petición de la junta de los cuatro generales y que fue reformada, en varios de sus artículos, en 1989, en 2005 y en diciembre de 2019. En 1989, las reformas facilitaron el proceso de transición, al ser derogados un conjunto de artículos que proscribían y excluían a una parte de la oposición de ese entonces, junto con eliminar la facultad de poder exiliar y relegar que tenía el Jefe de Estado. En 2005, las reformas permitieron superar los enclaves autoritarios -como la presencia de senadores designados, las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional y el débil control civil sobre el poder militar- que por 15 años tutelaron el funcionamiento del sistema democrático, limitaron la gestión de los Gobiernos y parlamentarios electos, e impidieron que se viera reflejada la voluntad de la mayoría. Además, las reformas de 2005 limitaron las funciones del presidente de la República al aumentar las atribuciones de fiscalización del Congreso Nacional. Con las de diciembre de 2019, se dio inicio al proceso constituyente que se ha extendido hasta la actualidad.

Todas estas reformas permitieron avanzar, a costa de un compás de espera, y de postergación de otros cambios, que de un tiempo a esta parte los chilenos ya no están dispuestos a asumir. A su vez, han logrado mantener una serie de aspectos sustantivos aún vigentes en la actual Constitución: la supremacía del derecho de propiedad por sobre los derechos fundamentales de las personas, el principio de subsidiaridad subyacente y la privatización de los recursos naturales, entre otros.

Permanece un sistema político débil, con una institucionalidad desacreditada y erosionada por hechos de corrupción. El sistema de partidos presenta un nivel de fragmentación, que no tiene precedente en otras etapas de la historia. El nivel de fragmentación impide acuerdos y afecta la gobernabilidad. A todo ello se agrega un presidencialismo que se ha transformado en un factor que acentúa y profundiza la crisis del sistema político. Los problemas de liderazgo presidencial se arrastran en este país desde los inicios de 2006. Desde esa época, hasta la actualidad, ninguno de los presidentes/as, ha mostrado un liderazgo acorde con el diseño institucional y político del país. En no pocas ocasiones, se ha confundido liderazgo con popularidad; por ende, el apoyo hacia los primeros mandatarios se pierde pocos meses de iniciado el gobierno y en especial cuando surgen coyunturas críticas.

La crisis que desencadenó el estallido social no ha sido resuelta. Tampoco las expectativas y las demandas formuladas a partir de octubre de 2019. El camino constitucional ya no es la vía para revertir la crisis y responder a las demandas. En los dos intentos fracasados quedó demostrado que ni el procedimiento ni el contenido importaban. Lo que realmente importaba era quien conducía el cambio de la Constitución. Pero tampoco resulta viable seguir apostando por la espera de mejores condiciones, ni mucho menos decisiones erróneas que son consecuencia de negligencias, o mero desconocimiento de la realidad, por parte de quienes tienen responsabilidades en el Gobierno.