La violencia en La Araucanía alcanza a un consejero constitucional recién electo en Chile

La violencia se ha recrudecido en las últimas horas en la región de La Araucanía y en zonas aledañas, en el sur de Chile, y ha alcanzado a Héctor Urban, un consejero constitucional recién electo del Partido Republicano, de la extrema derecha. Primero atacaron con disparos una camioneta de su padre, un empresario agricultor del municipio de Ercilla. Luego, por la noche del martes, dispararon en contra de la vivienda del consejero, uno de los 51 que a partir del 7 de junio próximo redactará una nueva propuesta de Constitución. Urban, que fue electo con la primera mayoría de la zona, un 13,8%, se encontraba junto a su esposa y su hijo de 13 años en la sala de su vivienda. Los tres se lanzaron al piso mientras las balas, comentó el mismo Urban en una entrevista radial, rompían incluso los vidrios blindados de su domicilio. Pese a que no está claro que los ataques estén relacionados a su reciente elección –”no quiero creer que esto lo estén ligando a ataques políticos”, dijo el consejero electo–, el Gobierno de Gabriel Boric anunció medidas especiales de protección tanto para Urban como para su familia, que han sido víctimas de unos 400 ataques, según detallaron.

En La Araucanía y zonas cercanas, grupos radicales mapuche se enfrentan al Estado chileno, se libra un conflicto violento que se ha complejizado con el tiempo. A los atentados por las tierras ancestrales, que comenzaron en 1997, se han sumado delitos como el robo de madera y el narcotráfico, que ha puesto contra las cuerdas al Estado del país sudamericano. La nueva ola de violencia se produce, justamente, cuando se cumple un año desde que el Gobierno de Boric decretó el primer Estado de Excepción constitucional, para que los militares resguarden la zona, pese al proyecto original de la Administración de izquierda de contener el conflicto con otros métodos. Recientemente, el Congreso chileno ha aprobado una nueva prórroga, aunque Urban asegura no tener relación ni con este hecho ni con el traslado de presos mapuches, detenidos por acciones de violencia. El lunes, un grupo de seis detenidos fueron trasladados por razones de seguridad desde la cárcel de Angol –en La Araucanía– a otros recintos penitenciarios de otras zonas del territorio.

El consejero Urban fue recibido en La Moneda por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve: “Fue un día muy violento, en que atacaron a muchas personas, no tan solo mi padre, a mí y a mi familia”, relató tras el encuentro. “Venimos a denunciarlo y a pedir que este Estado de Excepción empiece a funcionar de mejor manera. La percepción allá, en La Araucanía, es que no se está cumpliendo. Estoy preocupado por mi seguridad, la de mi familia y todos los habitantes de toda la región que están sufriendo a diario estos vejámenes”, agregó Urban, que pidió al Gobierno que los responsables de estos “ataques terroristas” sean encontrados y detenidos”.

Monsalve se reunió extraordinariamente en La Moneda con el subsecretario de Defensa, el Estado Mayor Conjunto, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), para analizar los hechos que el socialista calificó de “gravísimos”. El subsecretario del Interior relató que algunas personas fueron amenazadas con armas de fuego y lesionadas, como sucedió con un trabajador del municipio de Victoria que fue herido gravemente en un pie y un camionero, además del ataque a los Urban. “Son hechos que el país no puede tolerar”, aseguró Monsalve. “Muchos no se explican que habiendo un Estado de Excepción se sigan produciendo hechos de violencia, lo que muestra nuevamente la complejidad del desafío que el Estado chileno tiene para garantizar la paz. Hay grupos organizados que no están dispuestos a respetar ni la institucionalidad ni la vida de las personas y hacen uso de las armas de fuego para agredir y eventualmente a asesinar”, dijo el socialista.

El Gobierno, a través de Monsalve, anunció la revisión de las medidas que se están tomando en la zona y fortalecerlas. El subsecretario del Interior habló de una “alerta roja” de riesgo, con lo que el 50% de los militares de la zona que se desplegará en control y fiscalización. Adicionalmente, se trasladaron dos nuevos helicópteros, que se suman al que estaba disponible, aumentar la cantidad de vehículos blindados y la instalación de una base militar en el municipio de Curacautín.

La inseguridad pública en todas sus dimensiones –la crisis de la delincuencia en Santiago, el crimen organizado en el norte del país, la violencia en La Araucanía– son fuertemente rechazadas por la sociedad chilena, que demanda al Gobierno mayor intervención. El discurso del Partido Republicano en estas materias empujó su irrupción como la primera fuerza política chilena, tras la elección del Consejo Constitucional, donde la fuerza de derecha extrema se quedó con un 35% y con 23 escaños en el órgano constitucional, casi la mitad.