Chile y el realismo mágico constituyente
Siempre dije que la Constitución no arreglaría los problemas que reventaron en octubre, ya que estos se resuelven con políticas públicas, que ha sido mi trabajo en los últimos 30 años
Latinoamérica es un continente golpeado por la violencia, el populismo y la corrupción de sus instituciones y parte de esta decadencia se explica por el uso distorsionado de la Constitución, para refundar países, resolver problemas sociales o prometer derechos que nunca se cumplen.
Chile estaba ajeno a esta realidad, hasta que la izquierda que nos gobierna logró vender la idea de cambiar la Constitución durante el estallido social de octubre de 2019. En realidad, se lo exigió al expresidente Sebastián Piñera a cambio de tener paz. Piñera cedió y el 15 de noviembre de 2019 firmó un acuerdo para redactar la Nueva Constitución. Pero la paz nunca llegó y la inestabilidad política se agravó cuando los partidos de izquierda que firmaron el acuerdo, intentaron sacar a Piñera de La Moneda mediante una acusación constitucional. Solo la pandemia apagó la violencia de las calles y permitió que expresidente terminara su mandato.
La izquierda plasmó en su Constitución todos los vicios del realismo mágico latinoamericano. Propuso eliminar el Senado, refundar instituciones, dividir el país en “13 naciones” y como dulce para atraer el voto, prometió más de 100 derechos sociales que incluían acceso a viviendas dignas, salud, educación, ocio e incluso, disfrute pleno de la sexualidad.
Pero el pueblo chileno no se tragó el embuste. El 4 de septiembre de 2022, rechazó el texto con un masivo 62%, lo que daba por cerrado el proceso constitucional. Sin embargo, la centroderecha que gobernó con el presidente Piñera en la coalición Chile Vamos se tentó con el realismo mágico. Pocos días después del plebiscito se acercó al Partido Comunista y el Frente Amplio —los mismos que trataron de botar su Gobierno— para negociar un segundo proceso constituyente. Ocho personas se encerraron por 100 días y acordaron un cronograma, pero a diferencia del primer proceso, no incluyeron un plebiscito para preguntarle a los chilenos si queríamos seguir discutiendo una Constitución.
El acuerdo de la derecha con la izquierda contemplaba dos elecciones: una para escoger a los consejeros que redactarían la Nueva Constitución y otra para someterla a plebiscito el 17 de diciembre de 2023. El Partido Republicano, asociado a la derecha conservadora, rechazó el acuerdo y dijo que Constitución no resolvería ninguna urgencia social. La respuesta de Chile Vamos fue tacharlos extremos o “ultras”, y en esa campaña de denostación, se sumaron los grupos empresariales y sus centros de estudio afines.
Pero como ocurre con la élite chilena, la respuesta de los votantes fue exactamente la contraria. El Partido Republicano arrasó. Sacó 3,5 millones de votos y eligió al 43% de los consejeros. Los partidos de Chile Vamos tuvieron una derrota estrepitosa, pero no acusaron recibo y tendieron puentes con el Partido Republicano para convencerlos de seguir con el proceso constituyente. El embrujo del realismo mágico fue atrapando a los líderes de la derecha conservadora. Hacer otra Constitución no era tan mala idea, si la pueden escribir ellos, y plasmar ahí un Chile Nuevo. Su entusiasmo inicial se transformó en devoción. Ahora los republicanos no solo dicen que la Constitución es clave, sino que prometen que de aprobarse se eliminará la corrupción, bajaran los precios de los alimentos y la economía se recuperará.
A diferencia de estos políticos, yo nunca cambié de posición. Siempre dije que la Constitución no arreglaría los problemas que reventaron en octubre, ya que estos se resuelven con políticas públicas, que ha sido mi trabajo en los últimos 30 años. Por esta razón rechacé la tesis de poner todas las fichas en este proceso y desde el estallido he publicado 12 reportes con diagnósticos y propuestas para resolver las urgencias sociales que reventaron en octubre.
En el primer proceso constituyente, Chile Vamos estuvo de acuerdo con mi diagnóstico y me invitaron a ser vocero de la campaña para rechazar el texto escrito por la izquierda. Luego que ganamos, mi relación se cortó cuando critiqué el acuerdo inconsulto para iniciar el segundo proceso. Me tacharon de republicano, hasta que este partido se asoció con Chile Vamos. Eso me puso “a la derecha de Kast”, como afirma el investigador del IES Rodrigo Pérez de Arce en una columna publicada en este medio, donde me vincula con barras bravas o intelectuales conservadores que descalifica.
La élite chilena ha caído rendida ante el realismo mágico latinoamericano. Está convencida que Chile puede volver a ser el país estrella de Latinoamérica si se aprueba su Nueva Constitución. Pero además hay razones políticas. Los partidos de la derecha pusieron todo su capital en el resultado del plebiscito, incluyendo el destino de dos candidaturas presidenciales: Evelyn Matthei por Chile Vamos y José Antonio Kast por el Partido Republicano.
Mientras ocurre esta discusión metafísica, Chile sufre la peor crisis de seguridad nacional de su historia. Hemos sido invadidos por cuatro carteles internacionales de crimen organizado, que han elevado los homicidios un 56% en apenas un año, importando delitos brutales como el sicariato o el secuestro. El terrorismo de la zona sur se extendió de dos a cuatro regiones, y la población que vive en barrios controlados por el narcotráfico se duplicó entre 2009 y 2023. En materia social los datos son aún peores. Unos 50 mil niños desertaron del sistema escolar, dos millones de enfermos están en las listas de espera de los hospitales y el déficit de viviendas alcanzó la cifra más alta en los últimos 30 años.
Si los chilenos piensan que estos problemas se pueden arreglar por decreto, la Nueva Constitución debiera aprobarse el 17 de diciembre. Pero si apelan al sentido común y se dan cuenta del embuste, estaremos ante una segunda derrota, que dejará a toda la clase política en el suelo, incluyendo a sus intelectuales de cabecera. Esto podría explicar la virulencia de algunos columnistas con todos los que votaremos en contra de esta Constitución que nadie pidió y que no resolverá ningún problema social concreto.
