El Consejo Constitucional chileno asegura “la vida de quien está por nacer” y complica los acuerdos

Las primeras votaciones dentro del pleno del Consejo Constitucional, que comenzaron el viernes 16 y continuaron este miércoles, han ido confirmando el temor del oficialismo chileno —que es minoría dentro del órgano, con 17 de los 50 asientos— de que en el borrador de nueva Constitución lleve el sello de las propuestas del Partido Republicano, de la derecha extrema. El apoyo de Chile Vamos (CHV), conglomerado de la derecha tradicional, a algunas de las normas de mayor simbolismo para la fuerza política que lidera el excandidato presidencial José Antonio Kast, como la que se refiere al derecho a la vida de “quien está por nacer”, ha sido una señal de que la aspiración, aunque mínima, que tenía la centroizquierda por lograr algunos acuerdos en el texto que será plebiscitado el 17 de diciembre, se ha ido desdibujando.

Este el segundo intento de Chile en tres años de reemplazar la Constitución que nació en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) luego de que en septiembre de 2022 un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de ley de leyes que presentó la Convención Constitucional, conformada por una mayoría de independientes de izquierda. El nuevo proceso, en cambio, está liderado por las derechas y, de los 50 integrantes el Consejo Constitucional, 22 son de Republicanos, 11 de Chile Vamos y 17 de la centroizquierda. Este órgano, a su vez, trabaja sobre la base de un anteproyecto que, entre marzo y junio, elaboró una Comisión Experta, nombrada por el Congreso a propuesta de los partidos políticos, que entregó un texto moderado y de consenso al que, en especial Republicanos, le ha hecho enmiendas. Y son precisamente esos cambios los que se han empezado a votar.

“Le ofrecimos al Consejo Constitucional un anteproyecto que servía de base para ser perfeccionado, y no como siento hoy, que se está desmantelando”, dijo a Radio ADN la abogada Alejandra Krauss, quien integra la Comisión Experta por la Democracia Cristiana, de centroizquierda moderada.

El viernes 14 de septiembre, cuatro consejeros de Chile Vamos sorprendieron al descolgarse de la propuesta de Republicanos al abstenerse de votar el artículo que señalaba que “todo ser humano es persona”, una acción que, para el oficialismo de izquierdas, no solo significó que se abría una posibilidad de diálogo con la derecha tradicional, sino que también un respiro. Esto, porque consideraban que ese artículo, el primero de la propuesta, podría colisionar con la ley de aborto tres causales que rige en Chile desde 2017 y que permite la interrupción del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, malformación fetal y violación.

Sin embargo, aquella expectativa de conversación que tenía el oficialismo con parte de la derecha moderada quedó atrás, pues en el pleno de este miércoles Chile Vamos se alineó con varias propuestas que para Republicanos son fundamentales. Una de los principales fue su respaldo, con 33 votos, es decir, la oposición completa, al artículo, impulsado por la tienda de Kast, que señala “la ley protege la vida de quien está por nacer”, en circunstancias que la actual Constitución dice que “la ley protege la vida del que está por nacer”. Esto, mientras el anteproyecto de la Comisión Experta solo se refería al “derecho a la vida”.

Para Republicanos la incorporación del “quien” en el derecho a la vida en la Carta Magna implica, como lo explicó su consejero Luis Silva, que “con esto hemos recuperado lo que está en el texto vigente de la Constitución, subrayando que quien crece en el seno materno, es alguien”. Y admitió que, a diferencia del viernes 14, cuando una parte de Chile Vamos no los apoyó, que si ese día el ánimo de su partido fue “de frustración”, ahora era de “satisfacción”.

“Ustedes que hablan de la libertad de la mujer para decidir y porque somos libres, la bancada republicana elige la vida, mientras que ustedes eligen la muerte”, dijo en medio del debate la consejera María de los Ángeles López. Por la mañana, antes de la votación, Kast hizo una advertencia en su cuenta de X (exTwitter): “Hoy se votan en el Consejo Constitucional temas que son fundamentales. Es de esperar que no se repita lo que vimos la semana pasada donde 4 consejeros de CHV no respetaron los acuerdos (...) Hoy se puede enmendar el camino. Quizás mañana ya sea tarde”.

Para el oficialismo, en cambio, la aprobación del artículo en esos términos es una regresión. “Este es un cambio sutil respecto de la Constitución del 80, pero las acciones de Chile Vamos y Republicanos se traducirán en un retroceso de niñas y mujeres y en el diálogo democrático de nuestro país”, dijo la consejera del Partido Comunista Karen Araya. “El derecho a la vida de quien está por nacer amenaza derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas”, señaló Yerko Ljubetic, del Frente Amplio, conglomerado del presidente Gabriel Boric. Mientras que la abogada Antonia Rivas, integrante de la Comisión Experta del oficialismo, dijo: “En el pleno, las derecha(s) fueron enfáticas en señalar que buscarán la derogación de la ley de aborto en tres causales. Lo lograron, hoy están en riesgo los derechos de las niñas y mujeres. Somos testigos de la construcción de una constitución moralizante y autoritaria”.

También se pronunció el vicepresidente del Consejo Constitucional, Aldo Valle, independiente por el Partido Socialista: dijo que al utilizar “la palabra quien se reitera el principio de que todo ser humano es persona y con ello se quiere abrir una vía para invalidar constitucionalmente la ley de aborto en tres causales”.

Las votaciones de las enmiendas son uno de los pasos de este proceso. Esto, porque cuando el texto final sea entregado por el Consejo Constitucional, el Comité de Expertos debe hacer un informe en el que puede hacer observaciones, las que deben ser aprobadas por los 3/5 del Consejo o rechazadas por los 2/3 del Consejo. Si no hay quórum, se conforma una comisión mixta.

Expulsión de migrantes ilegales

Este miércoles, el pleno rechazó todas las propuestas que planteó el oficialismo. Pero aprobó otras enmiendas impulsadas por las derechas. Una de ellas establece que “las personas condenadas a una pena privativa de libertad podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad”. Según el diputado socialista Leonardo Soto, es una propuesta hecha a la medida para los condenados en Punta Peuco, una cárcel especial para exmilitares condenados por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet donde el 80% tiene más de 70 años.

“El Partido Republicano lo que quiere es liberar a los presos de Punta Peuco, bajo el argumento de que las enfermedades crónicas que cualquier adulto mayor tiene, como diabetes o hipertensión, pueden ser terminales”, ha dicho Soto.

También, hoy se aprobó el artículo que establece la expulsión de los migrantes que ingresen a Chile por pasos no habilitados, algo que, dice la norma, debe ocurrir “en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen, tránsito o residencia, salvo en los casos de refugio o asilo expresamente contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. Asimismo, “los extranjeros que cometan un crimen o simple delito dentro del territorio nacional y sean condenados a presidio efectivo, deberán cumplir la pena carcelaria en su país de origen, cuando corresponda, y en caso de cumplir la pena en nuestro país serán inmediatamente expulsados”.

Otras de las enmiendas visadas fue la cláusula sobre objeción de conciencia individual e institucional, regulada en el marco de la libertad religiosa. Fue aprobada 31 votos a favor y 19 en contra. En este caso, dos consejeras de la derecha tradicional, Lorena Gallardo de Renovación Nacional y Gloria Hutt, de Evópoli, se sumaron al oficialismo.

La norma, que en Chile solo tiene rango legal, pero, en esta propuesta, lo tendrá constitucional, señala que “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ellas, a transmitirlas, y a la objeción de conciencia individual e institucional. Se garantizará su ejercicio, debido respeto y protección”.

En una entrevista con CNN, la consejera Hutt, de la derecha moderada, dijo que la figura jurídica aprobada “es muy extraña” y “nos podría llegar a cosas graves”. “Hay una cosa que es de lógica. La conciencia es de las personas, no de las instituciones”, dijo. Y agregó: “Las instituciones pueden tener idearios, objetivos, un lineamiento de comportamiento, valores, prioridades, pero no conciencia”.

Desde que empezó en Chile este segundo proceso constitucional, las encuestas locales han demostrado tanto falta de interés de los chilenos como inclinación por rechazar la propuesta, pese a que todavía no está listo el texto final.

El último sondeo de la encuestadora Cadem, de comienzos de esta semana, a tres meses de que el texto se plebiscite, reveló que el 57% de los consultados votaría por el rechazo a la propuesta, el porcentaje más alto desde marzo, cuando se inició el proceso con la instalación de la comisión experta. Solo un 23% se pronunciaría a favor.