Exmilitares condenados por crímenes en la dictadura de Pinochet piden “conmiseración” para los rangos inferiores

Un día después de que Chile conmemorara los 50 años del golpe de Estado de 1973 contra el presidente Salvador Allende, y que derivó en una dictadura de 17 años por la que aún hay más de 1.000 personas desaparecidas, un grupo de 27 exoficiales de las Fuerzas Armadas condenados por delitos como homicidios, secuestros, desapariciones y torturas, han reconocido que sus acciones “produjeron violaciones a los derechos humanos”. Lo han hecho a través de una carta enviada al diputado de la extrema derecha Gonzalo de la Carrera, en la que, además, pidieron “conmiseración al poder político y judicial” para “suboficiales, clases, soldados y empleados civiles” que están en prisión para puedan estar junto a sus familias. Endosaron a sus superiores la responsabilidad en las órdenes impartidas.

“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”, dice la misiva que leyó en el Congreso de la Carrera. “Hemos esperado 33 años [desde que 1990 volvió la democracia a Chile] para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos. A partir de ello, venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”.

La carta fue suscrita por 27 de los 134 militares en retiro que cumplen condena en la cárcel de Punta Peuco, un penal especial ubicado en la comuna de Tit Til, a 44 kilómetros de Santiago, que fue creado en 1995 durante la presidencia del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para albergar solo a violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Entre los firmantes del documento se encuentran el mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez, autor del crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez -uno de los más importantes líderes de la oposición a la dictadura- perpetrado en 1982 y el del carpintero Juan Alegría en 1983, cometido para encubrir el asesinato de Jiménez. También el brigadier José Zara y el exagente Cristoph Willeke, quienes cumplen una sentencia por el homicidio del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y de su esposa Sofía Cutbhert: murieron cuando la DINA, la policía secreta de Pinochet, puso una bomba en su automóvil en Buenos Aires, en 1974.

Según los 27 militares, los suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles que están en la cárcel son “el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando” y hoy tienen “como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente”.

Según información de la carta, de los 134 internos, 76 son oficiales y 56 suboficiales, soldados, conscriptos y empleados civiles. De ellos, el 80% tiene más de 70 años.

Tras la divulgación de la carta, el ministro de Justicia Luis Cordero, quien impulsa el Plan de Búsqueda de más de 1.000 desaparecidos que el Gobierno de izquierdas del presidente Gabriel Boric lanzó en la víspera de la conmemoración de los 50 años de golpe, dijo que lo positivo de la misiva es que “se reconocen violaciones a los derechos humanos”, pero que, algunos de quienes la suscriben “las han negado en el pasado”.

Cordero destacó que la carta deja en evidencia que hay exuniformados que disponen de información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos, por lo que “quizá puede ser el inicio” para que comiencen a entregarla a los tribunales. “Sería muy relevante para el país, para los familiares, que nos dijeran dónde están”. Pero, ante la petición de “conmiseración” y una eventual petición de indultos, dijo que “la doctrina del Gobierno es que los delitos de lesa humanidad no son indultables”.

En ese mismo sentido se refirió la diputada por Convergencia Social, el partido de Boric, Lorena Fries, quien además fue subsecretaria de derechos humanos del Gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet (2014-2016). “Frente a crímenes de lesa humanidad lo que corresponde es investigar y sancionar proporcionalmente al daño, por lo tanto no cabrían beneficios para ellos en la medida que no cumplan las penas. Peor aun cuando no han cooperado con la justicia y no se han arrepentido nunca de su accionar”, dijo. “Efectivamente, los altos mandos dan órdenes y los que están más abajo ejecutan, pero eso no quiere decir que ellos sean inocentes”, agregó.

Los otros intentos de Herrera Jiménez

Una de las firmas que destaca en la carta es la del mayor en retiro Carlos Herrera Jiménez. Sin embargo, no es primera vez que emite una declaración en este tono. Entre 1999 y 2000, cuando cumplía en Punta Peuco su primera de las tres condenas a las que han sido sentenciado, en este caso el homicidio del transportista Mario Fernández en 1987, ya había manifestado que los altos mandos debían responder por las órdenes impartidas.

Herrera, quien fue parte de la CNI, el organismo que reemplazó a la DINA en 1977, además confesó su participación en los crímenes de Tucapel Jiménez y Juan Alegría ante el juez que investigaba el caso, Sergio Muñoz, quien hoy es ministro de la Corte Suprema. Entonces lo hizo con miras a que se le rebajara la condena por el asesinato del carpintero, que fue a cadena perpetua.

En el caso del asesinato de Juan Alegría, a quien los agentes de Pinochet cortaron las venas de sus manos para simular un suicidio y dejaron al lado de su cadáver una carta en la que se inculpaba del asesinato de Tucapel Jiménez, Herrera solo entregó a la justicia los nombres de los oficiales de su mismo grado, pero omitió el de uno de los autores -que también está sentenciado- que era de menor rango.

Durante la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990, más de 3.000 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer. De ellas, de 1.092 todavía no se conoce su paradero. La no entrega de información de parte de las Fuerzas Armadas ha sido un problema clave durante 50 años para el esclarecimiento de sus casos y la búsqueda de sus familiares. Además, en 1978 Pinochet ordenó el desentierro de cientos de cuerpos para ocultarlos y evitar que los hechores fueran juzgados a futuro. Fue la llamada operación retiro de televisores.