Voto obligatorio en Chile: qué es, cuándo se repuso y cómo funciona

Los chilenos fueron convocados por sexta vez en menos de tres años a las urnas, en unas nuevas elecciones para avanzar en un segundo proceso constitucional, que busca poner fin a una crisis política desatada tras el estallido social de 2019 y reemplazar la Constitución de 1980. Los electores se acercaron masivamente el domingo a los locales electorales empujados por el voto obligatorio, medida reimpuesta por una reforma constitucional despachada por el Congreso Nacional a finales de 2022.

En 1988, a partir de la apertura democrática que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet, el sistema electoral sufrió pocas modificaciones. Durante más de dos décadas el padrón electoral envejeció y mostró el poco interés de los jóvenes. Una modificación legal abrió la puerta a la voluntariedad del sufragio, lo que para algunos fue un paso a una participación electoral más elitista y a un alejamiento de los sectores populares de los procesos democráticos.

La crisis de 2019 y los intentos para escribir una nueva Constitución hicieron reflexionar a las autoridades sobre la necesidad de legitimar cada decisión política. Para ello empujaron un cambio en la modalidad de voto al establecer la inscripción automática y el sufragio obligatorio. Aquello derivó en la llegada masiva de electores, que antes entraban y salían del proceso de acuerdo a sus intereses.

Cómo votan los chilenos

Desde 1958 el sistema electoral chileno está sustentado en la cédula única. Aquello establece que la papeleta para elegir a los candidatos es impresa y proporcionada por el Estado para después ser entregada en el mismo momento del sufragio. Dicho documento no es transferible y solo lo puede manipular el elector, los vocales de mesa y agentes autorizados. Con esto se evitó la práctica del cohecho, muy frecuente en los procesos democráticos de finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, con lo que se abrieron espacios a la participación de sectores campesinos y obreros, que en décadas ejercieron su derecho de manera coaccionada.

El sistema desde el retorno a la democracia

Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la cancelación de toda actividad democrática, el Registro Electoral fue cerrado. Luego de un cuestionado plebiscito sobre la Constitución de 1980, la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) decidió reabrir el sistema proyectando los comicios que definirían su continuidad en 1988. Miles de personas, mayores de 18 años, se inscribieron para poder participar de los comicios donde se impuso la opción No, lo que significó el cierre de régimen liderado por los militares.

Desde entonces, el sistema se mantuvo. Los ciudadanos se acercaban a los registros para inscribirse de manera voluntaria. La condición era que en cada elección presidencial, parlamentaria y municipal debía asistir a sufragar de forma obligatoria. Quien no lo hiciera arriesgaba multas o sanciones que incluso podrían llegar al presidio.

Entre 1989 hasta 2012 se consolidó una tendencia a la baja en la participación electorales. Los jóvenes, principalmente, estaban lejanos a la idea de sumarse al sistema electoral para ser obligados a votar o a ser vocales de mesa. Por lo mismo, durante esos años se observó un envejecimiento en el padrón electoral, el que permaneció estático en cantidad de participantes. Durante dos décadas la cantidad de habilitados para votar no superó las 8.200.000 de personas, de los cuales cerca del 85% al 90% asistía efectivamente a las urnas.

La voluntariedad

En 2012, tras un intenso debate parlamentario, el Congreso Nacional aprobó una reforma constitucional que estableció la inscripción automática y el voto voluntario. A partir de eses momento todos los chilenos mayores de 18 años fueron ingresados de manera automática al los Registros Electorales, pero su asistencia a votar era voluntaria. De esta manera las personas habilitadas para votar subieron de 8.000.000 a 13.000.000. En primera elección con este sistema -las municipales de 2012- participaron 5.700.000 personas, con una participación de apenas un 43%, con una cifra neta peor que en la época de la inscripción voluntaria y voto obligatorio.

A partir de las elecciones siguientes los expertos electorales y sociólogos observaron diversos fenómenos. En las zonas más acomodadas del país, la participación voluntaria a los procesos electorales era mayor que en los sectores más pobres. También se mantuvo la tendencia favorable al voto de las personas mayores por sobre los jóvenes, que conservaron su desinterés. De esta manera se interpretó que el voto se volvió elitista y envejecido. El sistema, además, forzó a los partidos políticos a elaborar estrategias para movilizar a su electorado para asistir a las urnas, lo que en casos puntuales derivó en prácticas cuestionables como el acarreo, en donde se ofrecían traslados para llevar a adherentes a sus locales de votación.

La llegada del voto obligatorio a Chile

En noviembre de 2019, en pleno estallido social, los principales partidos políticos de Chile firmaron un acuerdo para abrir un proceso de nueva Constitución. A partir de esto se fijó que el plebiscito de entrada -que preguntó a los ciudadanos si querían o no una Carta Magna que reemplazada a la promulgada por Pinochet- y en la elección de la Convención Constitucional -órgano redactor de la nueva propuesta- se mantendría el sistema entonces vigente, es decir, la inscripción automática y el voto voluntario. Esto se modificaría para el plebiscito de salida -donde se consultó sobre la entrada en vigencia o no de la iniciativa constitucional-, en donde todos los mayores de 18 años fueron llamados a sufragar de manera obligatoria.

El 4 de septiembre de 2022, con una histórica participación de cerca de 13.000.000, los chilenos se inclinaron por la opción Rechazo y desestimaron el proyecto creado por la Convención. La movilización de electores, motivada por el interés o simplemente por evitar las sanciones económicas, sorprendió a los legisladores, quienes pidieron avanzar en una reforma constitucional que permitiera repetir ese nivel de participación a través de la obligatoriedad del sufragio. La idea era que los resultados electorales tuvieran una mayor legitimidad social debido a la alta participación. La norma fue promulgada en diciembre de 2022, y debutó en las elecciones de consejeros constitucionales del pasado domingo 7 de mayo de 2023.

Cómo funciona la obligatoriedad del sufragio

El actual sistema establece la inscripción automática a los Registros Electorales, habilitando el voto a todos los chilenos y extranjeros que cumplan con los requisitos; es decir, chilenos mayores de 18 años que no hayan sido condenados a pena aflictiva (tres años y un día o mayor) y los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años, que además no hayan sido condenados a pena aflictiva. El Servicio Electoral de Chile (Servel) creó una plataforma geolocalización para fijar el local de votación cerca del domicilio del votante, con lo que se evitan los traslados largos.

Todos quienes estén inscritos y sin ningún tipo de inhabilidad deberán presentarse a sufragar en cada elección en la que sean convocados. Quienes no lo hagan arriesgan multas de entre 31.000 pesos (39 dólares) hasta los 180.000 pesos (227 dólares), las que deberán ser fijadas por un juez de policía local. Los que no se presenten al tribunal podrían recibir más sanciones económicas e incluso una pena reclusión nocturna.

Las excusas para no votar

Los chilenos que no votaron en una jornada electoral pueden presentar sus excusas, aunque deben recurrir a causales que están determinadas por la normativa vigente. Por ejemplo, si un elector se encuentra a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación asignado, puede asistir a una comisaría de Carabineros de Chile a notificar su situación. Esto también se extiende a casos como enfermedades, ausencia del país y otros impedimentos graves, los que tienen que ser argumentados ante un juez.

Las autoridades reportaron que en las últimas elecciones se recibieron más de 500.000 justificaciones de ciudadanos que no cumplieron con su deber. La mayoría lo hizo porque estaba lejos del lugar donde se encontraba su mesa electoral, por lo que el Servel pidió que, una vez finalizada la elección, los electores que hayan cambiado su lugar de vivienda actualicen sus datos en las plataformas oficiales.

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