Entidades vecinales y sociales piden un pacto por la vivienda

Una decena de entidades vecinales, sociales, la PAH y los sindicatos CC OO y UGT presentaron ayer sus propuestas para un Pacto por la Vivienda 2020-2030 —“un derecho básico que no está garantizado”, advirtieron— e hicieron un llamamiento a los partidos políticos y las instituciones catalanas a sumarse. El documento analiza las causas de los problemas de acceso a la vivienda y propone una larga lista de medidas a tomar: desde regular el precio del alquiler, hasta derogar la reforma laboral, pasando por cambios urbanísticos o fiscales.

Entre las entidades impulsoras, además de la PAH figuran la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Mesa de Entidades del Tercer Sector, la federación de entidades que trabajan con personas con discapacidad Ecom, Arrels Fundació, la asociación EntrePobles o el Observatorio DESC.

La presidenta de la FAVB, Ana Menéndez fue quien dijo que llaman “a un pacto por la vivienda en la ciudad y el país que ponga por delante un derecho básico no garantizado” y apeló a “la sociedad civil, las entidades y las administraciones”. “Porque son necesarios compromisos, cambios de leyes, movilizaciones... que abarcan competencias de mucha gente e instituciones”, afirmó. Menéndez recordó que el pacto por la vivienda que se firmó en 2007 (cuando se aprobó la Ley del Derecho a la Vivienda) “se demostró ineficaz e inoperante, aunque en su día fue ambicioso y esperanzador y se tradujo en una ley, una oportunidad desaprovechada por falta de desarrollo”. “La situación es insostenible, un número muy elevado de la población sufre desahucios insoportables o unas condiciones inasequibles para acceder a una vivienda digna, en un mercado desbocado y en manos de privados”.

Liliana Reyes, de CC OO, alertó de la precarización de los trabajadores y aseguró que un estudio del sindicato revela que 9 de cada 10 familias de Barcelona destinan más de un 30% de sus ingresos a pagar la vivienda, por lo que deben prescindir de otras necesidades básicas.

Por parte de la PAH, Lucía Delgado, apostó por soluciones “transversales, porque la vivienda nos afecta a todas”. Susanna Roig, de la Mesa del Tercer Sector recordó que un 20% de los catalanes son pobres (un millón de personas); Montserrat García, de Ecom, alertó de que el acceso a la vivienda es todavía más difícil para las personas con discapacidad; y Ferran Busquets, de Arrels, señaló la difícil situación de las personas que no tienen vivienda o de las 1.200 que duermen en la calle en Barcelona, que no pueden pedir un piso social.

Una de las medidas que sugiere el documento es la regulación del precio y la legislación del alquiler, pero abarca cuestiones mucho más amplias. Entre otras, “revisar campañas de promoción turística de Barcelona desde una política de sostenibilidad”, “regular el mercado bancario” para evitar otra crisis financiera, modificar la legislación hipotecaria, o derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 “trituradoras de derechos de los trabajadores”.

“Habrá dificultades”

El texto del pacto también exige aumentar las pensiones, incrementar el salario mínimo, aumentar la contratación estable, velar para que las mejoras urbanísticas no expulsen a los vecinos o para que se cumpla la legislación, paralizar los desahucios por impago de hipotecas o alquiler y regular la publicidad en plataformas digitales. O que se reconozca el agravio comparativo en el coste de la vida que sufren las personas con discapacidad, más inversión en vivienda pública, en rehabilitación, suprimir exenciones fiscales a Socimis o a la iglesia, entre otras.

“Sabemos que habrá dificultades, porque proponemos compromisos fiscales, poner freno a las sociedades de inversión, modificaciones legales... habrá respuesta por parte de otros actores, pero es necesario firmar este pacto como se ha hecho con otros derechos básicos como la educación o la sanidad, porque la crisis de la vivienda nos interpela a todos”, concluyó Menéndez.