Portazo en Madrid a uno de los grupos de investigación más avanzados de Europa: “Esto es un expolio”

Un rincón del Hospital Universitario de Getafe es un referente a nivel europeo. Un grupo de jóvenes lidera la investigación científica en materia de envejecimiento. Sus proyectos están a la cabeza en España y en Europa. El último acaba de finalizar: han coordinado a 24 países europeos y a 40 entidades para prevenir la fragilidad en las personas mayores. La Comunidad fue designada región de referencia en innovación y envejecimiento por la Comisión Europea en 2019 gracias a sus trabajos. Este pequeño grupo de 18 expertos ha logrado desde sus inicios en 2003 más de 30 millones de euros en ayudas, 12 de ellos para realizar sus proyectos; y colaboraciones con países europeos, Estados Unidos, Latinoamérica e incluso la Organización Mundial de la Salud. Pero en los últimos cuatro años la situación ha cambiado: “Estamos sufriendo un expolio. Están descapitalizando los fondos de investigación de la fundación”, denuncian sus trabajadores, que han sufrido una merma del 50% en solo 12 meses. La dirección de la fundación y el gerente del hospital guardan silencio. La Consejería de Sanidad trabaja en una sinergia con el Hospital de La Paz para integrar los grupos de investigación de los dos centros.

Hace un año, estos investigadores y gestores de la Fundación para la Investigación Biómedica, que prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias de la dirección, solicitaron la dimisión o cese urgente del director de la fundación, Luis Julián Fernández Vera. “Desde 2017—llegó en 2016— mantiene una actitud obstruccionista hacia la investigación en general”, dice uno de los trabajadores. Comisiones Obreras avaló esta petición en marzo del pasado año: “Está siendo una gestión perniciosa por la mala gestión de los fondos existentes”.

Un año después, la situación es peor. El primer cambio llegó con el aumento del canon. Los proyectos que consiguen los investigadores por sus propios medios son financiados por ayudas. Del total de estas cuantías, que provienen de la Unión Europea, del Estado o de entidades privadas, tienen que destinar un 15% como “gastos de gestión” a la Fundación y el resto (un 85%) al proyecto en sí. Ocurre aquí y en el resto de las fundaciones científicas. En diciembre de 2018 esa tasa cambió. La dirección del centro fijó el canon en un 25% y con carácter retroactivo para tres de los proyectos que ya habían firmado ese mismo mes. “Luego dicen que no hay dinero en España para la investigación. Nosotros tenemos, pero nos lo quitan”, denuncian los científicos.

No hay relación con la dirección. La plantilla ha disminuido en un 50% en solo 12 meses. De 30 trabajadores, a 18. Un antiguo trabajador narra así su último día: “Me marché porque no podía más. El director dilata todo. Se inventa procedimientos para demorar los proyectos”. Otro: “A mí me controlaban hasta lo que ponía en mis redes sociales. Nunca he visto nada igual y tengo más de 20 años de experiencia”. Otra: “Me marché a Europa. No hay facilidades. Esa manera de oponerse a investigar no lo he visto nunca”. Otro: “Conseguí una beca de más de 200.000 euros. Solo necesitaba su firma y no me la dio. No contesta a los correos. No firma nada”.

La fundación acumula ocho sentencias condenatorias por contratos temporales en fraude de ley. Todas las sentencias, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, han dado la razón a los trabajadores y existen, al menos, otros seis casos más esperando una fecha de juicio. Además de una sentencia condenatoria por falso autónomo con una multa de 15.000 euros. “La situación es muy grave”, dice Rosa Muelas, responsable de Salud Laboral en Comisiones Obreras Madrid. “Los niveles de ansiedad son altísimos. Tienen miedo a perder el trabajo y todos los días sufren una frustración laboral por no desarrollar sus proyectos”. Este jueves Comisiones Obreras pidió a la dirección del centro una evaluación psicosocial. “La violencia en el trabajo es uno de los riesgos laborales más evidentes en los últimos tiempos, un problema que se ha ido extendiendo en los centros de trabajo”, reza en su comunicado. Si en 15 días no hay respuesta, denunciarán el caso a la inspección de Trabajo.

El director es Luis J. Fernández Vera. Según su currículo, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Salamanca en 2004. Antes de dar el salto a Getafe, dirigió la fundación para la investigación biomédica del hospital Gregorio Marañón. Su hermano es José Ignacio Fernández Vera, exdirector de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que dimitió en 2017 por gastar 25.000 euros de dinero público para alquilar coches de alta gama con chófer privado para irse de Madrid a Salamanca, su ciudad natal.

Los científicos también se quejan de que si necesitan la firma del director de manera urgente para pedir un proyecto, Fernández Vera la dilata lo máximo posible. “Hace una semana nos ocurrió con un proyecto en Latinoamérica. Ha tardado casi un mes en firmarlo. ¿La razón? Siempre dice: Ahora no se puede”. Y el proyecto ha empezado tarde. Otra vez, cuentan, se inventó un procedimiento. “Tenía todo listo y se inventó un paso más para pedir el proyecto. Lo cambió hasta en la web. Hablamos hasta con la persona que cambió el paso en la web y nos lo confirmaron. La respuesta fue: “Me lo ha dicho Luis y lo he cambiado esta tarde”.

Silencio en la dirección

Ante estas graves acusaciones, la respuesta del hospital es un mensaje de WhatsApp a través de su portavoz de comunicación: “La gestión económica cumple la normativa y se marca como objetivo la eficiencia”. Cuando se intenta repreguntar, el portavoz cuelga el teléfono y de muy malas formas insiste: “No hay más”. El gerente del Hospital, Miguel Ángel Andrés Molinero, fue el antiguo gerente de La Princesa y cuyo cese fue “exigido” por todos los médicos en 2014 por “deficiencias en la gestión”. El gerente y el director han rechazado atender a este periódico.

Respecto a la fuga de investigadores y las denuncias laborales, fuentes de la Consejería de Sanidad dicen que “se está trabajando para que haya una estabilización de profesionales”. Las mismas fuentes sostienen que son conscientes de la dilatación de los plazos para conseguir los fondos, pero que se está trabajando en un acuerdo con el Hospital de La Paz para “ampliar” y “favorecer” la sinergia de los grupos de investigación de ambos centros sanitarios. “Esta integración permitirá la colaboración entre grupos en un entorno de investigación internacional”.

La última denuncia es de hace unos días: “Hemos logrado 3.000 euros y ya nos han quitado el 45% del presupuesto en gastos de gestión, canon y comisión de firmas de contrato. Esto no es apoyar la investigación. El dinero no es para nosotros. El dinero es para las investigaciones”, denuncian. La situación ha llegado a un punto en que el hospital donde trabajan les cobra por las salas de las reuniones y por la limpieza de los sitios que ocupan: 899 euros por un día de uso de la sala grande y 244 el resto de aulas.