Cómo se incumple el derecho a la sanidad universal en Madrid

Tomasa, una mañana todavía de verano, empezó a sufrir dolores continuos. Esta peruana, embarazada de siete meses, se fue hasta el Centro de Salud de Miraflores, en Alcobendas. Allí mostró la tarjeta de solicitante de asilo. No la atendieron. Se fue al Hospital Infanta Sofía, tampoco la atendieron. Volvió a casa sin que nadie la viese. Un mes después, a poco más de cuatro semanas para dar a luz, volvió a encontrarse mal y regresó al Infanta Sofía, a urgencias. Ocurrió lo mismo. "Una amiga me había dicho que si me decían que no, fuese a hablar con la trabajadora social del centro, y eso hice", cuenta Tomasa. Después de ocho horas, consiguieron que pasara a consulta.

Detrás de la negativa estaba siempre la misma razón: llevaba menos de tres meses en España, por lo que estaba dentro del periodo de 90 días que un extranjero puede estar "en estancia temporal" en territorio nacional, lo que además obliga a contar con un seguro médico de viaje. Pero Tomasa no era una turista. Era una inmigrante solicitante de asilo con la documentación que lo acreditaba. El cúmulo de incumplimientos por parte del sistema público no acabó ahí. Al poco tiempo de aquella consulta, el Hospital le envió un documento: "Como una factura, me decían que tenía que ir a pagar". A través de Médicos del Mundo, Tomasa recurrió aquella carta de pago, cuya resolución todavía no se ha producido.

Esta "vulneración de derechos" es lo que denuncia la plataforma Yo sí Sanidad Universal, que ha elaborado un informe y está preparando acciones legales contra la exclusión sanitaria de la población inmigrante. Apuntan, sobre todo, a Madrid, una de las dos comunidades, junto a Galicia, a las que también el Defensor del Pueblo advirtió hace unos días. Francisco Fernández recordó que el Real Decreto Ley 7/2018, —sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud que el PSOE aprobó hace poco más de un año y que devolvía este derecho después de que, en 2012, fuese negado por el Gobierno de Mariano Rajoy—, reforzó la sanidad universal y amplió "la cobertura de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos a las personas extranjeras en situación irregular". Y esto, apunta Clara Benedicto, de la organización, "está muy lejos de cumplirse, este derecho se está conculcando".

Según las denuncias que llegan a la plataforma, se les está negando con unos u otros motivos a muchos ciudadanos extranjeros, en situación regular e irregular —en Madrid, según el último dato de la Consejería de Sanidad, hay 102.000 personas con esta última circunstancia—. Se les deniega a quienes llevan menos de tres meses en Madrid, a pesar de que la legislación estableció que con un informe favorable de los servicios sociales, el acceso estaba garantizado. "Les da igual si han entrado de forma irregular, si son embarazadas o menores, si la legislación específica los protege como socilitantes de asilo... No se están aceptando estos informes y a veces ni siquiera se les cuenta que existe esa posibilidad", relata Benedicto, que sentencia que "no solo se incumple la ley sino que se está ejerciendo presión contra quienes sí quieren cumplirla". Lo apunta después de recordar que, hace no mucho, una trabajadora social les escribió para contarles que la gerencia de su hospital le había llamado la atención por hacer un informe favorable para que se atendiese a un niño de cuatro años.

También sufren la exclusión quienes llevan más de 90 días y siguen sin permiso de residencia. Aunque, como apunta el otro miembro de Yo Sí Sanidad Universal Nacho Revuelta, el derecho también está reconocido de forma “nítida” en el Real Decreto. Además, en la Comunidad se exigen unos requisitos que generan una barrera administrativa casi imposible de traspasar. “Como no poder exportar el derecho de asistencia desde el país del que vienen o no existir un tercero obligado a pagar por ella… Para quienes abandonan su país de manera irregular, en situaciones precarias, pedirles estos documentos es algo que no están en condiciones de cumplir en la gran mayoría de los casos, no saben si esos documentos se expiden, o dónde o cómo conseguirlos”, cuenta Revuelta. Y Benedicto concluye: “Pero también están excluyendo a personas con permiso de residencia, a padres y madres de ciudadanos nacionales y europeos”. En su informe recogen decenas de relatos: exigencias de compromiso de pago para tener atención en urgencias, negativas por no ver gravedad, octogenarios dados de baja sin aviso en el sistema sanitario, denegación de la tarjeta sanitaria a pesar de tener la de residencia…

Desde la Consejería aseguran que Madrid cumple con la legislación vigente y que están “pendientes de que el Gobierno fije en qué casos esta sanidad universal es un derecho cuando se da el caso de quienes llevan menos de 90 días”, una situación que creen que es la que puede estar generando alguna confusión, “porque el Gobierno tramitó una ley que nunca terminó de aclarar con las Comunidades, porque hay una mesa de trabajo montada desde hace meses y todavía no se ha terminado de definir nada”. Además, apuntan . También el Defensor del Pueblo hizo alusión a esa falta de desarrollo del Real Decreto: “[El Gobierno] reguló de forma incompleta algunos aspectos que pueden afectar a varios colectivos de personas en situación de vulnerabilidad”. En cualquier caso, tanto Revuelta como Benedicto advierten de que "no se puede permitir que las instituciones conculquen derechos, como sucede de forma recurrente con esta cuestión".