La división del Govern pone en riesgo el inicio de la mesa de diálogo la semana que viene

Uno de los pocos puntos de acuerdo que quedaron del encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del de la Generalitat, Quim Torra, en Barcelona fue la idea de poner en marcha la mesa de negociación entre ambos Ejecutivos en febrero. Sin embargo, el Govern se ha desmarcado este martes de ese calendario y ha abierto la puerta a que el primer encuentro sea en marzo. Así lo ha defendido la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó. Se trata de un mensaje que choca directamente con lo que defiende ERC, que ayer lunes volvió a insistir en que la mesa que pactó con el PSOE para desbloquear la investidura de Sánchez comience antes de que termine el mes.

“Estamos trabajando para que la mesa de negociación se desarrolle con las máximas garantías”, ha asegurado Budó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Govern. La portavoz, de hecho, ha asegurado que Torra jamás se comprometió con poner febrero como el momento para poner en marcha la mesa si no que era una idea que había lanzado Sánchez. En la rueda de prensa posterior al encuentro entre ambos presidentes, en el Palau de la Generalitat, Torra dijo que sería “lo antes posible”.

Pese a las dudas en el independentismo, el Gobierno mantiene su compromiso de reunirse con la Generalitat la semana que viene. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ambos Gabinetes están en contacto para poder cerrar la agenda con el orden del día y los integrantes de la mesa de diálogo pactada por el PSOE y ERC en las negociaciones de la investidura de Pedro Sánchez.

El desencuentro entre ambos socios del Govern sobre la fecha de inicio del foro de diálogo es solo la punta del iceberg de la división sobre cómo abordar la negociación con el Gobierno central. ERC no ve indispensable (aunque sí deseable) la presencia de un mediador, mientras que Junts per Catalunya insiste en que se trata de una condición fundamental. Budó, de hecho, también ha dicho que el Govern quiere esta figura. “Sería una de las garantías que harían posible el éxito de esta negociación”, ha apuntado. La portavoz ha explicado que sí hay un acuerdo sobre cuál debe ser la propuesta —el ejercicio del llamado derecho a decidir y la amnistía a los líderes independentistas presos— pero ha dicho que no hay aún sobre la mesa ni fecha ni cuáles deben ser los equipos negociadores.

“Que no haya una fecha cerrada no quiere decir que no haya una voluntad de dialogar”, ha insistido Budó, quien ha recordado que el Govern quiere mantener las negociaciones sobre la mesa con discreción. La consejera también ha apelado a que hay un mandato del Parlament, apoyado por Esquerra, para que haya un mediador. Preguntada sobre por qué ese mandato se considera obligatorio mientras hay decenas de resoluciones sobre otros temas de carácter social que nunca se han cumplido, Budó ha negado discrecionalidad por parte del Govern. "Todo lo que aprueba el Parlament lo hacemos nuestro y se hace efectivo en la medida de lo posible", ha dicho.

Una idea, la del mediador, que el Gobierno de Sánchez ha vuelto a rechazar. "No entendemos que sea necesaria y consideramos que los testigos del diálogo tienen que ser todos los ciudadanos", ha explicado la ministra portavoz. El Gobierno dará a conocer todos los detalles de la mesa cuando estén ultimados, y mantiene la intención de que se reúna antes de que termine el mes de febrero.

La portavoz ha certificado otro desencuentro entre los dos socios del Govern: la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat. Budó ha dicho que espera que la próxima semana se apruebe un documento con un posible orden del día para proponer al Gobierno central y proceder a cerrar una fecha para el encuentro. ERC, sin embargo, defiende que la bilateral se posponga hasta la celebración de la primera mesa de diálogo entre Gobiernos.