Laura Borràs renuncia a declarar por la causa de los contratos a dedo

Laura Borràs ha anunciado este jueves por la noche que no se presentará este viernes a declarar al Tribunal Supremo, que la había citado para interrogarle por adjudicar a dedo varios contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017. Borràs estaba citada como investigada para que declarara de forma “voluntaria”, ya que como diputada es aforada y el tribunal no puede actuar contra ella sin pedir permiso al Congreso. 

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso ha confirmado su renuncia en Twitter: "Hoy he comunicado al Tribunal Supremo que el viernes no iré a declarar. Hacerlo implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año que estoy denunciando en una causa que ha vulnerado mis derechos desde el primer día". 

Borràs, además, atribuye la causa a su ideología política: "Esta causa no habría existido si yo no fuera una 'conocida independentista'. Defiendo mi gestión al frente de la ILC. Y en particular estoy muy orgullosa del trabajo hecho con los contratos que se investigan". 

 Al no acudir, el instructor de la causa, el magistrado Eduardo de Porres, podrá ahora proponer a la Cámara que tramite el suplicatorio para inculpar formalmente a Borràs, aunque el tribunal también puede optar por avanzar en la instrucción (citando a declarar al informático Isaías Herrero, el beneficiario de los contratos, y algún testigo) antes de decidir si da el paso de pedir al Congreso que levante la inmunidad de Borràs.

La declaración voluntaria es una opción que el Supremo suele ofrecer a la mayoría de aforados antes de pedir el suplicatorio y los diputados y senadores implicados suelen aceptarla. Así, ganan tiempo antes de que el tribunal se dirija a la Cámara e incluso pueden ahorrarse este trámite si la declaración convence al magistrado instructor para no seguir adelante con el caso. Pero la defensa de Borràs había dudado sobre el principio sobre qué hacer y este jueves informó a la secretaría de la Sala de lo Penal de que no acudiría.

El Supremo abrió en diciembre pasado una causa a Borràs porque cree que existen indicios de que cometió cuatro delitos: prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad. El alto tribunal, que advirtió en un auto que la valoración penal de los hechos es "muy provisional", ha asumido también la investigación sobre el beneficiario de los contratos, el informático Isaías Herrero al considerar que los hechos que se le atribuyen a uno y otro no se pueden escindir.

El Supremo ha hecho suya la tesis de la Fiscalía, que pidió al tribunal que investigara a Borràs. Según el ministerio público hay indicios de que, durante la etapa en la que la hoy diputada estaba al frente de la ILC, un organismo público dependiente de la Generalitat, hubo un fraccionamiento ilegal de los contratos de programación informática aprobados y asignados por esta institución a favor de Isaías Herrero, que había colaborado anteriormente con Borràs en un máster que impartía en la Universidad de Barcelona (UB). La diputada aprobó presuntamente contratos por importes inferiores a 18.000 euros para poder adjudicarlos de forma directa y sin necesidad de un concurso público. La investigación cifra en casi 260.000 euros la cantidad defraudada por la ahora diputada.