Una ley de Díaz Ayuso frente a ocho de Cifuentes: la parálisis del Gobierno de Madrid

El primer Ejecutivo de coalición de la Comunidad apenas tiene producción legislativa en sus primeros cinco meses

La presidenta Isabel Díaz Ayuso durante la visita que ha realizado este lunes al nuevo acelerador lineal de última generación del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, donado por la Fundación Amancio Ortega.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso durante la visita que ha realizado este lunes al nuevo acelerador lineal de última generación del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, donado por la Fundación Amancio Ortega.Emilio Naranjo / EFE

El primer Gobierno de coalición de la historia de la Comunidad, formado por el PP y Cs, está a punto de cumplir medio año en el poder paralizado por las tensiones internas y la dependencia de Vox. En los cinco meses transcurridos desde que Isabel Díaz Ayuso fue investida presidenta, en agosto, el Ejecutivo solo ha remitido un proyecto legal a la Asamblea, y este ha quedado en suspenso por la oposición del partido de extrema derecha. En ese mismo periodo, el Gobierno de Cristina Cifuentes remitió ocho leyes a la Cámara, y el último de Esperanza Aguirre envió cuatro —pese a que ni siquiera se reunió en agosto—, según datos oficiales. Un balance que cuestiona el futuro de alguno de los consejeros del PP.

"Las coaliciones suponen un aprendizaje en España, donde no estamos acostumbrados a gobernar en coalición", explicó ayer Ignacio Aguado, vicepresidente regional, durante una conferencia en la Deusto Business School. "Dos partidos que estábamos rivalizando hasta las elecciones hemos tenido que entendernos", reconoció sobre las tensiones internas que enfrentan a los siete consejeros del PP y los seis de Cs. "Estamos aprendiendo rápido".

La pobre producción legislativa del Gobierno no solo ha vaciado de contenido los trabajos de la Asamblea, a donde el Ejecutivo espera enviar en los próximos días sus proyectos para eliminar los aforamientos, crear el estatuto del denunciante de la corrupción, lograr la sostenibilidad energética, o modernizar la regulación de las cooperativas. También ha colocado en una difícil posición a varios consejeros populares, a los que el equipo de la presidenta atribuye no tomar la iniciativa, o discrepancias de fondo. Tras decidir trece ceses en los cinco meses que lleva al frente del Gobierno, los tambores que avisan de que en cualquier momento puede haber una crisis de Gobierno se intensifican a cada semana que pasa.

Crisis de Gobierno

De los siete consejeros que tiene el PP, hay dos que hoy son intocables, porque cuentan con el respaldo de la dirección nacional de Pablo Casado, además de con el visto bueno de Díaz Ayuso. Uno es Javier Fernández-Lasquetty, que está al frente de Hacienda, lidera la lucha en los tribunales para lograr que el Gobierno le pague a Madrid 377 millones de euros correspondientes a la recaudación del IVA de diciembre de 2019, y fue jefe de gabinete de Casado. El otro es Enrique López, ascendido recientemente por el PP a secretario nacional de Justicia e Interior, toda una muestra de confianza. El resto están sometidos a un examen permanente, en el que la capacidad para protagonizar la agenda mediática, o liderar la política, son las varas de medir.

Son notorias las discrepancias de criterio que ha tenido Díaz Ayuso con una política de su confianza, Maria Eugenia Carballedo, consejera de Presidencia y encargada de la coordinación de un Ejecutivo hasta ahora poco engrasado. También es conocido que el titular de Vivienda y administración local, David Pérez, tuvo dificultades para encontrar acomodo dentro del Gobierno. En paralelo, ninguno de los seis consejeros de Cs está en peligro, según fuentes de la confianza de Aguado.

Por ahora, en contra de la crisis de Gobierno juegan dos factores. Primero, los delicados equilibrios que empiezan a encontrar PP y Cs en el consejo de Gobierno. Y segundo, que el mensaje de "estabilidad y certidumbre" que quiere transmitir Díaz Ayuso saltaría hecho añicos en el caso de remodelar su consejo cuando aún no ha cumplido un año en el poder.

"Siempre vamos a tener diferencias", reconoció la pasada semana César Zafra, el portavoz parlamentario de Cs, durante una entrevista con Efe. "Es lógico y normal y sano, no pasa nada. Lo importante es que las diferencias no se conviertan en un insulto".

Los choques entre el PP y Cs han sido continuos. La formación conservadora consideró "una traición" que Cs diera su decisivo apoyo a la comisión de investigación de Avalmadrid, porque la fiscalización de las operaciones del ente podría incluir a una que benefició al padre de la hoy presidenta en 2011. Cs mostró en privado y en público su oposición a que Miguel Ángel Rodríguez, exsecretario de Estado con José María Aznar, fuera nombrado jefe de gabinete de Díaz Ayuso, por sus ataques en redes sociales a políticos de la formación de Aguado. Y la relación con Vox abre heridas en los dos socios cada poco tiempo: mientras el PP está abierto a acuerdos puntuales, Cs critica a la extrema derecha sin tapujos y actúa como si no necesitara sus votos.

La consecuencia es una parálisis legislativa sin precedentes. El Gobierno ha dejado en el congelador su proyecto de rebajas fiscales porque Vox registró inmediatamente una enmienda a la totalidad. Y los Presupuestos tampoco han sido enviados a la Cámara: no pueden aprobarse sin el apoyo de la extrema derecha, que sigue pidiendo cosas inaceptables para PP y Cs, como el veto parental educativo.

Sin producción legislativa

Isabel Díaz Ayuso (PP) ha enviado un proyecto legal a la Asamblea de Madrid desde que tomó posesión como presidenta de la Comunidad, a finales de agosto. Se trata del Proyecto de Ley de Deducciones de la Comunidad de Madrid en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que supondría un alivio de 16 millones de euros para 30.000 personas. La reforma, centrada en deducciones y bonificaciones del IRPF, difícilmente saldrá adelante. Vox, único aliado posible del Ejecutivo, la ha rechazado.

En 2015, Cristina Cifuentes envió ocho proyectos a la Asamblea durante los cinco primeros meses de su Gobierno. Fueron la ley de medidas fiscales y administrativas; la de Presupuestos; la de modificación de la Ley Forestal y de protección de la Naturaleza; la de Telemadrid; la de supresión del Consejo Consultivo; la de protección de los Animales de compañía; la de identidad de genero; y la de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género.

En 2011, Esperanza Aguirre remitió cuatro leyes a la Asamblea de Madrid. La primera fue para la extinción de MINTRA (Madrid, Infraestructuras del Transporte). Además, se trabajó en la protección de animales domésticos, en los Presupuestos, y en el proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas.

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