De la falta de reconocimiento a la falta de respeto

Esta semana se ha consumado un fin de ciclo: el final de la escapada del independentismo por la vía unilateral. La comparecencia del Presidente Torra certificando la ruptura entre los dos socios de Gobierno abre un nuevo tiempo político. De cómo evolucionen las cosas dependerá que Cataluña se precipite aún más por la sima de la degradación política e institucional, o inicie una etapa de recuperación que devuelva a la sociedad catalana la cohesión y la autoestima perdida. Porque lo que hace diez años empezó siendo un problema de reconocimiento, en el sentido acuñado por el filósofo Axel Honneth, ha pasado a ser un problema de respeto. En el fracaso de la vía unilateral emprendida por el soberanismo, Cataluña ha perdido mucho más que una batalla política. Ha perdido capacidad de generar empatía e imponer respeto.

Si la autoestima se construye, como explica Dorothy Corkille en El niño feliz, un clásico de la psicología infantil, a partir del reflejo que devuelve la mirada de los demás, la imagen que Cataluña recibe de la mirada exterior no es precisamente buena. La gestión que el independentismo ha hecho del conflicto, lejos de lograr el reconocimiento que le era negado, ha malbaratado el capital político conseguido por el catalanismo. Con el acta de eurodiputado Carles Puigdemont ha ganado una batalla legal, pero la guerra está perdida. Todo el mundo sabe que es una victoria efímera y es muy significativo que el grupo de Los Verdes lo haya rechazado porque no cree que tenga voluntad de diálogo.

Lo vivido desde octubre de 2017, con la proclamación solemne de una república ficticia, es la crónica de una degradación anunciada. Junts per Catalunya actúa como un partido antisistema y el patético espectáculo de esta semana abochorna a buena parte de las élites culturales y académicas, incluidas las que apoyaron la independencia. El último CEO certifica que el 61,6% de catalanes opina que este gobierno “no sabe cómo resolver los problemas del país”. Solo un 1,6% cree que los está resolviendo.

Lejos quedan los tiempos en que se sucedían iniciativas y experiencias piloto que atraían el interés de expertos de todas partes. Las primeras décadas del autogobierno estuvieron marcadas por la voluntad del catalanismo político de afirmarse en la excelencia y la innovación. El reflejo que le devolvía la mirada de los demás propiciaba un sentimiento colectivo de autoestima que daba sentido al pacto constitucional. El desarrollo del Estado de las Autonomías como artefacto federalizante era el marco aceptado. El independentismo apenas era una anécdota, incluso después de que el “café para todos” tratara de diluir la singularidad de las nacionalidades históricas.

Todo cambió cuando el PP de José María Aznar llegó a la Moncloa con una agenda oculta de recentralización que rompía el modelo, lo que, en un mundo crecientemente globalizado, fue percibido en Cataluña no solo como una amenaza para el autogobierno, sino también para la identidad colectiva. La respuesta fue una reforma del Estatut que amarrara el pacto y permitiera mayor capacidad de decisión sobre el propio destino. El rechazo de esa vía en la sentencia del Tribunal Constitucional fue interiorizado por gran parte de la sociedad catalana como una afrenta. ¿Cómo era posible que un aparato jurídico-político amañado con malas artes por el PP se permitiera ignorar las razones de quienes se consideraban con derecho a ser escuchados?

En los conflictos por falta de reconocimiento siempre hay un sentimiento de humillación. Ese combustible llevó al independentismo a la mayoría absoluta en pocos años. Sus dirigentes creyeron entonces que con esa fuerza podrían doblegar a un gobierno español que se negaba a negociar. Pero no supieron gestionar el conflicto y acabaron dejándose arrastrar a una espiral unilateral condenada al fracaso. Una parte del soberanismo todavía no lo ha asimilado. Y mientras sus dirigentes se lamen las heridas, los adversarios históricos del catalanismo andan envalentonados. La presidenta de Madrid amaga con llevarse el Mobile Congress y el de Andalucía anuncia que abrirá una embajada en Barcelona para proteger a los 800.000 andaluces que viven en Cataluña y aprovechar la inestabilidad política para captar inversiones, mientras Pablo Casado exige aplicar el 155 si Quim Torra no deja la Presidencia de la Generalitat.

Cataluña tiene un presidente inhabilitado por negarse a retirar una pancarta que acabó retirando. Un gesto inútil, pero al ser despojado del acta de diputado pretendía arrastrar al Parlamento al abismo de desobediencia al que se había precipitado en un acto tan simbólico como inútil. Si alguien hubiera predicho un escenario como este cuando el autogobierno echó a andar, hubiéramos dicho que estaba loco. Costará mucho restaurar la imagen de Cataluña y recobrar la autoestima perdida.