La Fiscalía critica al juez por rechazar pesquisas sobre Granados

Las dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Púnica, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez Díez, han lanzado un duro ataque contra el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón por la decisión de este de rechazar la práctica de nuevas diligencias sobre las supuestas irregularidades urbanísticas cometidas por el exconsejero Francisco Granados en Valdemoro, donde fue alcalde, al considerar que los delitos que se investigaban han prescritos. En el recurso que ha presentado a esta decisión, las dos fiscales acusan a García-Castellón de incurrir en un “error manifiesto” y de caer en una “incongruencia” que se repite en las últimas decisiones que ha tomado. Para Anticorrupción, el auto en el que juez rechaza las nuevas pesquisas sobre Granados “deja la causa en una situación de total inseguridad jurídica” que la pone en peligro una de las piezas del sumario y alerta que además se produce cuando quedan solo “unos meses” para que se cumplan el plazo legal para concluir la instrucción del caso Púnica, previsto para junio de este año.

La reacción de la fiscalía se produce después de que el magistrado dictara el 14 de enero un auto en el que rechazaba practicar unas diligencias sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento de Valdemoro, del PP, aprobó en mayo de 2004, cuando Granados ya era consejero pero supuestamente mantenía el control del consistorio gobernado por el PP. Según la investigación de la Guardia Civil, este plan tuvo presuntamente como objetivo favorecer al político y a los empresarios Ramiro Cid y David Marjaliza —ambos imputados también en la causa— con la recalificación de terrenos de su propiedad en plena burbuja urbanística. Ambos constructores habían adquiridos fincas por 37 euros el metro cuadrado que, tras la aprobación del PGOU, pasaron a valer 942 euros.

Sin embargo, el juez consideraba en su auto que los posibles delitos cometidos en la aprobación de aquel plan han prescrito al haber transcurridos más de 15 años. Además, criticaba que las pruebas solicitadas por Anticorrupción eran demasiado genéricas y, en su opinión, pretendía iniciar una investigación “prospectiva”, sin un objetivo concreto.

La respuesta de la fiscalía, en forma de recurso de apelación, llegó a la Audiencia Nacional el pasado lunes. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Anticorrupción rechaza tanto la supuesta prescripción como la improcedencia de las diligencias solicitadas. Así, destaca que la aprobación del PGOU bajo sospecha no es un hecho aislado, sino que está conectada con “otra serie de actuaciones delictivas que antecedieron y siguieron en años posteriores a dicha aprobación”. Para la Fiscalía todos estos hechos “obedecieron a un solo plan” que puso en marcha Granados al acceder a la alcaldía de la localidad: “La estrategia estuvo dirigida a repartir entre los empresarios implicados el suelo de Valdemoro y enriquecerse todos con las plusvalías de los desarrollos urbanísticos contenidos en el PGOU del 2004 [...] en un expolio con pocos precedentes”.

Según el criterio de las fiscales, la “organización criminal” presuntamente encabezada por el exconsejero del PP “planificó unas actuaciones que se realizarían de forma continuada en el tiempo, lo que impide la prescripción” de los delitos de fraude, malversación, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias que, entre otros, consideran que se cometieron en la aprobación del plan. Para Anticorrupción, el plazo para determinar el fin de la responsabilidad no sería, por tanto, el momento en el que se produjo el supuesto fraude del plan urbanístico, mayo de 2004, sino el día que se realizó la última infracción ligada a estos hechos. En este sentido, recuerda que parte de los supuestos beneficios fueron ocultados por los implicados en cuentas en Suiza, desde la que se repatriaron a España en 2013. En el caso de Granados, recuerda también que en 2015, cuando el exconsejero del PP ya estaba encarcelado por el caso Púnica, se descubrió en el domicilio de sus suegros un maletín que ocultaba cerca de un millón de euros.

Conseguir pruebas

En su recurso, las fiscales también niegan que las diligencias sean para investigar hechos nuevos y recalca que el objetivo es “conseguir los medios de prueba necesarios para poder esclarecer y probar los hechos que se investigan en la pieza de urbanismo, determinar las responsabilidades penales y concretar el capital que indiciariamente fue malversado por la trama y la ganancia ilícita que les ha generado”. En este sentido, recuerda que uno de los empresarios, Marjaliza —que colabora con la justicia desde el verano de 2015— confesó en la Audiencia Nacional que por cada piso que construyó en los terrenos recalificados pagó una comisión a los políticos hasta los 6.000 euros.

Además, la Fiscalía achaca incongruencia al juez al considerar prescritos unos hechos para los que, sin embargo, tenía acordada para el pasado 20 de enero, casi un mes después de su auto, la toma de declaración como testigo de un responsable de Urbanismo del Ayuntamiento. También le recuerda que ha seguido admitiendo la práctica de diligencias solicitadas por la defensa de Granados por los mismos hechos y que aún está pendiente que dos peritos entreguen los informes que el propio magistrado encargó sobre estas operaciones bajo sospecha.