Los alcaldes de Tarragona piden más controles en la petroquímica

La explosión, hace dos semanas, del reactor de óxido de etileno de la empresa Iqoxe, en La Canonja (Tarragona) marcó un antes y un después en la relación que los municipios de su alrededor mantienen con el complejo petroquímico. A las preocupaciones por la seguridad en el polígono se suma el debate sobre el control de las emisiones de las fábricas, que solía ser un terreno casi exclusivo de los colectivos ecologistas. Este lunes, más de veinte alcaldes de Tarragona se han unido para reclamar a la Generalitat cambiar los protocolos de seguridad en casos de emergencias químicas.

Nunca fue tan visible como ahora la sensación de intranquilidad que airean vecinos, trabajadores, ayuntamientos y representantes institucionales cercanos al mayor enclave químico del sur de Europa. La investigación que dirige el juzgado de Tarragona, bajo estricto secreto de sumario, deberá aclarar qué falló en la explosión de Iqoxe. La Fiscalía tramita la instrucción a través de su área de inspección de riesgos laborales, y no de medio ambiente, lo que focaliza las pesquisas en una presunta irregularidad de las condiciones de trabajo. La Generalitat también ha abierto expediente para investigar lo sucedido y otro para dirimir si la empresa reinició su actividad tras la explosión sin tener los permisos en regla. Se suman a cuatro sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo en los últimos años por cuestiones de seguridad laboral y de salud, según reveló tras la explosión el consejero de Trabajo, Chakir El Homrani.

Más allá de la evolución judicial y administrativa del caso, el territorio ha activado el altavoz para reivindicar sus demandas. Ayuntamientos, sindicatos y vecinos reclaman aumentar las medidas de seguridad en la treintena de plantas químicas que operan en el triángulo comprendido entre Tarragona, La Canonja y Vila-seca.

La reunión de este lunes entre una veintena de alcaldes de la zona ha servido para hacer frente común en sus exigencias a la Generalitat: durante el encuentro, celebrado en el edificio del Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (Cecat), situado a apenas cuatro kilómetros de distancia de la factoría de Iqoxe, los alcaldes han interpelado al viceconsejero de la Presidencia, Pau Villòria, y le han insistido en que la gestión de las crisis se asuma directamente desde Tarragona, en lugar de coordinarse desde Barcelona, como se viene haciendo desde 2007.

Los alcaldes se han hecho eco de la manifestación de unas 3.000 personas que recorrió las calles de Tarragona el día después de la explosión. Los vecinos pidieron entonces acabar con la “impunidad” de la industria química, y los representantes municipales han exigido que se actualicen los mecanismos de reacción ante un accidente químico. A su vez, han sostenido la conveniencia de dar “mejor formación a la ciudadanía” y una mayor transparencia de las informaciones relacionadas con el sector, ha explicado Pau Ricomà, alcalde de Tarragona. “La química tiene que ser la primera interesada en tener el máximo nivel de seguridad", ha abundado.

A estas reclamaciones se ha sumado la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó. “Por primera vez ha habido afectación fuera del polo petroquímico”, ha recordado en alusión al vecino del barrio de Torreforta que murió en su casa a dos kilómetros de distancia de la planta siniestrada, tras un derrumbe provocado por un proyectil que salió disparado del reactor.

“Que no sea de nuestra competencia, no significa que no sea de nuestra incumbencia”, ha dicho Llauradó en un encuentro con la prensa, donde ha ido un paso más allá y ha abierto la puerta a impulsar un debate social sobre cuál debe ser el futuro de la industria en Tarragona: “Tenemos que avanzar hacia una química más verde, más segura y sostenible, que sea capaz de convivir con los ciudadanos y con otros sectores económicos, como el turismo”, ha dicho.