La justicia europea se reafirma en que Iberpotash recibió ayudas públicas ilegales

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), con sede en Luxemburgo, ha desestimado este jueves un recurso presentado por la compañía de minería Iberpotash, que pedía anular la orden de la Comisión Europea a España de recuperar 5,8 millones de euros recibidos por la empresa en concepto de ayudas. La justicia europea ratifica así la tesis de que Iberpotash recibió ayudas ilegales, que le permitieron tener una "ventaja competitiva indebida".

El pasado 31 de agosto la Comisión Europea pidió a España que recuperara fondos por valor de 5,8 millones de euros al considerar que fueron ayudas públicas contrarias a las normas comunitarias de competencia. La Comisión investigó estas ayudas a Iberpotash, y reveló que esta empresa se benefició de dos medidas de apoyo ilegales: por un lado unas fianzas muy bajas para la restauración de las zonas mineras en Súria y Balsareny/Sallent, y por otro una ayuda estatal para cubrir el vertedero salino de Vilafruns.

Según la investigación del Ejecutivo comunitario, ambas prestaciones hicieron que la minera no tuviera que soportar los costes de protección ambiental que las otras empresas competidoras tienen que asumir en la UE. Esto, según ha ratificado el TGUE, constituyó "una ventaja competitiva indebida". Iberpotash solicitó la anulación parcial de este acuerdo de la Comisión, un recurso desestimado por el TGUE este martes. El fallo también condena a la compañía minera al pago de las costas. 

Fuentes cercanas al caso indican que este fallo no incluye el coste de las inversiones en la potabilización de dos plantas de la empresa, que asumió la Agencia Catalana del Agua por valor de 123 millones de euros, y tampoco incluye el coste de un colector financiado por la Generalitat, por valor de 100 millones de euros, y del que se beneficia Iberpotash. 

La empresa Iberpotash (que se denomina ICL Súria & Sallent tras la compra por parte del grupo israelí ICL), que extrae potasa de las minas de la comarca del Bages, cuenta con varios litigios en la justicia. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a la empresa a cerrar un vertedero de residuos en la montaña del Cogulló.