Torra denuncia al Supremo una “persecución política” de la JEC para forzar su destitución

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda la ejecución del acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que ordena retirarle el acta de diputado, ya que considera que obedece a una "persecución de tipo político" para cesarle, "usurpando" competencias del Parlament. Torra realiza esa petición en el recurso que ha interpuesto ante la sala contencioso-administrativa del Supremo, en la que pide como medida cautelarísima que se deje sin efecto la aplicación del acuerdo de la JEC, ya que supone una "vía de hecho" para cesarle, usurpando la competencia del Parlament, lo que abre un "grave conflicto constitucional".

Torra advierte al Supremo de que el acuerdo de la JEC del pasado viernes, 3 de enero, para retirarle el acta de diputado está viciado de la "más radical de las nulidades" y comporta una "vulneración grosera" del ordenamiento jurídico, como lo sería si al Parlament "se le ocurriera declarar el cese o dejar sin efecto el nombramiento de los vocales" del árbitro electoral.

"Lo que pretende la JEC es, sin base legal alguna, obviando sus precedentes, usurpar al Parlament su competencia para regular las causas de pérdida de la condición de diputado, así como para enjuiciar las eventuales situaciones de incompatibilidad de los diputados, con el objetivo político de apartar a un diputado que es, además, el presidente de la Generalitat", apunta.

Según el escrito, el acuerdo "arbitrario e ilegal" de la JEC pretende tener una "incidencia absolutamente crucial" sobre la composición del Parlament y ocasionar una "perturbación" en su funcionamiento ordinario, ya que busca "dejar vacante" el escaño de Torra a través de una resolución "absolutamente desproporcionada".

Torra avisa al Supremo que si no atiende a su petición urgente de suspender la aplicación del acuerdo se causaría un "daño irreparable", no solo a él, sino también al Parlament y al conjunto de los ciudadanos de Cataluña a los que representa, que lo eligieron como diputado en las autonómicas del 21 de diciembre de 2017.

Sostiene en su recurso que la "supuesta pulcritud y eficacia" de la administración electoral se ve "absolutamente inexistente o superada" por la "contingencia política actual", que ha "arrastrado" a la JEC a "exceder su ámbito competencial" para adoptar una "posición política concreta" con el objetivo de "alterar la realidad política".

"El acuerdo arbitrariamente adoptado está viciado de la nulidad más absoluta. Y responde exclusivamente a la persecución de tipo político a la que viene siendo sometido" el president Torra, resalta. Según el recurso, el acuerdo de la JEC supone una "violación grosera" de los derechos fundamentales y tiene "por única finalidad" privar a Torra, así como a los ciudadanos a los que representa, de sus derechos políticos como diputado en el Parlament.

Y ello, pese a que la JEC no tiene competencias, según Torra, para cesar a un diputado ya elegido, como es su caso, ya que correspondería al Parlament hacerlo, siempre que hubiese una condena firme, lo que no ocurre con el presidente catalán. Torra denuncia que la JEC ha incurrido en una "ceremonia de la confusión" de forma "interesada" sobre los conceptos de "inelegibilidad sobrevenida" -con la que el árbitro electoral basa su orden para retirarle el acta de diputado- y la incompatibilidad.

En este sentido, alega que la calificación como inelegible solo procede respecto de los que pretenden ser candidatos en unas elecciones, pero no de los que ya son electos. "Nadie que ya ha sido elegido puede devenir inelegible", resalta. Según el recurso, la JEC ha incurrido en una "absoluta desviación de poder" para privar a Torra de sus derechos fundamentales, ya que el árbitro electoral es "manifiestamente incompetente" a la hora de dilucidar las situaciones de incompatibilidad de los diputados al Parlament, que se rige por una ley autonómica.

"De la propia definición legal de lo que debe ser la administración electoral se desprende con claridad que esta interviene en la elección de los miembros de las cámaras legislativas, pero nunca en su cese", argumenta el recurso. En este sentido, Torra acusa a la JEC de basarse en "creaciones jurídicas 'ad hoc'" para privarle de forma "arbitraria e ilegal" de un cargo electo, prescindiendo de las garantías jurídicas de un Estado de Derecho, mediante la "aberrante" declaración de "inelegibilidad sobrevenida".

Torra destaca que no existe un solo Estado miembro en la Unión Europea que haya determinado que una sentencia penal que no sea firme -como ocurre en su caso- sea causa de inelegibilidad, ya que es un precepto "absolutamente contrario" a los derechos fundamentales. En este sentido, alerta de que el acuerdo de la JEC "parece un fiel reflejo de algo mucho más profundo, como es la falta de calidad o altura democrática de una parte importante de nuestro ordenamiento", ya que tiene un "objetivo punitivo absolutamente ilegítimo".

En su escrito, Torra indica que la JEC es un órgano carente de la "imprescindible imparcialidad" para abordar su situación y recuerda que su dictamen se acordó como consecuencia directa de tres de los cuatro miembros que habían actuado en la causa que le llevó al juicio, en el que fue condenado -en una sentencia que todavía no es firme- a un año y medio de inhabilitación por no retirar a tiempo los lazos amarillos en período electoral.