El Defensor pide una casa ya para los afectados por la venta de viviendas públicas a fondos buitre

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado al Gobierno de Madrid y al Ayuntamiento de la capital que habiliten un procedimiento específico para asignar viviendas a los afectadas por la venta de vivienda pública protegida a fondos de inversión, declarada nula por el Supremo, con el fin de que sus necesidades sean atendidas "de manera ágil y eficaz". El Defensor ha recibido "numerosas" denuncias de ciudadanos que han tenido que dejar sus pisos al no ver renovado el contrato o al no haber podido hacer frente a las nuevas condiciones impuestas por las empresas. A su juicio, estas personas en situación de vulnerabilidad no deben engrosar la lista de espera sino tener una vivienda lo antes posible.

El Defensor recuerda que en 2013 ya señaló "a las administraciones vendedoras las posibles irregularidades en las que podrían haber incurrido en la operación". Su oficina explica que mantiene  abierta una actuación tras las quejas recibidas y que, tras requerir información a ambas administraciones, estas le comunicaron que los afectados "podían solicitar nuevamente la adjudicación de una vivienda por el procedimiento establecido" y participar el proceso "en igualdad con otros ciudadanos solicitantes y en base al principio constitucional de no discriminación".

El resultado es que muchos de los afectados "han visto que sus solicitudes quedaban en lista de espera". El Defensor del Pueblo afea a las administraciones que se les haga pasar "nuevamente por la demora y opacidad del procedimiento de adjudicación". A su juicio, "no tienen obligación de solicitar de nuevo la adjudicación de una vivienda, pues ya cuentan con un derecho reconocido" a disfrutar de ella y "la adjudicación continúa siendo válida y eficaz si sus condiciones personales, sociales y económicas no han variado".

Marugán ha enviado escritos a la Agencia de Vivienda Social madrileña y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, en los que insiste en que tienen la obligación de "proporcionar una vivienda en las mismas condiciones de la adjudicación inicial en cuanto a tamaño y renta". El derecho de los arrendatarios de una vivienda social no está "ligado a una vivienda concreta, sino a la necesidad de vivienda que tienen los interesados, y mientras esta persista también lo hará su derecho", sentencia la institución. 

En la nota de prensa, el defensor recuerda que sus advertencias han sido confirmadas por la resolución del Tribunal Supremo, en la que rechaza los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y el fondo de inversión que compró las viviendas contra la sentencia dictada en mayo por el Tribunal Superior de Justicia. "Aunque dicha sentencia confirma la nulidad de la operación, parece compleja la ejecución material" de esta y que se recuperen las viviendas, lamenta.