El Govern propone un salario mínimo catalán de 1.239 euros sin tener las competencias

El gobierno de la Generalitat ha presentado este jueves una propuesta de salario mínimo de referencia para Cataluña de 1.239,5 euros brutos al mes. El Govern no tiene las competencias para fijar el salario mínimo por ley, pero ha emplazado a patronales, sindicatos y al sector público a establecer un calendario para incluir esta cifra orientativa en la negociación de los convenios colectivos. El vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, ha defendido que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, de 900 euros, tiene un diseño homogéneo en todas las comunidades "que es insuficiente en Cataluña", donde el salario medio y el coste de la vida son más altos. Sin embargo, este salario mínimo de referencia es solo una cifra orientativa, ya que Aragonès no ha detallado ni el impacto que tendrá sobre el sector público y el privado, ni el calendario de implementación.

Antes del verano, el vicepresidente Aragonès se comprometió a realizar un estudio sobre el salario mínimo de referencia que debería haber en Cataluña, diferenciado del que rige el SMI en toda España. Este jueves, Aragonès ha presentado los primeros resultados del estudio acompañado por el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani. El estudio se basa en las recomendaciones del Parlamento de Cataluña y de las instituciones europeas, que instan a los gobiernos a garantizar un salario mínimo de al menos el 60% del salario medio o mediano. Según este criterio, el salario mínimo en Cataluña debería ser de 1.060,1 euros mensuales (14.841 euros brutos anuales en 14 pagas) si se toma el salario medio, o de 1.239,5 euros al mes (17.353 euros brutos anuales en 14 pagas), si se escoge como referencia el mediano.

Aragonès ha explicado que la apuesta del Govern es que los trabajadores catalanes cobren un mínimo de 1.239,5 euros al mes, es decir, el 60% de la media salarial catalana. Esta cifra sería un 37,7% superior a los 900 euros mensuales que fija el SMI. "No podemos tener un país libre, justo y cohesionado si tenemos salarios bajos", ha dicho el vicepresidente. El objetivo de la Generalitat es aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora de Cataluña y terminar con los trabajadores pobres, que ya representan el 14,4%.

La propuesta no ha sentado bien ni a las patronales ni al Ministerio de Trabajo, mientras que algunos sindicatos lo ven con escepticismo. La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha recordado que el SMI de 900 euros "es único para todo el territorio nacional". Por su parte, el presidente de la patronal de pequeñas y medianas empresas (Pimec), Josep González, ha afirmado que el incremento de salario mínimo podría lastrar la competitividad de la comunidad. "De entrada, nos preocupa esta posibilidad", ha dicho. Los sindicatos han criticado lo que les parece un brindis al sol. “La Generalitat no tiene competencias en esto. Lo que puede hacer es ponerlo como condición para todas las empresas que trabajan para el sector público catalán”, han coincidido los líderes sindicales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, presentes en Madrid en la cumbre contra el cambio climático.

"Somos conscientes de que tenemos limitaciones competenciales en esta materia, pero también somos conscientes de que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante la inequidad del SMI", ha defendido Aragonès, que considera que el SMI en Cataluña es "insuficiente para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores". Según el estudio presentado por la secretaria de Economía, Natalia Mas, el incremento del salario afectaría al 31% de los trabajadores, especialmente a las mujeres, que por la brecha de género acostumbran a tener unas retribuciones más bajas.

El salario mínimo de referencia que ha propuesto Aragonès es solo una cifra orientativa, y el estudio no iba acompañado de un análisis del impacto que tendrá sobre las arcas públicas (responsables de subir el salario, si se da el caso, a los 240.000 trabajadores públicos de la Generalitat) ni sobre la economía privada en general. Aragonès ha explicado que ahora se abre el periodo de negociación para fijar un calendario de implementación de este salario de referencia.

El vicepresidente ha asegurado que la Generalitat elaborará un informe sobre el impacto en el sector público, para ver de qué manera y cuándo se podrá empezar a implementar esta medida en la política salarial de la Generalitat y en la contratación y concertación pública. Y también ha explicado que ha instado a patronales y sindicatos a establecer las negociaciones para incluir este salario de referencia en los próximos convenios colectivos.