Un pacto de país para un trabajo digno

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha propuesto implantar un salario mínimo de referencia en Cataluña. Lo argumenta a partir del diferencial de ingresos salariales con respecto a otros territorios del Estado, también entre la metrópoli y el resto de Cataluña, y para reducir pobreza. Aumentar los ingresos de los trabajadores es urgente y necesario para corregir la pobreza que sufren miles de personas que tienen trabajo. No obstante, esto no es suficiente. No olvidemos las 431.300 personas que no tienen trabajo.

Los trabajadores y trabajadoras perdieron un 5,65% de capacidad adquisitiva entre 2012 y 2017. En Cataluña, en 2019 se han registrado 278 convenios colectivos, de los cuales 58 son sectoriales. Afectan a 915.000 personas y han logrado un 2,14% de media de incremento salarial. En cambio, la media de incremento salarial de los 220 convenios de empresa, que afectan a 47.000 personas, es solo del 1,58%. Los convenios de empresa, desde la reforma laboral, han propiciado un dumping salarial visible. La primera lucha contra las desigualdades pasa por recuperar la prevalencia de los convenios sectoriales.

Existen cuatro puntos más de la reforma laboral que permiten pagar menos: las inaplicaciones del convenio, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, la finalización del propio convenio cuando no ha habido nuevo acuerdo en la fecha de fin y la desregulación de la subcontratación. La otra gran causa de pérdida salarial es la altísima temporalidad de la contratación. Las administraciones tienen un 24,2% de temporalidad frente al 21,7% del sector privado. La contratación temporal sigue creciente con la recuperación económica: llega al 88,9% de los nuevos contratos. Un 43,4% de los contratos son de menos de un mes, y dentro de ellos, cuatro de cada cinco son de menos de siete días. Un 14,5% de los contratos son a tiempo parcial, aunque la mitad de las personas contratadas parcialmente desean trabajar a tiempo completo. La contratación indefinida no perdura: solo la mitad de los contratos indefinidos se mantiene tras un año. De ahí que el 14,4% de las personas que trabajan son pobres, sobre todo mujeres y jóvenes.

Una sola medida, aunque necesaria, como la modificación del salario mínimo, es insuficiente. Además, es una medida de difícil aplicación. ¿Por qué? Aragonès reconoció la falta de competencias políticas y jurídicas. Especialmente porque las patronales catalanas están ofreciendo una resistencia indecente para aplicar los 900 euros de SMI actual y el Acuerdo Interprofesional de Cataluña, que fija un salario mínimo a los convenios de 1.000 euros.

¿Qué pueden hacer el Govern y los partidos para cambiar esta realidad? La ministra de Trabajo y los sindicatos hemos llegado a un acuerdo para revertir los puntos más lesivos de la reforma laboral. Pueden apoyar estas medidas en el Congreso. El Govern puede promover un acuerdo entre patronales y sindicatos que articule los convenios sectoriales de ámbito catalán para acabar con las desigualdades y fijar un salario mínimo de referencia.

El Govern puede definir una política de licitaciones de empresas públicas para que se cumplan estos convenios colectivos sectoriales y se limite la subcontratación a las administraciones públicas. También puede reducir la temporalidad a las administraciones públicas, dejándola en un 8%, como acordamos. El Ejecutivo catalán puede grabar el máximo de los tramos del IRPF a los salarios altos, aumentar y modificar el Impuesto sobre Sociedades, incrementar impuestos en la línea de la media de la UE a las rentas del capital. Con estos ingresos, puede hacer presupuestos e incrementar el salario social.

Siempre es mejor tomar una medida que ninguna, pero no nos engañamos, la precariedad en el trabajo es estructural y se traslada a la pobreza social. No es posible, con esta lacra, construir una sociedad de progreso. Y esta lacra no puede resolverse con medidas aisladas. La sociedad, muy castigada por la crisis y las políticas de recortes de los últimos años, necesita trabajo digno para una vida digna. Si Aragonès quiere mejorar la vida de la gente, debería impulsar un pacto de país para actuar estructuralmente sobre el mercado de trabajo y para definir una ley del diálogo social, con una agenda que no renuncie a nada, y que sea ambiciosa, completa y transversal.

Javier Pacheco es secretario general de CC OO en Cataluña.