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La gestión privada de servicios públicos divide al Gobierno catalán

Una parte de JxCat vota en contra de una moción apoyada por ERC para recuperar el control público de los servicios básicos

Barcelona -
El presidente de la Generalitat, Quim Torra junto a otros diputados de JxCat en una votación del Parlament, ayer
El presidente de la Generalitat, Quim Torra junto a otros diputados de JxCat en una votación del Parlament, ayerDavid Zorrakino (Europa Press)

La brecha entre JxCat y ERC se agudiza cada día. Las divergencias ya no alcanzan solo a la postura sobre los presos del procés o la estrategia ante una eventual investidura a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Las discrepancias entre los dos partidos del Govern se han trasladado al día a día parlamentario y llega a los asuntos más esenciales. Este jueves, los grupos de JxCat y ERC en el Parlament han votado diferente en un punto de una moción de la CUP que instaba al Govern a recuperar la gestión directa de los servicios públicos, sobre todo los relacionados con la educación, la sanidad, los servicios sociales y los suministros básicos así como los necesarios para el desarrollo de la vida.

Pese a ser punto transaccionado entre JxCat y ERC, finalmente los republicanos, CatECP, la CUP y un diputado de JxCat han votado a favor, mientras que gran parte del grupo de JxCat, Cs, PSC, PP y los dos diputados de Demòcrates —adscritos a ERC— se han opuesto. El consejero de Interior, Miquel Buch y otros cuatro diputados de JxCat se han abstenido.

Fuentes republicanas han manifestado su sorpresa por el hecho de que la mayoría de diputados de JxCat hayan rechazado este punto pese a ser un texto transaccionado con ellos.

De la moción de la CUP también han rechazado instar al Govern a retirar el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas —conocida como Ley Aragonès— hasta la aprobación, en sede parlamentaria, de una iniciativa legislativa que regule de forma integral los servicios a las personas, blinde la no externalización de los servicios públicos, relegue las figuras no contractuales en casos tasados y excepcionales, y establezca la contratación pública como una fórmula residual de gestión de servicios.

El único punto que ha salido adelante es el de que el Parlament se compromete a impulsar una comisión de estudio sobre el fortalecimiento del sector público que analice la situación de los servicios públicos en Cataluña así como las consecuencias económicas de las externalizaciones y privatizaciones, entre otras cuestiones.

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