El Govern mantiene la ‘ley Aragonès’ pese a las protestas por temor a las privatizaciones

El Govern tiene en pie de guerra a buena parte de los actores sociales por una de las siete leyes que mantiene vivas en el Parlament para su aprobación: la llamada ley Aragonès. La norma, que pretende regular la contratación privada de los servicios públicos de atención a las personas, se ha topado de frente con decenas de entidades sociales ante el temor de nuevas privatizaciones. El Departamento de Economía, dirigido por Pere Aragonès, se mantiene firme y pretende sacarla adelante sin cambios de calado. Las entidades salieron ayer a la calle en señal de protesta.

Más información

Cataluña reducirá un 30% las tasas universitarias si hay Presupuestos

Aragonès: “Sin presupuestos es difícil que la legislatura continúe”

La ley nació en el Departamento de Exteriores y Transparencia del pasado Ejecutivo para adaptar la normativa autonómica a la directiva europea de contratación de servicios de atención a las personas. El Govern la aprobó en julio de 2017, pero su tramitación parlamentaria quedó congelada con la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esta legislatura, el Departamento de Economía la recuperó sin modificaciones y la llevó al Parlament, donde se debaten las enmiendas. En ese periplo, la norma ha sumado detractores: desde la Federación de Madres y Padres (Fapac) hasta la CUP.

Los puntos conflictivos son “todos”, denuncia Belén Tascón, presidenta de la Fapac. Los servicios susceptibles de ser externalizados ascienden a más de 200, algunos de ellos ya gestionados por alguna administración pública. “La normativa nace para dar un marco jurídico a la contratación onerosa de servicios públicos muy sensibles. La Generalitat quiere dar ese trozo del pastel al mercado”, protesta Tascón. La gestión de los comedores escolares o las tutorías son algunos de los servicios recogidos en el anexo que concreta las actividades afectadas, que también incluye servicios sanitarios o programas de empleo.

“Absolutamente no, esta ley no habilita ni invita a ningún tipo de externalización. Solo queremos que el marco de contratación sea más favorable a la calidad del servicio”, defiende Albert Castellanos, secretario general de Economía de la Generalitat. El político defiende que el articulado persigue primar las condiciones cualitativas por encima del precio en las licitaciones.

Castellanos culpa a la CUP de estar detrás de las críticas con el objetivo del desgaste político y lamenta que no hayan participado en la ponencia ni presentado enmiendas. La CUP lo niega y justifica su ausencia de la ponencia: “Si vamos y participamos en una ley que mejore la gestión privada sin haber blindado antes la gestión pública de los servicios, estamos dando apoyo a un marco regulador que facilita al Govern poner una cara amable a privatizaciones que no tienen ningún sentido desde el punto de vista del interés público”, rebate Maria Sirvent, diputada de la CUP. Los anticapitalistas reclaman “un debate” sobre el modelo de gestión de los servicios de atención a las personas antes de tramitar una ley de contratación. “Si nosotros participamos de enmendar esta ley contribuimos a poner un lazo a la ofensiva privatizadora de servicios que quieren hacer ERC y Junts per Catalunya”, apostilla.

Excluir los anexos

El Ejecutivo se abre a introducir modificaciones en la ley en el proceso de transacciones, pero Castellanos avisa de que solo hará cambios para aclarar conceptos que no sean suficientemente nítidos. Incluso ofrece la posibilidad de excluir los anexos que describen uno a uno los servicios externalizables, una de las fuentes de conflicto, pero advierte de que eso no cambiará los servicios afectados.

Los comunes, que sí han participado en la ponencia y han presentado enmiendas, proponen abrir un debate antes de seguir la tramitación. “Nosotros decimos que se pare la norma, por el riesgo que puede conllevar de más externalizaciones. Lo mejor sería pararla y debatir cómo queremos que se gestionen estos servicios: que se blinden los que ya son de gestión directa, facilitar que retornen a la gestión directa servicios que están externalizados, y externalizar vía la concertación social [con entidades sin afán de lucro o de la economía social]”, apunta Marta Ribas, diputada de Catalunya en Comú.

La plataforma Aturem la Llei Aragonés, formada por numerosas entidades como la Marea Blanca, el sindicato IAC o la Fapac, mantiene una campaña de movilizaciones para pedir que se pare la norma. Ayer, unas 2.500 personas se manifestaron por la capital catalana. Los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, se han desvinculado de las protestas contra la ley, cuya tramitación consideraban urgente para asegurar la calidad del empleo en esos servicios públicos, aunque reconocen que sí que se pierde una oportunidad de barrar nuevas privatizaciones de servicios.

Marta Franch, profesora de Derecho Público de la Universitat Autònoma de Barcelona, niega que en la ley haya atisbo de deseo de privatizar. Pero sí cuestiona los argumentos de Economía, según los cuales en esta ley no cabe un veto a la privatización de la gestión de los servicios públicos. “Yo creo que la ley sí que podría decir qué servicios se los reserva la Generalitat para gestionarlos directamente y cuáles puede externalizar”, afirma.